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El Congreso aprueba la polémica Ley de Montes que blinda el Tajo-Segura

El PP ha ‘colado’ mediante enmiendas el compromiso adquirido con los regantes de Levante que anuló el Tribunal Constitucional.

La normativa, que ahora sigue su tramitación en el Senado, permite a las comunidades autónomas el uso de terrenos incendiados bajo criterios de "interés público".

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Una imagen de archivo del travase Tajo-Segura. /EFE

Imagen de archivo del Trasvase Tajo-Segura / Foto: EFE

La mayoría absoluta del PP ha vuelto a hacer de rodillo en el Congreso de los Diputados para sacar adelante, en este caso, el proyecto de Ley de Montes, que solo ha recibido luz verde de los diputados ‘populares’. Es una ley polémica y muy criticada a través de la cual el PP ha aprovechado para ‘colar’ el blindaje del Trasvase Tajo-Segura, incluyendo en un texto que nada tiene que ver con el agua, el compromiso adquirido con los regantes de Levante que anuló el Tribunal Constitucional y que pretende darle a esta infraestructura hídrica rango de ley para su permanencia en el tiempo.

Las enmiendas son el subterfugio que ha buscado el PP para introducir ese compromiso y que ya intentó llevar a cabo mediante disposiciones a la Ley de Evaluación Ambiental, tumbadas por su inconstitucionalidad. En esta ocasión, se trata de un conjunto de enmiendas adicionales que, bajo la excusa de hacer cumplir la sentencia del Constitucional, buscan otorgar rango de ley (una forma de consolidación) a la existencia del Trasvase, de forma que si se deroga, sea necesario indemnizar a los regantes. Este es el compromiso que se adquirió entre comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Ministerio de Agricultura y el Sindicato de Regantes, y que fue anulado por el Tribunal.  

El Gobierno central aprobó esta normativa (y el Memorándum del Tajo) en diciembre de 2013 tras lograr un acuerdo con las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Vendido en su día como "un acuerdo de máximo consenso", se dejó fuera a Aragón, por cuyo territorio discurre una mínima parte de la cuenca del Tajo. El máximo tribunal dio la razón a las Cortes aragonesas ya que se tendría que haber tenido en cuenta a esta Comunidad en la tramitación de la Ley, además de por no ser “admisible (...) una suerte de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica”. 

El la exposición de motivos de las enmiendas adicionales, el PP argumenta que la sentencia del Constitucional ha generado “incertidumbre” y “pone en riesgo” el “normal funcionamiento del trasvase”, que califica de “esencial”. Añade que este desvío del agua garantiza el suministro de cultivos de gran valor añadido, que “precisan de un marco normativo claro y estable en el tiempo”, es decir, la búsqueda de un rango de ley que permita su blindaje.

La definición de los agentes forestales

Pero el proyecto de Ley de Montes incluye más contenidos controvertidos. El texto incorpora una nueva definición de agente forestal que ha concitado el rechazo de toda la oposición y del propio sector durante el trámite parlamentario. Finalmente, aunque vía enmienda transaccional, se ha recuperado la definición vigente de 2003, reconociéndose su función de vigilancia, y manteniéndose el vocablo de 'funcionario'. Además, se añade que "actuarán de forma auxiliar con los jueces, tribunales, ministerio fiscal de manera coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad según su legislación orgánica reguladora". El caso es que el Ejecutivo propuso un texto en el que se suprimía la referencia expresa a la condición de funcionarios de estos agentes y además añadía que su actuación se entendía de forma auxiliar con la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.

Agentes forestales y ecologistas han criticado esta norma desde el inicio de su tramitación, y no solo por esta definición, en el primer caso, sino porque permite a las comunidades autónomas “con carácter singular” que acuerden “excepciones” a la prohibición del uso de terrenos forestales incendiados al menos durante 30 años. Es decir, cualquier región puede decidir utilizar un terreno incendiado, en montes públicos no catalogados, si concurren “razones imperiosas de interés público de primer orden”.

Se trata por tanto de una normativa que, en el caso de Castilla-La Mancha, vendrá a sumarse a la también polémica Ley regional de Caza, a través de la cual estos agentes medioambientales, como ellos mismos han dicho, se vuelven prácticamente “invisibles”.

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