El PSOE presenta una querella por calumnias en contra del subdelegado de Gobierno en Guadalajara
El PSOE alcarreño presentará una querella por calumnias en contra del subdelegado de Gobierno en Guadalajara y secretario general del Partido Popular en la provincia, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco. Sánchez acusó en su última intervención en el programa “El Cascabel” de 13 TV a los socialistas alcarreños de ser responsables de una “financiación ilegal”. El PSOE ha respondido, señalando que se trata de acusaciones “rotundamente falsas” y que forman parte de una “operación orquestada” por el Partido Popular que empezó con una “denuncia falsa” contra miembros del Gobierno municipal en Azuqueca de Henares.
Eusebio Robles, vicesecretario provincial del PSOE en Guadalajara, ha calificado la intervención del subdelegado de Gobierno alcarreño como “disparatada, maliciosa e insultante” y ha afirmado que “no queda más remedio” que acudir a la justicia, debido a la “gravedad” de las afirmaciones. Los socialistas han señalado además que, debido a la condición de subdelegado de Gobierno de Sánchez-Seco, el político debería mantener una posición neutral, de cara al próximo proceso electoral del 24 de mayo. En este sentido, han señalado que el “popular” se comporta de forma “sectaria y maliciosa” poniendo su labor como líder del PP en Guadalajara, por encima de sus obligaciones oficiales.
El PSOE de Guadalajara ha señalado, además, que Sánchez-Seco está imputado por presunta prevaricación desde el año 2010. El “popular” está acusado de haber concedido licencias de edificación en suelo público no urbanizable, durante su mandato como alcalde de la localidad de Pastrana. Los socialistas han añadido que el subdelegado de Gobierno llevaba ya un año en este proceso judicial cuando fue ordenado en este puesto y también nombrado como secretario general del Partido Popular en la provincia.
Sánchez Sánchez-Seco declaró en 2011 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, acusado de haber permitido, presuntamente, la construcción de adosados y viviendas en Pastrana entre 2006 y 2007, a pesar de saber que se trataba de un acto ilegal. El exalcalde de la localidad alcarreña reconoció durante su declaración que las licencias se concedieron cuando todavía estaban “pendientes de urbanización”, pero puntualizando que no sabía que estaba incumpliendo la ley, según la documentación a la que accedió el diario Público.
