El juicio del 9-N pone velocidad punta hacia el choque de trenes entre la Generalitat y el Estado
En la campaña electoral del 2012, antes de que las metáforas marineras coparan el imaginario simbólico del 'procés', la expresión que se usaba para dibujar un conflicto institucional de consecuencias desconocidas entre la Generalitat y el Estado era el del “choque de trenes”.
Casi cinco años después, la profecía está más cerca de cumplirse que nunca. El calendario judicial contra políticos independentistas y la filtración de un plan del Ejecutivo central contra el referéndum, que pasa por minar el autogobierno catalán, junto a los planes de “desconexión” de la mayoría parlamentaria catalana, referéndum sin acuerdo incluido, han conferido velocidad punta a ambas locomotoras.
El expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza son juzgados este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el juicio por el proceso participativo del 9-N. El episodio será inédito en la historia democrática española, tanto por quiénes son los juzgados, quienes fueron tres de las principales autoridades de una comunidad autónoma, como por el hecho juzgado, su participación en la votación no vinculante sobre la independencia.
En el machacón calendario que impone el proceso independentista, este lunes está marcado como una de las fechas de mayor relevancia del curso, tras la ya lejana manifestación de la Diada. De hecho, sin alcanzar las cifras de afluencia de septiembre, para este lunes está prevista la mayor movilización de los últimos meses, con 40.000 personas inscritas previamente que pueden multiplicarse al final.
Juicios y leyes “de desconexión”
El juicio del 9-N marcará el inicio del periodo de mayor hostilidad entre los gobiernos catalán y español, siendo la primera cuenta de un rosario de citas judiciales para políticos independentistas que incluirán la de Francesc Homs, también por el 9-N, y, con bastante probabilidad, la de Carme Forcadell. La presidenta del Parlament podría ir a juicio acusada por un presunto delito de desobediencia, al haber permitido el debate sobre el proceso constituyente en la Cámara pese a la advertencia del Constitucional.
Pero los juzgados no serán el único escenario, ni siquiera el principal, de lo que está por venir. Durante el algo más de medio año comprendido entre este febrero y el próximo septiembre, el Parlament tiene previsto comenzar a aprobar las leyes de desconexión y, el Govern, convocar un referéndum sobre la independencia sin el acuerdo con el Estado. Respecto a las tres leyes, que de ser aprobadas sacarían a la Generalitat del ordenamiento constitucional español, la central es la de Transitoriedad Jurídica, que incorpora una declaración de independencia de facto.
Los partidos independentistas, que afirman tener el texto de esta normal fundamental en un estado muy avanzado de elaboración, esperan que su aprobación no se retrase más allá del verano. Si, como viene siendo costumbre desde 2010, los plazos políticos soberanistas están sujetos a la actividad judicial en su contra, para la aprobación de la Ley de transitoriedad el clima idóneo lo generará la llamada a juicio de Forcadell.
'Causa justa' ante la respuesta represiva
Con cada vez más opciones de una acción judicial contra Forcadell, el independentismo ha entrado en las últimas semanas en el debate sobre el posible adelanto del referéndum. El propio Govern ha alimentado la idea. Tanto una eventual desobediencia a la inhabilitación de Forcadell –algunas voces proponen que presida una o más sesiones plenarias si hay inhabilitación–, como la aprobación de la Ley de Transitoriedad, serían puntos de no retorno en el conflicto institucional, en la que no se descarta una intervención del Estado.
Si esto llegase a ocurrir antes de verano y el Estado decidiera tomar el control de parte de la autonomía catalana, la celebración del prometido referéndum solo podría llevarse a cabo de forma inmediata, por razones logísticas.
Pese a esto, una respuesta contundente por parte de Rajoy, que genera un rechazo unitario por parte de todas las fuerzas soberanistas en Catalunya, entra en los planes del Ejecutivo Puigdemont como acelerante para la consecución de un Estado. La Generalitat es consciente de las enormes dificultades para que una acción unilateral tenga efectos a nivel internacional, empezando por la Unión Europea, que es donde en última instancia se juega la partida catalana.
Los independentistas observan esta posible acción represiva y lesiva contra el autogobierno, cuyo inicio ven en el juicio de este lunes, como la “causa justa” que podría justificar su acción unilateral ante los ojos de la comunidad internacional. Su estrategia tiene dos carriles: si el Estado no hace nada, se celebrará un referéndum. Si hay respuesta, se usará para justificar una acción unilateral. Si no hay cambios, las dos locomotoras colisionarán de una u otra forma.
