Una renta mínima estatal como “activadora” del empleo y la economía
En Castilla-La Mancha, un 36,7% de la población, alrededor de 700.000 personas, se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Es la segunda región donde más ha crecido esta tasa según los datos del indicador europeo AROPE. Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, se contempla una partida de 48 millones para el fondo de apoyo a la familia de los que a Castilla-La Mancha corresponderán aproximadamente unos dos millones de euros, en función de su población.
Es una cifra “claramente insuficiente” para la Red europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en la región, que alerta de que ante esta situación finalmente tendrá que ser el Gobierno autonómico quien asuma gran parte de las partidas sociales. La EAPN calcula que solo en nuestra comunidad autónoma harían falta 5.000 millones de euros para hacer frente los efectos de la pobreza. Si la Junta hace frente a ese gasto, tal y como tiene previsto, dejará de invertir en otras políticas sociales complementarias, porque el Gobierno central no aporta lo suficiente.
Se trata de una cuestión que, según esta organización, podría solucionarse con la aprobación de una renta mínima de carácter estatal para personas empobrecidas o en riesgo de exclusión. Es una reivindicación que EAPN lleva realizando desde hace años para combatir la situación de personas sin ingresos, para protección de la infancia o para pobreza energética.
A la vista del anteproyecto de los PGE para 2016, las partidas sociales que se habían recortado y que ahora de nuevo aparecen “siguen siendo insuficientes y dejan mucho que desear”, afirma Carlos Susías, director de esta Red en Castilla-La Mancha. “Se olvidan de que las políticas que se necesitan deben ser activadoras del empleo y de la economía; cuando hablamos de una renta mínima, nos referimos a una ayuda directa que las personas no van a gastar en planes de inversión sino en comprar lo básico, en ir a tiendas, y eso genera empleo y dinamismo económico”.
Actualmente, existe en la región un Ingreso Mínimo de Solidaridad de 372 euros, una de las coberturas “menos intensas y extensas” de España y que el Gobierno regional haga un esfuerzo para mejorarlo es “positivo”, pero para la EAPN, afrontar las situaciones de pobreza debe ser “una política de Estado”. Con una renta mínima estatal esos fondos que la comunidad autónoma está dedicando a garantizar las necesidades básicas se podrían derivar a otras políticas de inclusión, infancia, juventud y mayores, para “generar más empleo y desarrollo económico” en la comunidad autónoma.
“El Estado ha estado forzando a las comunidades autónomas a que reduzcan determinadas partidas, que al final se ha materializado en reducción del gasto social. Eso en Castilla-La Mancha se ha acentuado mucho más. El estado tiene que asumir un mecanismo de rentas mínimas para que cada comunidad autónoma pueda complementarlo según sus características”, concluye Susías.
