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El PSOE quiere que el Congreso pida a Rajoy que niegue a Cospedal aplicar el “pucherazo” electoral
Se trata de una proposición no de ley que deberá ser debatida en la Comisión Constitucional del Congreso, que preside precisamente otro correligionario de Cospedal: el presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón. García-Tizón es uno de los “hombres fuertes” de Cospedal en la región y afronta los que seguramente serán sus últimos meses en la política activa, ya que todo hace indicar que se apartará de la misma en la próxima legislatura. Así, la nueva ley electoral regional será debatida por un organismo a nivel nacional dirigido por uno de los miembros más ligados a la línea de Cospedal dentro del Partido Popular de Castilla-La Mancha.
Según argumentan los socialistas, la reforma electoral de Castilla-La Mancha, que reduce el número de diputados por provincia en las Cortes regionales, “resulta incompatible con los estándares democráticos internacionales” pues fue aprobada unilateralmente por el PP a menos de un año de los comicios autonómicos.
Alegan que el Consejo de Europa establece en su 'Código de Buenas Prácticas en Material Electoral' que los elementos fundamentales del derecho electoral no deben modificarse menos de un año antes de una elección y que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) establece que cualquier reforma electoral con unos comicios próximos sólo debe acometerse “en casos extraordinarios” y siempre y cuando exista amplio consenso político.
Con su iniciativa, firmada por sus siete diputados de las provincias castellano-manchegas, el PSOE pretende que el debate sobre el sistema electoral de la comunidad autónoma trascienda del ámbito regional y se debata en el Congreso para que tomen posición todos los grupos políticos.
Los principales grupos de la oposición en el Congreso ya rechazaron la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que impulsó Cospedal para poder modificar la legislación electoral autonómica. El PSOE incluso la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mes de diciembre rechazó la impugnación avalando el cambio estatutario.
