“Reparos de legalidad” en certificaciones de eficiencia energética de la Diputación de Guadalajara
La Intervención de la Diputación de Guadalajara ha encontrado “reparos de legalidad” en una veintena de obras de las 56 que componen el Plan de Eficiencia Energética aprobado en 2015, que se está ejecutando a lo largo de este año. Los proyectos afectados suman más de medio millón de euros, un tercio del montante total del Plan, según ha detallado el Grupo Socialista de la institución provincial. Afirma que las irregularidades detectadas en la fiscalización responden a la “omisión de trámites esenciales en el expediente”, a la luz de los informes emitidos por la interventora, que exigen “mayor rigor en la elaboración, supervisión y replanteo de los proyectos de obras”.
El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha asegurado que se trata de “un asunto grave”, sobre todo porque en estos dos últimos meses se han multiplicado de forma alarmante las certificaciones de obras de eficiencia energética que presentan algún incumplimiento legal, hasta el punto de convertirse en habituales. “Solo en el mes de agosto se detectaron 14, y tres más en lo que va de este mes”.
También precisa que los reparos de legalidad están siendo subsanados en la Junta de Gobierno –compuesta exclusivamente por vocales del PP– mediante la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, un procedimiento reservado para casos extraordinarios en los que se han producido errores o descuidos en la tramitación o en los plazos legales.
“Sin embargo, parece que en vez de enmendar los errores y evitar las causas que han originado la reiteración de estas situaciones de ilegalidad, el Equipo de Gobierno ha decidido hacer caso omiso de los informes desfavorables de la Intervención y acudir al reconocimiento extrajudicial como forma habitual de aprobación de las certificaciones de obra del Plan de Eficiencia Energética”, ha señalado García.
El Grupo Socialista considera inaceptable esta actitud, “que desafía y menosprecia la legalidad”, puesto que las advertencias formuladas por la Intervención constituyen un mandato legal que el Equipo de Gobierno “debe atender”. Por eso, ha presentado una moción al próximo pleno de la Corporación en la que insta al presidente, José Manuel Latre, a que adopte de manera urgente las medidas precisas para corregir las causas que han dado lugar a esta situación.
