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Ultimátum de todos los grupos a Junts pel Sí para que apruebe los 664 euros de la Renta de Ciudadanía

JxSí dirá el viernes la cuantía que propone para la RGC

Siscu Baiges

Ultimátum de los grupos parlamentarios para que Junts pel Sí se sume al acuerdo que determina en 664 euros la cuantía mensual de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). En un acto este miércoles ante la Cámara catalana, todos los grupos con representación parlamentaria han pedido a la formación independentista que detalle su planteamiento presupuestario sobre la prestación. Junts pel Sí dará a conocer su propuesta este viernes.

En noviembre de 2013, el grupo promotor de la iniciativa legislativa popular que reclama esta renta de ciudadanía entregó más de 120.000 firmas en el Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT) para que todos los catalanes reciban una cantidad mínima mensual que los permita una vida mínimamente digna. Tres años después de que estas firmas llegaran al Parlament aún no se ha aprobado la Ley que regulará la RGC.

Los impulsores de la iniciativa exigen que se apruebe antes de que acabe el año porque sino no podría entrar en vigor hasta el 2018. Diosdado Toledano, portavoz del grupo promotor de la iniciativa, ha afirmado que aún confía en que JxSí “haga un movimiento” este viernes, en la próxima reunión de la ponencia parlamentaria que debate esta ley.

Chakir el Homrani, portavoz de JxSí en esta comisión, ha afirmado, en declaraciones a Catalunya Plural, que “ya dijimos que este viernes presentaríamos una propuesta y así lo haremos”. El Homrani no ha querido adelantar el contenido de esta propuesta pero ha asegurado que se basa en añadir una segunda partida en la base económica de la Renta Garantizada de Ciudadanía y en ampliar el periodo de transitoriedad hasta que no se alcance la cuantía máxima prevista.

En el trabajo de la ponencia, JxSí ha aceptado que la Renta Garantizada de Ciudadanía se quede en 498 euros y que se pueda añadir un segundo tramo, que recibe el nombre de “renta complementaria”, vinculado al compromiso de los beneficiarios de incorporarse a los circuitos de búsqueda de trabajo o de formación profesional. Por su parte, Toledano ha afirmado que toda cantidad que esté por debajo de los 664 euros es “miseria”.

Los 664 euros mensuales resultan de dividir en 12 meses la que determina el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya. Este indicador evalúa en 569 euros mensuales, con catorce pagas anuales, los ingresos mínimos que necesita una persona para vivir dignamente en Catalunya. El Estatuto de Autonomía de Cataluña incluía una petición al Govern para que garantizara este compromiso, que nunca se ha cumplido hasta ahora.

Presión social a JxSí

Representantes de todos los grupos de la oposición del Parlament han participado en el acto de esta mañana, junto con portavoces de entidades sociales que apoyan la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía, como la PAH, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, CCOO, UGT o personalidades como la activista por la paz, Arcadi Oliveres. ERC apoyó la recogida de firmas de esta ILP pero no ha estado presente en el acto de hoy.

Los impulsores de la ILP y los partidos que han consensuado los 664 euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía son conscientes de que los nuevos presupuestos de la Generalidad deben incluir una partida que la haga posible. No están dispuestos a aceptar una propuesta que reduzca esa cantidad pero sí a una aplicación progresiva. Así, su propuesta es que se empiece a pagar a partir del 1 de mayo, para dar tiempo a la administración catalana a organizar adecuadamente su gestión, y que el primer año sólo haga frente al 90% del gasto previsto. Sería a partir del 1 de mayo de 2018 que el Govern debería asumir su pago íntegro.

Para presionar a JxSí, los organizadores del acto han anunciado la convocatoria de una manifestación el próximo 19 de noviembre en defensa de unos presupuestos sociales y un ayuno en la plaza de Sant Jaume que coincidiría con las fechas en que el Govern tiene previsto presentar las cuentas. El Homrani ha considerado que la ley podría aprobarse este 2016 y incluirse los presupuestos correspondientes “siempre y cuando llegamos a un acuerdo económico antes”.

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