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El Constitucional multa al número dos de Junqueras mientras está arrestado por el 1-O

El Constitucional cobrará el sábado los primeros 12.000 euros a Jové y a los síndicos electorales multados si el BOE publica su resolución este viernes

Jové ha conocido la multa del TC en el cuartel de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona, donde permanece detenido desde este miércoles por orden del juez de instrucción 13

Es la primera vez que el Constitucional aplica medidas coercitivas para hacer cumplir sus resoluciones, algo cuestionado por instituciones europeas

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El TC multa con 12.000 euros diarios a Jové y síndicos responsables del referéndum

Jové (i) junto a Junqueras en la presentación de los últimos presupuestos EFE

El número dos de Oriol Junqueras en la Generalitat, el secretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové, ha conocido este jueves en un cuartel de la Guardia Civil de Barcelona, donde permanece detenido desde este miércoles por orden de un juez, que el Tribunal Constitucional (TC) le impondrá multas diarias de 12.000 euros por no obedecer la suspensión del 1-O.

El TC ha acordado este mismo jueves imponer por primer vez multas coercitivas para hacer cumplir sus resoluciones, en este caso, la suspensión de la ley, el decreto de convocatoria y las normas complementarias del referéndum del 1 de octubre y la ley de transitoriedad jurídica.

En concreto, los multados son, además de Jové, los siete miembros (cinco titulares y dos suplentes) de la Sindicatura Electoral, el equivalente de la Generalitat a la Junta Electoral Central para el 1-O, también con 12.000 euros, así como los quince miembros de las sindicaturas territoriales y la responsable de procesos electorales de la Generalitat, Montserrat Vidal Roca, en su caso con 6.000 euros diarios.

Las multas, concreta el auto del Constitucional, empezarán a imponerse a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del auto de este jueves del TC. Así, si se publica en el BOE este viernes, la primera multa se pondrá el sábado, ya que para la imposición de las multas el tribunal fija días naturales, es decir, de lunes a domingo.

La finalidad de las multas no es la de sancionar –el Constitucional no es un tribunal penal– sino la de obligar al cumplimento de las resoluciones del TC, ha recordado el alto tribunal en una nota de prensa.

Las sanciones se impondrán con periodicidad diaria hasta que los multados "justifiquen ante el TC que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto", ha indicado el tribunal.

Las multas solo se levantarán cuando Jové y Vidal justifiquen ante al TC que han revocado toda resolución dictada sobre el 1-O, que han clausurado el contenido de la página web ref1oct.eu. "y cualquier otra destinada al mismo fin, así como cualquier otro instrumento de difusión del referéndum en las redes sociales", que han ordenado cesar "toda colaboración en la campaña institucional del referéndum ilegal", y, finalmente, que han notificado a todos los afectados por sus órdenes la suspensión de las mismas.

Asimismo, Jové y Vidal tienen tres días para dar su opinión –que no recurrir– al TC sobre las multas coercitivas, plazo tras el que el TC las confirmará, levantará o modificará. Uno de los multados, el vocal suplente de la Sindicatura Josep Costa, ha criticado la medida del TC. Se da la circunstancia que Costa, al ser suplente, no ha participado en ninguno de los acuerdos que la Sindicatura ha adoptado después de su supensión.

Fuentes jurídicas han señalado a este diario la paradoja que, a su juicio, supone que el Constitucional imponga una multa a Jové para que obedezca la suspensión del 1-O por parte del Constitucional cuando es evidente que Jové no puede impulsar ninguna medida para celebrar el referéndum desde los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona.

Jové es uno de los seis detenidos –de un total de 14 este miércoles– que permanecen arrestados este jueves después de la operación ordenada por el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer , que descabezó la logística del 1-O con 41 registros en sedes gubernamentales y de empresas y la confiscación, por parte de la Guardia Civil, de 9,5 millones de papeletas del 1-O.

Jové pasará este viernes a disposición del juez Ramírez Sunyer –casi agotando las 72 horas máximas de detención–, que le ha imputado por desobediencia, prevaricación y malversación, este último delito penado con hasta ocho años de cárcel, por preparar el referéndum.

También los miembros de la Sindicatura multados pueden empezar a ser investigados por la vía penal en los próximos días, ya que el juzgado de instrucción 15 de Barcelona tiene que decidir si acepta la querella que interpuso la Fiscalía contra todos ellos por desobediencia, usurpación de funciones y malversación.

La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, dictaminó que "deberían reconsiderarse" las medidas para que el TC ejecutara sus propias resoluciones, como por ejemplo las multas que ha impuesto por primera vez este jueves. El órgano europeo avisó que se tendrían que modificar las nuevas atribuciones del TC para que la ciudadanía percibiera al tribunal como una corte neutral.

Y es que tanto la Comisión de Venecia como los magistrados del bloque progresista del tribunal advirtieron de que la capacidad coercitiva del Constitucional, que le convierte en garante de sus propias resoluciones, le puede hacer perder la autoridad como árbitro neutral de la Constitución a ojos de la ciudadanía y de los sancionados.

Las multas como las de este jueves –que el TC puede fijar de 3.000 a 30.000 euros– y las otras dos medidas coercitivas del TC para hacer cumplir sus resoluciones (la suspensión de funciones de cargos y la petición al Gobierno para que haga cumplir las resoluciones del TC, que el Constitucional todavía no ha usado) fueron aprobadas en solitario por la mayoría absoluta del PP en 2015. A su vez, unos meses después, fueron consideradas inconstitucionales por los magistrados progresistas del TC.

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