Formación con compromiso de contratación para 1.300 desempleados
La segunda edición de la convocatoria de acciones de formación con compromiso de contratación en empresas ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno y contará con un total de 3,6 millones de euros para unos 1.300 beneficiarios. La consejera de Economía, Empleo y Empresas, Patricia Franco, ha explicado que se trata de un programa destinado a personas desempleadas que puedan formarse en los centros homologados por la Junta de Comunidades, públicos, privados y con o sin ánimo de lucro.
Los cursos contarán con prácticas en empresas y se dividen en dos modalidades. Por un lado, aquellos que tienen un compromiso de contratación que no puede ser menos del 60% de los alumnos y, por otro lado, aquellos en los que se garantiza el contrato de entre el 30% y el 60% de los participantes. La convocatoria incluye, además, becas para transporte, para la conciliación de quienes se van a formar, para la manutención y el alojamiento, así como compensación económica para profesores y alumnos que realicen las prácticas.
Franco señaló que se podrá optar a las subvenciones tras un procedimiento de concurrencia competitiva para la adjudicación de dichas acciones, mientras que las becas y las ayudas relacionadas se otorgarán a través de concesión directa. “Va hacia personas desempleadas, que es la preocupación del Gobierno, pero también queremos garantizarlo para las personas más vulnerables o las que más lo necesitan”.
El plan se centrará en las mujeres, con independencia de su situación laboral, personas mayores de 45 años, discapacitados, víctimas de terrorismo o de violencia de género y también parados de larga duración, al igual que trabajadores poco cualificados o los jóvenes que debieron abandonar de manera temprana el sistema educativo.
Habrá un escalonamiento en la convocatoria, que contará con tres plazos. El primero es de 20 días hábiles, a partir de la publicación oficial de la resolución en el DOCM, que contará con 1.606.000 de euros. El segundo irá desde el tres de junio hasta el 31 de julio con una partida de 963.000 euros y, finalmente, un plazo desde el 16 de octubre hasta el 13 de noviembre, con el montante restante. Los proyectos beneficiarios deberán finalizarse el 30 de junio de 2018.
Franco ha destacado el incremento presupuestario con el que ha contado esta nueva convocatoria “específica” para estas ayudas, que ha crecido en un millón de euros respecto a su primera edición en 2016. El año pasado se presentaron 60 cursos con alrededor de 850 alumnos, números que se pretenden superar en esta ocasión. La consejera también señaló que cerca del 80% de los participantes del año pasado accedió a un certificado de profesionalidad y que todos los cursos contaron con prácticas en empresas y que la inserción laboral de la primera convocatoria se acercó al 60%.
“Aseguramos una mayor inserción laboral de las personas en la región y logramos que la formación esté vinculada a las necesidades de las empresas al formar a las personas en competencias empresariales”, celebró Patricia Franco.
Entidades de asesoramiento para emprendedores
La consejera informó igualmente la puesta en marcha de un registro de entidades homologadas para prestar servicios de asesoramiento y tutorización a las personas emprendedoras que participen en el Plan de Autoempleo. Se trata de una iniciativa que pretende fomentar un emprendimiento responsable y generar también un ecosistema que “impulse la creación y fortalecimiento de nuestro tejido empresarial”.
Las posibles entidades a homologar serán asociaciones profesionales del trabajo autónomo de carácter intersectorial; de organizaciones empresariales y sindicales de carácter intersectorial, en el ámbito autonómico que tengan entre sus fines la promoción empresarial, el empleo y el apoyo al trabajador autónomo en Castilla-La Mancha. Entre ellas se cuentan también las Cámaras de Comercio, los Centros Europeos de Empresas e Innovación, la Universidad de Castilla-La Mancha, o “cualquier” otro organismo o entidad que disponga de una experiencia en dichas funciones de, al menos, tres años.
