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Convocada de urgencia la Mesa de la Función Pública por la anulación de las 35 horas

Mesa de la Función Pública de Castilla-La Mancha / JCCM

elDiarioclm.es

Los empleados públicos de Castilla-La Mancha afectados por la ley que entró en vigor el pasado 1 de enero, mediante la cual se reducía a 35 horas su jornada laboral semanal y se eliminaba la jubilación forzosa, deben volver a realizar 37,5 horas a la semana, las impuestas por el Gobierno anterior del PP, después de que el Tribunal Constitucional haya decretado medidas cautelares por el recurso que ha interpuesto el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy.

Es una posibilidad con la que ya contaba el Gobierno de Emiliano García-Page desde que se hizo público el recurso y que se analizará este miércoles por la mañana en una reunión urgente de la Mesa General de la Función Pública presidida por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, según han informado fuentes del Ejecutivo castellano-manchego.

El objetivo, según ha manifestado el propio García-Page, es que no sean despedidos ninguna de las casi 400 personas que han sido contratados en virtud de la reducción de esta jornada. Es más, apuntó que realizará “lo imposible” por evitar este extremo hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la ley autonómica.

“Basta ya de despidos cuando realmente los servicios públicos todavía necesitan, en Castilla-La Mancha y en toda España, que retomemos a miles de trabajadores más”, subrayó el responsable autonómico, que recordó que también tiene el compromiso de sacar ofertas públicas de empleo durante toda la legislatura “al cien por cien de lo que permita la ley”, ha enfatizado. Además, avanzó que solicitará a Rajoy “que pare esa cruzada que tiene contra los trabajadores públicos, contra los funcionarios”.

Reacción del PSOE

Tras conocerse las medidas cautelares, la vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha lamentado que al final se hayan confirmado todos los temores y se vuelva a las denominadas “horas Cospedal”. Para Maestre, los 70.000 trabajadores de la Junta de Comunidades tienen que saber que ha sido el gobierno de Rajoy, “con la complicidad y el beneplácito de Cospedal y de los dirigentes ‘populares’ de la región quien ha dado este paso en su afán de impedir que se devuelvan los derechos sociales que se perdieron con los gobiernos del PP”.

La portavoz socialista indica que con ello queda también al descubierto la “estrategia hipócrita” de los dirigentes regionales del PP que, por un lado “dicen defender a los trabajadores públicos” pero por otro “no solo permiten sino que alientan que su gobierno les ataque con este recurso”. Según ha dicho, la Junta y el PSOE van a continuar en la lucha, hasta el final, para “devolver la calidad, la estabilidad y el estímulo a los empleados de la administración regional, que ahora el PP les quiere volver a quitar”.

Y es que para Maestre resulta muy llamativo que “a lo único que se ha dedicado este gobierno en funciones de Rajoy y Cospedal” durante estos cuatro meses ha sido a presentar recursos para “impedir que presidentes de comunidades autónomas como el de Castilla-La Mancha hayan devuelto los derechos cercenados por el PP tanto a los trabajadores públicos como a los ciudadanos en general”.

PP: Page ha “utilizado” a los trabajadores públicos

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha asegurado estar a favor de los empleados públicos y de la recuperación de las 35 horas pero “conforme a la normativa vigente” y ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de “utilizar” a los trabajadores de la Junta para un enfrentamiento con el Gobierno central. En declaraciones a Europa Press, ha defendido existían otras fórmulas para aplicar las 35 horas “sin vulnerar la legalidad” como han hecho otras administraciones.

Además, opina que García-Page está utilizando este tema “con mala fe” porque no tiene nada que ver la jornada laboral de los funcionarios con las contrataciones que se puedan realizar en la administración, y ha dicho que le consta que los sindicatos mostraron a la Junta sus dudas de que la utilizada fuera la fórmula correcta para aplicar las 35 horas.

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