Cooperativas y jóvenes agricultores, prioridades del Programa de Desarrollo Rural
Ha estado en boca de muchos miembros del Gobierno regional durante esta semana debido a la relevancia de su reciente aprobación por parte de la Comisión Europea. El Plan de Desarrollo Rural (PDR) que se aplicará en Castilla-La Mancha hasta el año 2023 incluye las bases de la actividad económica de una parte muy significativa de la sociedad castellano-manchega y es uno de los motivos por los que la Junta quiere ahora modificarlo y darle más contenido.
Así lo ha adelantado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien tras conocerse su aprobación en el marco comunitario ha adelantado su intención de acudir a Bruselas para modificar y ampliar el contenido de cara a 2016. Quiere cambiar el sentido del mismo para incluir algunas “prioridades básicas” como son el apoyo a los jóvenes agricultores y la integración comercial de las cooperativas de la región.
En total, se trata de un programa que prevé una partida de 1.500 millones de euros para toda Castilla-La Mancha hasta 2023, y donde están incluidas ayudas para agricultores, industria agro-alimentaria medio forestal y diversificación de la actividad económica en los pueblos.
Entre las nuevas medidas que se quieren incluir en el programa, y a las que ha tenido acceso eldiario.es/clm, se encuentran las inversiones en infraestructuras dedicadas a la modernización y transformación del regadío, las acciones de formación de agricultores, la incorporación de jóvenes en todas las medidas destacando el compromiso empresarial de la incorporación, servicios básicos para poblaciones rurales, la producción integrada, el fomento de la creación de agrupaciones y organizaciones de productores, y las ayudas directas, por primera vez, a las explotaciones incluidas en la Red Natura 2000.
“Es todo de enorme trascendencia porque en esto se asienta la economía y el medio rural en el que vive una parte muy importante de la población en Castilla-La Mancha, un instrumento de enorme importancia para los próximos ocho años”, ha resaltado el consejero.
De hecho, la Consejería ha encontrado “dificultades” para esta aprobación antes de que finalizara el año. Entre ellas, principalmente la falta de interlocución con Bruselas, que ahora se ha “retomado”, y un documento con casi 500 observaciones de la Comisión Europea donde se contemplaban “enormes lagunas” que la Junta ha tenido que solventar. Por eso, y aunque ahora el Gobierno castellano-manchego quiere modificar y mejorar el contenido, el consejero no duda en hablar de “éxito en tiempo récord”.
