La batalla contra los excesos de las empresas multiservicios llega al Congreso
La batalla para evitar que las empresas multiservicios se conviertan en mecanismos de devaluación salarial llega al Congreso. Una moción sin valor legislativo presentada en la presente legislatura instaba a cambiar la normativa de las empresas multiservicios. Votaron a favor PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto. Ciudadanos se abstuvo y sólo votó en contra el Partido Popular. Fruto de aquella iniciativa, ahora está en marcha la proposición de ley que aspira a evitar los excesos de las empresas multiservicios.
Las empresas multiservicios surgen de las posibilidades que da la reforma laboral. Se trata de empresas que asumen la externalización de parte de la actividad de otra compañía. Esto, como ha ocurrido en el caso de las camareras de piso del hotel Hilton Diagonal Mar, hace posible que la limpieza de las habitaciones la hagan trabajadoras que no forman parte de la plantilla del hotel. Como la reforma laboral da preeminencia a los convenios de empresa sobre los sectoriales, se puede dar el caso de que una camarera de piso que trabaje un hotel cobre, si se le aplica el convenio sectorial, poco más de 1.200 euros brutos mensuales. Pero si se le aplica el convenio de la empresa multiservicios, el salario superará por poco los 650 euros.
Contra esta práctica, que precariza sin remedio la situación laboral de muchas personas y que ataca al principio de “a igual trabajo igual salario”, los sindicatos han actuado en el frente legal. De manera coordinada, CCOO y UGT a nivel estatal presentaron denuncias a los tribunales laborales contra los convenios de empresa de compañías multiservicios que, en su opinión, eran una simulación. Fruto de esta actividad las autoridades judiciales dejaron sin efecto 43 convenios de ámbito español, cifra que ahora ha subido hasta los 49 convenios, según Ramón González, de CCOO.
De manera paralela y confiando en que la mayoría parlamentaria definitivamente ha cambiado, se planteó un cambio legal. La iniciativa la tomó el PSOE. El 9 de septiembre de 2016 el partido presentó una proposición de ley para cambiar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Un elemento clave recogido en la propuesta es que, en caso de subcontratación de personal en una empresa multiservicios, las condiciones laborales y salariales serán las mismas que tienen los trabajadores de la empresa que contrata. Se elimina, pues, la consideración de que el convenio de empresa es el decisivo. Así pues, siguiendo el ejemplo del caso de las camareras, si, aprobada la reforma, se contrataran trabajadores de una empresa multiservicios, las condiciones laborales de estas trabajadoras serían las que tienen las operarias que limpian cuartos y que forman parte de la plantilla del hotel.
El PDCAT, clave
El 27 de febrero pasado terminó el período en que los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas. De la lectura de las aportaciones se verá si se mantiene o no el contenido de la reforma propuesta. La idea de los sindicalistas, que velan desde la sombra para que el cambio sea un hecho, es conseguir que ningún grupo político de los que apoyaron la moción cambie de opinión. Fuentes consultadas de UGT miran con especial atención lo que pueda hacer el PDCAT, integrado en el Grupo Mixto. No se puede olvidar de que CiU votó favorablemente la reforma laboral de la que nacieron las empresas multiservicios.
Además de voces sindicales y políticas es interesante ver qué dicen las patronales. La extensión de las empresas multiservicios ha hecho que se den situaciones de competencia desleal entre empresas y, por tanto, se dan movimientos favorables a una regulación diferente de la actual.
Josep González, presidente de Pimec, manifestaba el 28 de febrero pasado ser consciente de las distorsiones creadas en los procesos de subcontratación a raíz de la entrada de las empresas multiservicios con convenio propio.
El directivo empresarial se mostraba contra la proposición socialista, que plantea que si la actividad de la empresa subcontratada coincide en parte o en algunas de las actividades de la empresa contratista se apliquen las condiciones previstas en el convenio colectivo de la empresa contratante.
La posición de la patronal ya se ha comunicado a los diferentes grupos políticos. Defiende una reforma legislativa que corrija la situación actual, pero asegura que el cambio propuesto por la proposición socialista “crearía inseguridad en el mercado de trabajo”.
La patronal busca una tercera vía
Pimec propone corregir las distorsiones haciendo que en una futura ley el convenio que debería regir en caso de contratación de una firma multiservicios fuera el de sector y no el de la empresa contratada. Marca, pues, una tercera vía entre la proposición del PSOE y la realidad actual.
Lo que parece imparable es un movimiento para corregir la situación creada por la irrupción en el mercado de las empresas multiservicios. La permisividad legal a esta práctica ha hecho que, de la noche a la mañana, se creen gigantes en este sector con miles de trabajadores en nómina. Mientras esto ocurre hay debate en diferentes frentes. Y el legislativo será uno. Mostrará si hay consenso para humanizar las relaciones laborales después de años de degradación que han llevado a la desesperación a cientos de miles de trabajadores que, en las circunstancias actuales, tienen trabajo pero no pueden vivir de él.
Tanto si la iniciativa legal sigue adelante como si no, los sindicatos piensan seguir con sus campañas como la que se opone al actual formato de la ley por que consideran que eterniza la explotación laboral.
