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10 años, la ley integral inacabada

Después de 10 años reclamamos que las instituciones apliquen la Ley Integral en todas sus dimensiones, para conseguir que las mujeres puedan vivir seguras y libres.

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No vivimos en una sociedad libre de violencia contrata las mujeres después de 10 años de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Debemos construir una sociedad segura para las mujeres, en la que puedan ejercer plenamente la ciudadanía. Por tanto no  se han cumplido los objetivos de la ley: prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.

Hoy las mujeres socialistas rememoramos una foto que se hizo hace 10 años en las escaleras del Congreso tras la aprobación de la Ley Integral en el Hemiciclo, para conmemorar el aniversario. Me  sentí orgullosa de poder compartir esa foto con representantes de las asociaciones de mujeres. Esa foto visibilizaba los esfuerzos conjuntos de las feministas, ya que la aprobación de la ley fue una victoria de las organizaciones de mujeres tras años de reclamar medidas eficaces contra esta situación, y de las mujeres socialistas que habíamos liderado las políticas públicas contra la violencia, en eso momento acabábamos de aprobar una ley orgánica  integral  que mandataba a todos los organismos del Estado a actuar contra  la violencia de género.Los datos nos muestran un claro retroceso.Si bien a principios de este siglo las feministas pusimos en la agenda pública la violencia de género como una lacra social, concienciamos a la sociedad, así la violencia pasó a la agenda pública y a los  programas electorales de izquierdas y finalmente paso a estar en la agenda política y gubernamental en la última etapa de gobierno socialista (2004-2011). Se ha recorrido el camino contrario, el Gobierno eliminó de la agenda política la violencia de género, con la teoría de “si no se habla de un problema, no existe”, existe menos conciencia social y especialmente menos información de las mujeres víctimas sobre sus derechos y los riesgos que corren.

La Ley Integral está inacabada, estaba  en pleno desarrollo cuando el PP llegó al Gobierno, perdió el impulso y la convicción que disponía la Ley Integral de todo un Gobierno para conseguir implantar un cambio de paradigma en todas las instituciones respecto al abordaje de la violencia de género. No podemos olvidar que esta Ley intenta remover las creencias profundamente arraigadas sobre el papel de las mujeres y, si se baja la guardia rápidamente, retrocedemos.

En los últimos meses, demasiadas mujeres han sido asesinadas por sus parejas para considerarnos una sociedad plenamente democrática y segura. ¿Pueden afirmar las mujeres que viven en un país seguro si  han muerto 55 mujeres en este 2015? ¿Podemos considerar que el Estado protege a las víctimas eficientemente si entre las muertas por violencia machista el 32% habían denunciado previamente? Recordemos que una de las víctimas mortales de violencia había denunciado en 20 ocasiones, y no se habían activado medidas de protección personal que recoge la Ley Integral.

Para abordar esta cuestión hay que proteger efectivamente a las víctimas, darles soporte necesario para que puedan salir del ciclo de violencia y dependencia, y esto requiere de recursos públicos especializados. Recursos públicos para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, una sociedad donde las mujeres puedan vivir seguras y libres.

Esta no es una sociedad libre de violencia contra las mujeres, lejos de este objetivo, no se puede considerar que sea una sociedad segura para las mujeres. Después de 10 años reclamamos que las instituciones apliquen la Ley Integral en todas sus dimensiones, para conseguir que las mujeres puedan vivir seguras y libres.

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