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Un empresario admite que trabajó a precio de coste para Convergència “para echar una mano” al partido

El extesorero de CDC, Daniel Osàcar

Oriol Solé Altimira

Los acusados del caso Palau han terminado de declarar este jueves. La jornada no ha deparado confesiones como las que realizaron Fèlix Millet o los Montull. Tres empresarios acusados de enmascarar con facturas falsas las comisiones que Ferrovial habría pagado a Convergència a través del Palau han dicho desconocer el flujo de fondos con el que el fiscal describe la financiación ilegal del partido. Uno de ellos, sin embargo, ha explicado que trabajó a precio de coste para las campañas electorales del partido para “echar una mano”, ya que Convergència ya no estaba en el gobierno de la Generalitat.

El empresario Juan Antonio Menchén, uno de los cinco socios de las empresas Letter Grafic y Mail Rent, ha explicado que en 2006 o 2007 decidieron “echar una mano al partido” trabajando para las campañas electorales de Convergència a precio de coste. “La conclusión que sacamos es que el beneficio de las campañas se lo devolveríamos al partido”, ha indicado.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled le ha preguntado entonces si lo que acordaron era trabajar gratis para CDC “por amor a la política”, a lo que el acusado ha replicado: “No, todo lo que gastábamos (en los trabajos para CDC) lo cobrábamos, vendíamos la campaña a precio de coste. No perdíamos nada, dejábamos de ganar”. “Era apostar por un cliente”, ha apostillado el acusado.

Según el fiscal, las facturas falsas de empresas fueron el “soporte documental mendaz” con el que se disimularon 2,3 del total de 6,6 millones que Ferrovial pagó a Convergència a través del Palau a cambio de obra pública. Del conjunto de empresarios acusados, dos han admitido que hicieron facturas falsas para el Palau porque así se lo ordenó Convergència, pero cuatro lo han negado.

En su declaración como acusado, el otro administrador de la empresa, Vicente Muñoz, se ha desmarcado de las acusaciones del fiscal asegurando que en el momento de los hechos tenía “ataques de pánico y somnolencia” y que era “incapaz” de responsabilizarse de la gestión de la empresa.

Los exasesores fiscales se desvinculan de la trama

Por su lado, los exasesores fiscales del Palau de la Música, Raimon Bergós, Santiago Llopart y Edmundo Quintana se han desvinculado de las facturas falsas que Millet y Montull ingeniaron para justificar ante Hacienda los desvíos de dinero en efectivo. El fiscal cree que las facturas pretendían justificar los 1,76 millones de euros retirados por los máximos exresponsables del Palau en billetes de 500.

Bergós ha negado rotundamente que ayudase a hacer estas facturas y ha dicho que, al saber que Hacienda les investigaba, Millet le dijo que “quería llegar a un acuerdo al más alto nivel” con la Agencia Tributaria y que le pidió directamente si conocía a alguien que les pudiera ayudar, a lo que Bergós le dijo que no. En el mismo sentido, el asesor Santiago Llopart ha alegado que no sabía que la documentación que Millet y los Montull le dieron para justificar ante la Agencia Tributaria la salida de fondos era falsa.

Turno para Convergència

Con la sesión de este jueves han terminado de declara los acusados del caso Palau. A partir del lunes será el turno de los responsables civiles a título lucrativo, es decir, de las personas o entidades que se beneficiaron del expolio de Millet y Montull. Entre ellas está Convergència, pero también las mujeres de Millet y Montull y las dos hijas del primero.

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