El presidente de la empresa de obra pública catalana dimite un mes después de los registros por el 3%
La cúpula de la empresa que proyecta y adjudica la obra pública catalana, Infraestructures.cat, ha quedado descabezada un mes después de los registros en su sede durante la operación ordenada por el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso del 3% sobre el presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica a cambio de obra pública.
Si el pasado 29 de octubre la Generalitat abría una investigación interna y apartaba de sus funciones al director general de la empresa, Josep Antoni Rosell, imputado en el caso del 3% y a quien la policía atribuyó una caja fuerte con 80.000 euros en efectivo, este jueves ha sido el presidente de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, quien ha presentado su dimisión.
El secretario de Infraestructuras y Movilidad del Govern, Ricard Font, ha asumido tanto la presidencia como la dirección general de Infraestructures.cat tras la renuncia de Quer. Por otro lado, se ha ratificado el nombramiento de la directora de contratación y finanzas, Pilar Matesanz, como presidenta de las mesas de contratación de la compañía.
En un comunicado, la Generalitat ha explicado que Quer considera “completada” su etapa profesional como presidente y consejero delegado de Infraestructures.cat y de Ifercat, y ha destacado que ha “reconducido” el proyecto del canal Segarra-Garrigues y ha “reestructurado económicamente” la Línea 9 del metro. Estas dos obras, proyectadas por los últimos gobiernos de Pujol pero que todavía no se han terminado por completo, acumulan un sobrecoste de 1.000 y 10.000 millones, respectivamente.
Quer está señalado por la Fiscalía en un caso de presunta corrupción. La Fiscalía presentó antes del verano una querella contra Quer y otras doce personas por la presunta adjudicación directa de contratos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) a una unión de empresas controlada por el antiguo presidente de Infraestructuras.cat. En su querella, ya admitida a trámite, el ministerio público acusa a Quer, exgerente del ACA entre 2000 y 2004; al ex director general de esta entidad Manuel Hernández, así como a varios cargos de la misma de los delitos de revelación de secretos, uso de información privilegia, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y malversación, además de posible falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Quer de haberse beneficiado de sus influencias en el ACA para lograr la adjudicación “a dedo” de contratos de consultoría, con un valor de 7,6 millones de euros, a la unión temporal de empresas (UTE) DMA-Gestió, de la que era gerente, entre enero de 2008 y noviembre de 2010. Finalmente, añade la querella, esos trabajos no fueron llevados a cabo por la UTE formalmente adjudicataria, sino que ésta “procedió de hecho a la subcontratación total” de los mismos, sin respetar “ni la regulación legal ni las previsiones contenidas al respecto en la propia contratación”.
Por su lado, Rosell fue detenido en la operación que dirige el juez de El Vendrell para encontrar documentos y pruebas que demuestren, tal y como sostiene la Fiscalía, que empresarios pagaron comisiones del 3% en CDC a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos por parte de administraciones controladas por la formación.
