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Iniciar un proyecto de fracking será más difícil que “darse de baja en una compañía telefónica”

Nacho Hernando en rueda de prensa de Consejo de Gobierno

Francisca Bravo Miranda

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha comunicado las medidas adicionales que tendrá la Ley contra el fracking, cuyo anteproyecto se aprobó este martes en Consejo de Gobierno. Ahora, el documento deberá ser remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y luego también a la Cámara regional, donde será debatido. Hernando ha querido resumir la intensidad que se le ha dado el documento de manera tajante: “será más difícil que darse de baja de una compañía telefónica”.

La Junta ha querido recalcar que el texto presentado no invade “ninguna parcela constitucional” ajena a la Comunidad Autónoma y que, principalmente, impone “estrictas medidas de protección” que harán imposible que prospere ningún proyecto de las empresas que se inclinan por el uso de la técnica de la fractura hidráulica. Así, ha señalado que se evaluarán aspectos como la calidad del agua, el aire, niveles sísmicos, presencia de betano o la diversidad del suelo.

“El operador deberá garantizar la integridad del pozo mediante un diseño adecuado y pruebas de seguridad que deberán ser evaluadas por un tercero independiente”, explicó Hernando, con lo que se pretende garantizar la seguridad en todas las fases que siga el proyecto. La empresa deberá también aportar un informe de seguridad ambiental y los planes de gestión que detallen los recursos hídricos necesarios para el proyecto.

El Consejo de Gobierno tiene la última palabra

Las medidas de seguridad son numerosísimas: “Los operadores deberán (y estarán obligados) a paralizar trabajos y tomar medidas correctoras en caso de accidentes”, aseguró el portavoz de la Junta de Comunidades, que también señaló que será obligatorio un seguimiento periódico de las obras por parte de las empresas que logren sacar adelante un proyecto de fracking. El Gobierno regional también podrá pedir una evaluación del impacto de la salud, que tenga en cuenta las responsabilidades potencial de “cualquier tipo de daño”.

La ley tendrá también un carácter retroactivo. Es decir, no sólo afectara a los posibles proyectos nuevos, sino que afectará a todas las peticiones que se hayan concedido o que se tramiten desde el Gobierno liderado por María Dolores de Cospedal, “a espaldas de los ciudadanos”, añadió Hernando. Y, “si con esto fuera poco”, las posibles iniciativas que se quieran instalar en Castilla-La Mancha deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, mediante un decreto. La Junta ha apuntado a que el documento es parte de un compromiso por conservar el medioambiente en la región y proteger también la agricultura y la ganadería de la práctica de la fractura hidráulica.

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