La ley para dar cobertura legal a la consulta soberanista supera su penúltimo trámite parlamentario
La Ley de Consultas ha dado superado con nota este miércoles el penúltimo escollo en el Parlament al ser respaldo por una amplia mayoría de los grupos. A favor del texto han votado los 17 representantes de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, mientras que solo los 4 de PP y Ciutadans se han opuesto. Después de que la vía del 150.2 –que pedía que el Congreso traspasara a la Generalitat la competencia de convocar consultas– quedase cerrada por la negativa de la mayoría parlamentaria, la Ley de Consultas es la última posibilidad que se contempla para celebrar la consulta bajo cobertura legal.
El proyecto llegará al pleno del Parlament en septiembre, donde los grupos podrán volver a presentar enmiendas, aunque lo más probable es que la ley se apruebe entonces. El borrador prevé que las convocatorias se realicen con un plazo máximo de dos meses y mínimo de uno, por lo que el president tendrá que convocar la consulta entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre para cumplir el compromiso adquirido con Esquerra, Iniciativa y la CUP de llamar a los catalanes a las urnas el 9 de noviembre.
El actual texto resuelve también el asunto del censo, uno de los grandes problemas que la Generalitat ha intentado superar durante los últimos meses tras encontrar problemas legales en obtener los padrones municipales. Así, la Ley de Consultas creará un Registro de participación en consultas populares, que se formará a partir de los datos del Registro de Población de Catalunya y el Registro de Catalanes en el Exterior, gestionados por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).
Si la norma llega a aprobarse tal como ha salido de la comisión, podrán votar todos los mayores de 16 años con residencia en Catalunya y los residentes en el extranjero que se inscriban en el registro de la Generalitat, lo que eliminaría del cuerpo electoral a los catalanes residentes en el resto del Estado. Se creará también la Comisión de Control como figura de autoridad electoral, formada por 7 miembros nombrados por el Parlament con mayoría de tres quintos.
Respecto a quién podrá convocar consultas, la ley prevé cuatro posibles promotores. Por un lado, podrá hacerlo el president de la Generalitat, una prerrogativa que en el caso de las elecciones autonómicas es exclusiva suya. Pero además, podrán convocar consultas los ayuntamientos, con mayoría simple en el pleno, y otras administraciones locales, como los consejos comarcales. Por último, se habilita un mecanismo para que los ciudadanos puedan convocar consultas mediante iniciativa legislativa popular. Para ello será necesario reunir 50.000 firmas, tras lo cual deberá admitirse a trámite la propuesta para realizar una consulta promovida popularmente, siempre que no vaya contra los derechos y libertades consolidadas.
Apoyo del PSC y oposición de PP y C's
La Ley de Consultas respalda la celebración de cualquier consulta no plebiscitaria, excluyendo aquellas que puedan restringir derechos y libertades previstos en la Constitución y el Estatut, además de en materia tributaria. Pese a ello, los grupos que pactaron el 9N no esconden que la norma está prevista principalmente para dar cobertura legal a la consulta soberanista. “Será una ley que amparará la consulta del 9 de noviembre y que permitirá a los catalanes participar en todas las decisiones políticas que quieran. No es solo una ley para el 9 de noviembre, pero también es una ley para el 9 de noviembre”, ha especificado el diputado de CiU Josep Rull.
Los socialistas han dado apoyo al texto al entender que se trata de un “mecanismo de participación democrática”, pero el diputado Josep Pedret ha querido dejar claro que no puede amparar una consulta sobre asuntos de los que la Generalitat no tiene competencia. La diputada de ERC, Gemma Calvet, ha asegurado que la ley es propia de una democracia moderna, al tiempo que ha opinado que respeta plenamente el texto constitucional y estatutario. Tambien Dolors Camats, diputada de Iniciativa, y Quim Arrufat, de CUP, han coincidido en alabar el texto porque “pone a disposición de los ciudadanos mecanismos de participación democrática”.
Los dos grupos que se han opuesto al borrador han considerado que se trata de una cobertura para realizar una consulta ilegal. “Esta ley es un despropósito y no sirve para hacer el referéndum del 9 de noviembre. Votamos en contra porque no queremos ser partícipes del fraude”, ha sentenciado Santiago Rodríguez, del PP. De la misma opinión se ha mostrado Carina Mejías, diputada de Ciutadans, quien ha asegurado que han votado en contra para no ser “cómplices” de un referéndum soberanista. Los grupos que han votado a favor llevarán la ley ante el Consejo de Garantías Estatutarias, que emitirá un informe no vinculante sobre la adecuación del texto a la Consitución y el Estatut.
