El independentismo catalán pone en marcha el plan para avanzar hacia la confrontación institucional
Los grupos independentistas de Junts pel Sí y la CUP continúan los pasos marcados en el plan para llevar la confrontación institucional al máximo. El inicio este miércoles de los tramites para comenzar a elaborar las tres leyes contenidas en la declaración independentista del 9-N, anulada posteriormente por el Constitucional, avanza en la estrategia de provocar un choque de legitimidades entre las instituciones catalanas y españolas, creando las estructuras de Estado desde el Parlament sin hacer caso de las impugnaciones que puedan llegar de los tribunales.
Una vez registradas las peticiones para crear las ponencias de estas tres leyes, de proceso constituyente, Seguridad Social y Hacienda, corresponde a la Mesa del Parlament aceptarlas o no. Esta decisión será un paso importante en los planes independentistas puesto que el órgano de gobierno del Parlament estará escogiendo entre el mandato emanado de su propia Cámara al aprobar la declaración o la anulación de la misma llevada a cabo por el Constitucional. Además bloquearán o darán luz verde a tres leyes que han sido descritas como “los pilares para que la república catalana pueda existir”, en palabras del diputado de la CUP, Benet Salellas.
Las consecuencias de la decisión que tome la Mesa pueden ir más allá del propio Parlament ya que, poco después de la anulación, el Constitucional apercibió a los miembros de la Mesa de que podrían enfrentarse a consecuencias penales si no acataban su impugnación y no paralizaban las iniciativas parlamentarias que emanaran de la declaración del 9-N. Estas advertencias llegaron notificadas por Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para los 21 mandatarios catalanes más altos: los miembros de la Mesa del Parlament y los miembros del Consell Executiu, president y consellers.
Pese a las advertencias legales, todo indica que la Mesa, donde Junts pel Sí tiene mayoría, validará las ponencias legislativas. En ese momento se planteará el gran reto para las instituciones del Estado, en primer lugar para el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que deberá decidir si impugna la decisión del Parlament, y después para el TC, que deberá interpretar si ha habido desobediencia u otros delitos en la actuación de los diputados.
El registro de las tres normas se produce cuando el Gobierno español está en funciones y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, comienza las negociaciones con los grupos para intentar su investidura, es decir, en un momento en que el Ejecutivo está en periodo de transición. El Consejo de Ministros ya anunció el viernes pasado su intención de impugnar ante el Alto Tribunal la comisión de estudio del proceso constituyente, aunque finalmente la ponencia de ley que correspondía a esta comisión se realizará en la de Governació, ya que las comisiones de estudio no pueden elaborar leyes.
El choque de legitimidades es un escenario que se había intentado esquivar por parte de las instituciones catalanas en la legislatura pasada, adoptando decisiones como rebajar las garantías en la consulta del 9-N para poder bordear los márgenes legales sin cruzarlos. Pero eso ha cambiado esta legislatura, en la que el independentismo entiende que el 27-S da una legitimidad propia para seguir adelante con el proceso de “desconexión legal”. Esta estrategia de confrontación institucional ha sido planteada por los independentistas como “obediencia exclusiva al Parlament”, según Junts pel Sí, o de “desobediencia al Estado” en palabras de la CUP, quien también habló de un proceso de “microrrupturas”.
