Atendemos a una reunión en un prestigioso bufete de abogados situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Nos han pedido nuestra participación como especialistas para apoyar con conocimiento técnico a los responsables de la toma de decisiones en el contexto de un problema de gestión del territorio. Lo relevante para este post es que, en la presentación, el abogado nos informa que es catedrático de derecho administrativo de una universidad pública madrileña. Le preguntamos si lo es a tiempo parcial y nos contesta con rotundidad que no. A nosotros, catedráticos de ecología, no se nos ocurrió nunca abrir bufete ni oficina alguna pues nuestra labor docente e investigadora no nos deja ni un minuto libre. Eso sin pensar en posibles incompatibilidades formales, legales o administrativas.
Éste es un ejemplo paradigmático de la enorme diversidad de situaciones laborales que hay bajo el heterogéneo paraguas de la actividad universitaria. Durante mucho tiempo nos hemos convencido de que la actividad docente y la investigadora son las bases sobre la que se sitúa toda esta diversidad y que no hay mucho más, salvo, en su caso, la gestión universitaria. Hemos discutido hasta la saciedad como evaluar estas dos actividades universitarias clave, la docente y la investigadora y, sobre todo, cómo valorarlas con retribuciones adicionales. El contexto es simple, lo que deseamos todos es que se reconozca debidamente el esfuerzo y el desempeño individual y que nuestra remuneración se ajuste a dicha actividad de una manera realista. El debate se ha centrado, casi exclusivamente, en cómo evaluar la actividad investigadora, en general más fácil de cuantificar, y ha pasado con frecuencia de lo pasional a una excesiva acritud. En paralelo se están llevado a cabo esfuerzos para evaluar la actividad docente, como los del programa Docentia que siguen la estela de las universidades anglosajonas (en EEUU o en RU).
Buena parte de este debate acalorado se ha centrado en saber si las reglas utilizadas en el ámbito de las ciencias son exportables al de las humanidades. En realidad, y pese a lo que pueda parecer, ambas áreas están mucho más cerca de lo que se percibe y tal exportación no es nada compleja. Las diferencias importantes en el ámbito universitario no están entre los que investigamos y enseñamos en áreas muy distintas, con las diferentes reglas fruto de su propia historia, si no que radican en los profesores que, como nuestro catedrático de derecho y como muchos ingenieros o biotecnólogos (por mencionar algunos ejemplos), tienen acceso directo y habitual a actividades laborales adicionales con importantes retribuciones complementarias. Cuando hablamos de evaluar la actividad individual simplemente pretendemos reconocer el esfuerzo de cada uno de nosotros y retribuir en consecuencia. Pero, ¿cómo abordar el problema si lo que llegan a ganar los profesores de categorías similares puede ser radicalmente diferente?
La llegada de la ‘D’, de desarrollo, y la ‘i ‘minúscula, de innovación, ofreció el marco ideal para llevar a cabo actividad universitaria con considerables beneficios económicos para los que se dedican a actividades que no son ni docentes ni investigadoras. La herramienta administrativa concreta es lo que llamamos de manera simplista, ‘artículo 83’ en atención al marco regulatorio. Estas actividades en i+D son básicamente encargos de empresas, particulares o administraciones. La idea es que los profesores universitarios tienen, por su conocimiento, un valor añadido sobre el resto de profesionales disponibles en el mercado y que ese trabajo especial puede ser remunerado. En realidad es un win-win a tres bandas, el profesor puede hasta duplicar su sueldo universitario (ya que a diferencia de los proyectos de investigación competitivos, sí se contemplan beneficios económicos directos para los que desarrollan el trabajo), la universidad puede aplicar un canon y obtener unos ingresos extra (que pueden alcanzar el 20 % del total) y quien encarga el trabajo puede, además de añadir un sello universitario a lo encargado (que en términos de marketing puede ser muy valioso), ahorrarse un buen dinero al contratar de forma más barata que si lo hiciera a través de una empresa. De hecho, mucha gente afirma que este tipo de actividad puede constituir competencia desleal dado que se utilizan recursos públicos para hacer trabajos privados.
La generalizada discrepancia curricular entre producción científica (en términos de publicaciones) y dinero captado a través proyectos y encargos vía artículo 83 hace muy polémica la evaluación del desempeño académico. Somos conscientes de que algunos grupos o profesores particulares son capaces de mantener una buena productividad científica manteniendo también una elevada captación de proyectos por esta vía, pero no es lo habitual ya que ambas ocupaciones requieren de mucha dedicación y esfuerzo.
