Castilla-La Mancha acusa al Ministerio de “parálisis” con la gestión de las prestaciones a parados de larga duración
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su “preocupación” ante lo que considera “falta de previsión y diligencia” por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy tras conocerse una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que considera que deben ser los servicios de empleo de las comunidades autónomas quienes gestionen la ayuda de 426 euros para parados de larga duración, el Programa de Activación para el Empleo (PAE).
Esta es la segunda sentencia que viene a decir lo mismo, después de que en julio se pronunciase en términos similares sobre el Plan Prepara, el Programa de Recualificación Profesional que dota entre 400 y 450 euros durante seis meses a parados que hayan agotado su prestación o subsidio. Ambas sentencias anulan los decretos del Gobierno central que atribuyen la gestión de estos programas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y no a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en la materia.
En la sentencia que tiene fecha de diciembre, según recoge Europa Press, el Constitucional afirma que la atribución que la normativa reguladora del PAE efectúa al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que sea éste el encargado de ejercer las funciones de concesión y pago de esta ayuda económica deba considerarse como “inconstitucional y nula por corresponder a la competencia de los servicios de empleo de las comunidades autónomas”.
Responde al recurso planteado por el Gobierno vasco al entender que el PAE invade competencias autonómicas. Y al igual que ya se pronunciase sobre el 'Plan Prepara', el TC concluye que no concurren circunstancias que justifiquen una gestión centralizada por el SEPE de la ayuda recurrida, por lo que señala que “la asunción por el SEPE de las funciones ejecutivas de concesión y pago de la ayuda económica” no tienen “justificación alguna”.
El viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda, critica, en declaraciones a eldiarioclm.es, la posición de “parálisis” del Gobierno central ante un asunto que era “muy, muy previsible. Si ya lo era lo del Plan Prepara, ahora esta sentencia le vuelve a pillar al Gobierno sin haber movido ficha”.
Y es que, recuerda, en septiembre de 2017, “todas las comunidades autónomas llegamos a un acuerdo por unanimidad, con todas las dificultades que eso pueda conllevar, para dar seguridad a las personas que perciben estas ayudas y tienen una situación complicada porque son parados de larga duración que han agotado todas sus prestaciones”. Se acordó entonces una encomienda de gestión temporal al SEPE para que siguiera ocupándose de conceder las ayudas del Plan Prepara y pagarlas hasta abril “para evitar asumir esa gestión por parte de las comunidades autónomas sin medios y sin preparación, en tanto en cuanto se va a un modelo nuevo de acuerdo con los sindicatos”.
Rueda lamenta que ahora vuelva a pasar lo mismo con el PAE después de que el Ministerio de Empleo se comprometiese en septiembre a iniciar una mesa de diálogo con los agentes sociales “para revisar todos los subsidios y prestaciones, unificarlas y modernizarlas y tener un acuerdo para finales de abril”. El viceconsejero explica que “por lo que sabemos, ni se ha iniciado ni se han convocado esas mesas de trabajo y estamos ya en enero. Nos encontramos con esta nueva sentencia del Constitucional sin que el Gobierno central haya avanzado”.
Mensaje tranquilizador a los beneficiarios de las prestaciones
Sin embargo, lanza un mensaje de “tranquilidad” para los beneficiarios de estas ayudas en Castilla-La Mancha (de los que dice desconocer el número exacto de cuantos las perciben porque son datos que “maneja” el Ministerio). “Ahora no tiene por qué afectar a nadie, pero hay una línea roja que es abril. O el SEPE o Gobierno empiezan a moverse o volveremos a encontrarnos en una situación como la de septiembre”, advierte. Cree que “el problema lo tendremos en abril o mayo cuando no se pueda prorrogar el decreto porque la sentencia del Constitucional lo deroga”.
En todo caso sostiene que la postura de Castilla-La Mancha “y la de todas las comunidades autónomas, es que la prioridad absoluta sea asegurar que estas personas sigan cobrando las prestaciones y, al mismo tiempo que se cumpla la sentencia del Constitucional”. Con estas premisas, dice, “habrá que hacer lo que haya que hacer porque los demás asuntos son secundarios, pero claro, nuestra preocupación está en la situación de parálisis. El problema puede ser muy grave para muchas personas”.
Podría afectar al diseño del Plan de Empleo y Garantías de Rentas
Francisco Rueda no cree que las sentencias afecten económicamente “de forma directa” al Plan de Empleo y Garantías de Rentas que desarrollará la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en este año 2018. Sin embargo, la previsible reestructuración de las prestaciones contributivas y subsidios para parados de larga duración, derivada de las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos, cuando se produzcan, podría provocar que “tengamos que rediseñar el programa de garantías de acuerdo a esos cambios, pero en principio no tiene por qué afectarnos económicamente aunque haya un problema de gestión a resolver”.
Una vez que concluyan las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos será el turno de las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha cree, y así lo planteará, que “el sistema de protección del empleo en España está pensado para crisis cortas, de dos tres años, que se ha ido prorrogando con políticas como el PAE o el Plan Prepara pero con la actual crisis de diez años, se queda corto” y abogará por la elaboración de un nuevo sistema “para salir de la situación de interinidad que viven los parados de larga duración que alargue la prestación no contributiva y que se pueda combinar, como hacemos en Castilla-La Mancha, con programas para estas personas”.
