Las Cortes debatirán la proposición de ley que pretende garantizar los servicios sanitarios y reducir listas de espera
La iniciativa, presentada por el Grupo parlamentario socialista, se justifica porque en los últimos treinta meses las listas de espera se han incrementado hasta extremos intolerables, llegando a los ciento cincuenta mil ciudadanos, estando más de cuarenta y dos mil pendientes de una intervención quirúrgica.
Se reclama que “se restauren los derechos que tenían antes los castellano-manchegos y que no tengan que esperar más de 90 días para una operación, 30 días para una consulta externa y 20 días para una prueba diagnóstica” para lo que se pide la contratación de más personal sanitario y la utilización de todos recursos disponibles del SESCAM.
De no cumplirse esos tiempos máximos el Psoe propone que se haga como con la anterior Ley de garantías de 2002, es decir que los ciudadanos tengan derecho a elegir un centro sanitario público o privado para recibir la oportuna atención médica con cargo al SESCAM.
Transparencia en las listas de espera
Por otra parte, el Grupo socialista también plantea que el SESCAM publique todos los meses el número de personas que están en lista de espera sanitaria y el tiempo medio por especialidades, “algo que actualmente no hacen, demostrando así la absoluta falta de transparencia del Gobierno de Cospedal”. Igualmente, proponen que el Ejecutivo, anualmente, presente un informe con toda la información sobre listas de espera ante las Cortes de Castilla-La Mancha así como la constitución de una comisión de seguimiento sobre este asunto compuesta por representantes del gobierno, de los grupos parlamentarios, colegios profesionales de médicos y enfermería, sindicatos y asociaciones de pacientes.
Deterioro progresivo de la Sanidad
El Gobierno de Castilla-La Mancha, con el argumento de la crisis, aprobó la Ley 1/2012 de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, que vino a modificar la Ley 24/2002, de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada.
Se decía en su justificación que “la complicada situación por la que atravesamos obliga a renunciar a todo lo que no es estrictamente necesario, siendo las actuaciones enmarcadas en el Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos la única opción con la que cuenta Castilla-La Mancha para cumplir con los objetivos de déficit y encaminarnos hacia la recuperación económica y la creación de empleo” y se preveían medidas “encaminadas a acciones concretas como la austeridad, la racionalización y la transparencia en el gasto público”.
Sin embargo, tal como denuncian los socialistas, las opciones de austeridad planteadas por el Gobierno en esa Ley, “lejos de conseguir la eficiencia y la eficacia debida, garantizando la prestación de servicios públicos esenciales como la Sanidad, ha devenido en un deterioro progresivo de los mismos, de tal forma que los ciudadanos han podido comprobar cómo se ha producido una devaluación sin precedentes del sistema sanitario y de las garantías otorgadas a los ciudadanos”.
