La Diputación de Ciudad Real anima a los ayuntamientos a cobrar tasas a las eléctricas que ocupan monte público
El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha ofrecido a 19 ayuntamientos de la provincia que gestionan montes de titularidad municipal ayuda técnica y jurídica para que implanten, si lo estiman oportuno y después de valorar cada uno su caso, una tasa que afectaría a las compañías eléctricas y a otras empresas como las que explotan gaseoductos, porque obtienen un aprovechamiento que va más allá de lo que supone la ocupación física de los terrenos.
Caballero ha reunido a representantes municipales de los consistorios de Alcoba, Almadén, Almuradiel, Arroba, Cabezarrubias, Ciudad Real, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Horcajo de los Montes, Luciana, Mestanza, Navas de Estena, Picón, Calzada de Calatrava, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Torre de Juan Abad, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués tras estudiar la sentencia del Tribunal Supremo que ha dado la razón al ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo, que articuló el establecimiento de una tasa a través de una ordenanza que fue denunciada por la empresa eléctrica afectada.
El presidente de la Institución provincial cree “interesante” estudiar qué pueblos de la provincia pueden estar en la misma situación porque la aprobación de una ordenanza, a cuya redacción se contribuirá desde la Diputación si así lo solicita el ayuntamiento, y la consiguiente imposición de una tasa “revertiría positivamente en las diferentes arcas municipales, aunque en mayor o menor medida dependiendo del grado de ocupación en cada caso”.
El precedente de Puebla de Don Rodrigo
Según ha precisado Caballero, la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos sus técnicos y sus servicios jurídicos para que, si deciden hacer una ordenanza, la elaboren de acuerdo con la resolución que ha hecho pública el Tribunal Supremo.
Ha indicado, asimismo, que, en el caso de que la compañía eléctrica recurra en vía judicial la ordenanza, la Diputación ofrecerá a los ayuntamientos asesoramiento jurídico y la comparecencia en juicio, por lo que únicamente tendrían que hacer frente al coste del procurador. Así las cosas, entiende que “los efectos de proceder en el sentido que lo hizo Puebla de Don Rodrigo parecen todos positivos” de cara a que los consistorios puedan “aumentar su capacidad recaudatoria y favorecer con esos ingresos extra la vida de sus vecinos y vecinas atendiendo necesidades o poniendo en marcha nuevos servicios”.
