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La guerra entre los soberanistas por el adelanto electoral se aplaza hasta después del 9-N

El presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Arturo Puente

Una semana de desencuentros y reproches no ha sido suficiente para que la pelea entre los partidos del bloque soberanista llegue a empañar el apoyo al nou 9-N. Al abrupto fin de las negociaciones de hace dos lunes sobre el plebiscito le ha seguido una recomposición del bloque casi inmediata pero con fecha de caducidad. Para los cuatro grupos, CIU, ERC, ICV-EUiA y CUP, dar la espalda al evento que ha obrado el consenso durante 10 meses tenía altos costes políticos, y tanto ERC como ICV-EUiA han acabado respaldando el plan alternativo del Govern pese a su 'no' inicial.

Un apoyo que, sin embargo, ambos partidos se han conjurado para vender a precio alto. El pasado lunes la dirección de Esquerra y la de Iniciativa se reunieron para diseñar su regreso ordenado al consenso, coincidiendo en dejar claro que en su opinión había sido el Govern quien había roto la mesa de negociación. Acordaron, además, defender la necesidad de elecciones anticipadas, una carta que Junqueras jugó inmediatamente después de la ruptura de las negociaciones y que en la práctica supone el epitafio del pacto de gobierno que ha sostenido el Ejecutivo de Mas durante dos años.

Tras la reunión cordial con ICV-EUiA al inicio de la semana, Junqueras se vio con su socio en el Palau de la Generalitat el miércoles, donde le garantizó el apoyo total de Esquerra a la consulta que habían rechazado en la reunión de Pedralbes, no sin volver a recordarle que ese apoyo no significaba un cheque en blanco al Govern. Al contrario, Junqueras volvió a reclamar elecciones de inmediato después del 9 de noviembre.

La explosión controlada del pacto de gobierno, piensan en ERC, debe retrasarse al menos hasta después del 9-N para que la fecha tenga la fuerza simbólica de una protesta masiva, a falta de capacidad política concreta. En el horizonte, unas elecciones plebiscitarias para las que Convergència espera poder presionar lo suficiente como para que los republicanos accedan a acogerse a una lista conjunta. El coordinador de Convergència, Josep Rull, lo dejó claro en cuanto Junqueras exigió elecciones: sin una “candidatura de país” el Govern no se plantea las plebiscitarias. Para Esquerra, en pleno momento electoral dulce, esta lista no es plato de gusto, pero podría ser la única forma en la que CDC defendiera la declaración unilateral de independencia en un parlamento de mayoría independentista.

La tregua entre los partidos soberanistas ha venido a poner calma en un enrarecido clima político que aboca al Govern al segundo adelanto electoral en cuatro años. Pero los apenas instantes de estabilidad que dan de margen las vísperas del 9-N ha permitido a CiU salir a marcar territorio al asegurar que, pese a la petición expresa de elecciones anticipadas por parte de la ANC, Òmnium y casi el arco parlamentario completo, es el president quien tiene la potestad única para llamar a

las urnas. “Lo hará cuando lo crea conveniente”, cerraba el secretario general de CiU, Ramón Espadaler, tras la ejecutiva de la federación, que escenificó también una sintonía entre Convergència y Unió que a duras penas esconde la crisis que se abrirá entre los dos socios históricos una vez pasada la consulta.

El “cuando lo crea conveniente” lanzado por Espadaler viene a significar cuando el president tenga garantías de de poder formar una conjunta con ERC. Ese ha sido el deseo de Mas durante meses e incluso llegó a planteárselo directamente a Junqueras en plena negociación sobre el 9-N, a lo que éste se opuso. Ahora el Govern intenta sacar de la agenda el tema del adelanto electoral y dejarlo congelado, al menos, hasta después de la consulta. El propio Mas aseguró el sábado en una entrevista en el diario Ara que unas elecciones autonómicas tienen sentido como referéndum sobre la independencia, pero no para cambiar el gobierno.

Si bien es cierto que solo el Govern puede adelantar las elecciones, no lo es menos el hecho de que los nacionalistas necesitan el apoyo de al menos 18 diputados más para sostener su acción ejecutiva en el Parlament. En unas fechas en las que deberían estar negociando los presupuestos del 2015, el conseller de economía, Andreu Mas-Colell, está retrasando su presentación consciente de que sería poco probable que Esquerra se los aprobara con la misma aquiscencia que en el pasado ejercicio.

Quien sí cuenta con esos 18 diputados es el PSC. Su líder, Miquel Iceta, se los ha ofrecido reiteradamente a Mas desde su llegada al primer sillón socialista, la última vez esta semana desde las páginas de El País. Una invitación que la vicepresidenta Joana Ortega rechazó como acuerdo de legislatura pese a que no descarta pactos puntuales, como el que ya ocurrió en marzo para aprobar una rebaja fiscal a los casinos del complejo turístico de Barcelona World. Esta opción, la de continuar la legislatura sin el apoyo de ERC, ha sido explorada por el líder de Unió, Duran i Lleida, quien considera que CDC debe terminar la legislatura con ayuda del PSC y esperar a un cambio de gobierno en España en 2016, considerando que entonces podría abrirse un diálogo entre gobiernos.

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