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Ley Antifracking: llega el turno de las Cortes para ‘sortear’ al Constitucional

La normativa castellano-manchega contra la fractura hidráulica no prohíbe su práctica sino que impone requisitos que buscan impedir los permisos

Es la fórmula por la que ha optado la Junta para que el Tribunal Constitucional no tumbe la ley por conflicto competencial, como ha sucedido en otras comunidades autónomas

Ya aprobada por el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley iniciará su tramitación parlamentaria para su aprobación antes del verano

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El proyecto de Ley por el que se establecen limitaciones y restricciones para la realización de prácticas de fractura hidráulica en Castilla-La Mancha, popularmente conocido como Ley Antifracking ya está en las Cortes regionales. El Consejo de Gobierno le dio el visto bueno a principios de diciembre y en el próximo periodo de sesiones será el turno de los grupos parlamentarios. El deseo del Gobierno regional es que esta normativa, una promesa electoral del presidente, Emiliano García-Page, se apruebe por consenso y pueda hacerse efectiva antes del próximo verano.

Esta norma establece una serie de requisitos que buscan impedir la realización de estas prácticas en la comunidad autónoma. No prohíbe la realización de la actividad, puesto que esa tarea es competencia del Gobierno central, y ha sido el motivo por el que en comunidades como Navarra, Cantabria o La Rioja, sus respectivas normas de prohibición han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional. 

¿Cómo lo hará entonces la Junta de Castilla-La Mancha? Consciente de la imposibilidad de prohibir la actividad, se ha fijado en las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea sobre los métodos de extracción de hidrocarburos, y lo que pretende es restringir las medidas de prevención de tal manera que su práctica sea casi imposible.

Para ello, la Junta ha elaborado junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha una ley donde se establecen medidas adicionales (que sí son competencia autonómica) de protección de la salud pública y del medio ambiente. En el texto de la ley se parte del hecho de que dicha técnica plantea problemas específicos como el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los productos químicos utilizados, la emisiones de gas metano y la sismicidad.

Todos los requisitos estarán precedidos de un Plan Estratégico de la utilización de la Fractura Hidráulica, que debe incluir cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

Obligaciones: autorización previa, planes de gestión y control de vertidos

Para conseguir esa autorización previa, todas las operaciones de ‘fracking’ deben cumplir numerosos requisitos. El primero de ellos es un estudio pormenorizado del emplazamiento, con información geológica del mismo en cuanto a la calidad del agua, del aire y del suelo, la presencia de metano, la sismicidad, la biodiversidad y los pozos existentes. De hecho, se debe garantizar la integridad de los pozos mediante un diseño y una construcción correcta. Estos además serán revidados por un tercero independiente y cualificado para determinar su rendimiento.

Otra obligación será presentar planes de gestión, en los que deben incorporarse los recursos hídricos específicos para el proyecto, el transporte para minimizar las emisiones atmosféricas, y los gases para su captura y utilización posterior. Y ahí no terminan las medidas de prevención. La Ley establece específicamente que los operadores encargados de estas prácticas estarán obligados a paralizar las operaciones y tomar medidas correctoras en caso de problemas de integridad del pozo o vertidos en las aguas subterráneas. A estas empresas también impone la Junta el seguimiento periódico de la instalación y una garantía financiera que cubra las condiciones de la autorización y las responsabilidades por daños al medio ambiente.

Un dato destacable es que este proyecto de ley tiene carácter retroactivo en lo referente a las condiciones del plan estrátegico (zonificación y evaluación de riesgos). Es decir, se aplicará a los permisos ya concedidos o en tramitación referentes a fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha, actualmente se realizan estas prácticas en el Campo de Montiel (zona limítrofe entre las provincias de Albacete y Ciudad Real) y en el norte de Guadalajara (Proyecto Cronos autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente). Ningún permiso nuevo, concluye el borrador, se otorgará en la región mientras no se apruebe el plan estratégico.

La nueva ley no supondrá inversiones adicionales

En un principio, el coste de aplicación de esta norma será cero. Así lo refleja el informe justificativo de no incidencia económica elaborado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre la nueva norma. En el mismo se explica que al existir varios titulares de permisos de investigación de hidrocarburos con derechos otorgados en esta comunidad autónoma, debe valorarse su posible daño económico a la entrada en vigor de la ley como consecuencia de una posible reclamación de responsabilidad patrimonial. 

Medio Ambiente advierte de que puesto que no se encuentran autorizados aún los sondeos susceptibles de utilizar la técnica de fracking, pues están condicionados a la previa evaluación de impacto ambiental, “no existirían derechos adquiridos de los que derivasen responsabilidades patrimoniales” por parte del Gobierno regional. Todo ello en virtud de la Disposición Transitoria Segunda del proyecto de Ley, que establece que las previsiones contempladas en la norma (es decir, los requisitos que buscan impedir el ‘fracking’) se aplicarán a los trabajos específicos de los permisos “ya concedidos o en tramitación” para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en Castilla-La Mancha.

Además, las previsiones con las que trabaja el Gobierno castellano-manchego es que a nivel nacional se den los pasos necesarios para que la fractura hidráulica se prohíba desde las Cortes Generales, es decir que sea una práctica ilegal en España. En esta comunidad autónoma se elaboraría un Plan Estratégico que delimitaría las exigencias para que las peticiones de empresas se prolongaran al menos dos años. Contando con que el proyecto podría aprobarse en la primavera de 2017, el consejero ha confiado en que para la primavera de 2019 el fracking “ya esté prohibido en España”.

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