Medio Ambiente asegura que resolverá las anulaciones del Constitucional en el trasvase Tajo-Segura
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha respondido ante la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Trasvase Tajo-Segura, señalando que subsanará rápidamente y con las “mayores garantías” las disposiciones anuladas por el Tribunal en los preceptos de la Ley de Evaluación Medioambiental. Medio Ambiente las ha definido como “defectos de procedimiento en la tramitación parlamentaria”
Dicho Ministerio asegura que el Tribunal ha avalado la constitucionalidad del trasvase entre ambos ríos, y que la sentencia que se ha publicado sólo afecta al proyecto en términos “puramente formales”. En este sentido, el único problema que se detecta es la omisión de consulta a la Comunidad de Aragón, algo que se prevé en el Estatuto de Autonomía aragonés. Medio Ambiente señala también que los preceptos que han sido anulados vienen de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a la hora de tramitar el proyecto de la Ley de Evaluación Ambiental.
Por otro lado, señalan que el resto de los motivos que ha presentado el Parlamento de Aragón no han sido estimados por el Tribunal como las que se referían a la cesión de derechos en el uso de infraestructuras que comuniquen dos cuencas y la que señalaba que la Ley vulnera el principio de prioridad de la cuenca cedente o la reserva de ley que dispone las condiciones de las transferencias hídricas. El MAGRAMA subraya que esto es lo que confirma la constitucionalidad del contenido del acuerdo, que ha sido aprobada por el resto de las otras Comunidades Autónomas.
El departamento de Tejerina subraya incluso que la reforma refuerza las garantías ambientales de la cuenca del Tajo, al subir la reserva del agua de la misma hasta los 400 hm3. La Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera ha desmentido que se trate de un mero formalismo, puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional incide en que no se puede llevar a cabo una política de aguas sin tener en cuenta todas las comunidades autónomas por las que pasan los ríos del trasvase.
La Plataforma asegura que se trata de un “auténtico varapalo” al ministerio de Agricultura, que, según señala el colectivo, han llevado a cabo una política al margen de la legalidad, “troceando” los ríos para los intereses políticos de los Presidentes de las comunidades autónomas. En el caso del Tajo, señalan, se han priorizado los intereses de particulares en detrimento de los intereses constitucionales de los ciudadanos que habitan la demarcación hidrográfica del Tajo.