Además de las escuelas técnicas y las universidades politécnicas donde esta práctica es habitual se suman entornos profesionales donde el desempeño fuera del ámbito universitario puede ser importante para los alumnos. En estos casos estaríamos hablando de escuelas profesionales en vez de nodos de generación de conocimiento. Se trata de profesores que dedican a la universidad una parte muy pequeña de su actividad laboral. Eso a pesar de ser funcionarios con dedicación completa en sus respectivas universidades. El ejemplo del catedrático con el que comenzábamos se puede extender a arquitectos con estudios en producción, periodistas tertulianos, artistas plásticos que venden su obra, economistas dirigiendo o asesorando empresas y médicos desempeñando actividades en hospitales. En este caso, los beneficios para la institución derivan de la visibilidad profesional del profesor y su conexión con la universidad y de la transmisión de conocimientos prácticos a los estudiantes. Aquí no hay ningún canon, ni un overhead, ni una presencia regular en la casa. Es cierto que, conscientes del valor de estos profesionales, el legislador incluyó la posibilidad de dedicarse a tiempo parcial o la de ser profesor asociado. Desafortunadamente, buena parte de estos docentes son funcionarios a tiempo completo. No es necesario indicar que para estos docentes los ingresos universitarios son una fracción con frecuencia menor de sus ingresos totales, lo que en principio resulta éticamente cuestionable.
Cuando hablamos de reconocer la actividad investigadora, es primordial que tengamos claro varias cosas. En primer lugar, que valorar dicha actividad no es un tema estético, sino una forma de poner en valor el trabajo bien hecho: lo que se busca es que los ingresos de cada profesor se ajusten a su desempeño para que el valor global mejore. En segundo lugar, buena parte del profesorado que obtiene beneficios cuantiosos por estas vías alternativas, reduce su dedicación a la universidad y por tanto en muchas ocasiones su capacidad de producir investigación de calidad, cubrir necesidades docentes y contribuir a la gestión en la institución. Tercero, la desregulación que describimos perjudica a esa mayoría de investigadores que, independientemente del área, llevan a cabo su trabajo en el marco de proyectos competitivos que no contemplan ingresos adicionales para quienes los conciben, solicitan y llevan a cabo. Cuarto, que en el posicionamiento en rankings universitarios la actividad investigadora y especialmente la producción de publicaciones científicas es crítica, mientras que la actividad de artículos 83 sólo tiene una importancia marginal y la de los profesionales libres, casi nula.
En el marco actual tenemos una distribución trinomial del profesorado en cuanto a sus ingresos. Por un lado está la mayoría del profesorado, que no tiene ingresos extra-universitarios y sólo reciben, en reconocimiento de su desempeño investigador, complementos de escaso importe, principalmente los denominados sexenios, que dan algo más de prestigio que de riqueza. Un segundo grupo lo forman los profesores con gran capacidad de obtener artículos 83, que pueden llegar a duplicar sus ingresos anuales cobrando por dos vías distintas las mismas horas de trabajo. Y, finalmente, los docentes-profesionales, para los que los ingresos de su actividad universitaria (teóricamente a jornada completa) representan sólo una reducida fracción de sus ingresos totales. Estamos seguros que estos docentes aportan un valor importante a la universidad, pero es importante recordar que figuras como la de asociado o como las dedicadas a tiempo parcial sena más adecuadas.
En nuestra opinión el debate de cómo evaluar la actividad investigadora debe ir mucho más allá de las dificultades para encontrar métricas estandarizadas en todas las áreas de conocimiento, que es donde se ha estancado en los últimos años. El debate real debe de abordar que de lo que se habla es de reconocimiento económico de la actividad individual. Para ello es crucial entender la existencia de esta diversidad en cuanto a ingresos económicos, debatir en profundidad a qué tipos de actividades se deben lo profesores de las universidades públicas (cuyo sueldo pagamos todos con nuestros impuestos) e introducir regulaciones para que prime el interés general sobre el de ciertos individuos, sectores profesionales o empresas. Es prioritario entender que la evaluación de la actividad investigadora debe de traducirse en retribución de una manera directa y significativa, y que, necesariamente, el debate debe reconocer la gran diversidad de ingresos que se perciben como profesor universitario.
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
