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Juzgan al alcalde de Ontur por un presunto delito de prevaricación

Adjudicó un contrato para construir el Centro de Día de la localidad sin seguir las bases del concruso público a una empresa que no era la oferta más económica.

Se enfrenta a ocho años de inhabilitación para cargo público.

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Ontur (Albacete) / Foto: PP Ontur

Ontur (Albacete) / Foto: PP Ontur

El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete tiene previsto juzgar este martes, 26 de mayo, al alcalde de Ontur (Albacete), Joaquín López Escudero, por un presunto delito de prevaricación, por el que la Fiscalía le pide ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, siendo el acusado alcalde de la localidad albaceteña, el 27 de mayo de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del Pleno de Ontur para construir un Centro de Día con estancias diurnas.

Un anuncio en el que se establecían los requisitos técnicos, los plazos, la documentación necesaria y en el que el presupuesto base de licitación se fijaba 373.380 euros, que se financiaría con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

El 12 de junio se constituyó la mesa de contratación para la adjudicación del mencionado contrato y, tras examinar las cinco propuestas presentadas, advirtió que en una de ellas faltaban por presentar los sobres relativos a documentación y a mejoras valoradas económicamente.

Como eran errores subsanables, se acordó darle un plazo de tres días a esta empresa para que presentara la documentación que faltaba.

La mesa se reunió el 18 de junio, acordando estudiar en profundidad varias de las ofertas, y de nuevo el 22 de junio, y decidió proponer la adjudicación a una empresa que, pese a que no era la económicamente más ventajosa, ofertaba una mejora inmobiliaria y asumir los excesos de obra.

El 23 de junio, la interventora del Ayuntamiento emitió un informe advirtiendo al alcalde, ahora acusado, que, pese a no ser vinculante la decisión de la mesa a la que tomara el órgano de adjudicación, la propuesta de la mesa de adjudicación no se ajustaba a los criterios recogidos en las bases, ya que el criterio de adjudicación era el de ser la más ventajosa económicamente.

A pesar de ello, el acusado, Joaquín López Escudero, como alcalde presidente del Pleno y sin hacer caso a la advertencia de ilegalidad de la interventora, aprobó el decreto de adjudicación provisional del contrato de las obras de construcción del centro.

Ante ello, el 21 de julio, la secretaria-interventora del Ayuntamiento emite un informe en el que de nuevo informaba desfavorablemente de la adjudicación a esa empresa, al entender que no se ajustaba a las bases, pero mediante decreto de ese mismo día el alcalde aprobaba, por resolución de Alcaldía, la adjudicación definitiva.

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