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La Junta explora otras "posibilidades" para evitar la multa de 32 millones por los pastos

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó la Junta contra esta sanción por el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos

El Gobierno castellano-manchego considera que es el Ministerio de Agricultura quien debe hacer frente al problema por afectar "al conjunto del país"

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Siguen vigente las sanciones que han recibido hasta nueve comunidades autónomas a propósito del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) durante varias campañas y que en el caso de Castilla-La Mancha supone desembolsar una multa de más de 32 millones de euros. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno de Emiliano García-Page para pedir la suspensión cautelar de ese acuerdo del Ejecutivo central, en el que se dio luz verde a la derivación de la corrección financiera impuesta por la Unión Europea. 

Ahora, la Junta de Castilla-La Mancha tiene intención de seguir explorando "todas las posibilidades" para evitar esa multa puesto que no comparte "en absoluto" la decisión, ni en el fondo del criterio ni en cuanto a la responsabilidad de quién debe hacer frente a la devolución de estos fondos agrarios. 

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha manifestado que se trata de un problema "del conjunto" de España del que tendría que responsabilizarse el Ministerio de Agricultura, por lo que el objetivo del Ejecutivo castellano-manchego es seguir dando la batalla por este tema.

Las multas se refieren a los pagos de las ayudas de pastos del periodo 2010-2014 y se deben a que la Unión Europea considera que la extensión que tiene derecho al pago de estas subvenciones en España es menor a la declarada, y establece una corrección financiera. En el caso de Castilla-La Mancha, parte de la multa establece que algunas cabezas de ganado no pueden pastar en pinares, algo con lo que la Junta no está de acuerdo, entre otras muchas cuestiones.

La cuantía de la multa comunitaria, que asciende a un total de 262,8 millones de euros, en principio la tienen que asumir las comunidades autónomas y tiene su origen en la discrepancia entre el criterio utilizado por las comunidades autónomas para la solicitud de las ayudas, y el establecido por la Comisión Europea.

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