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El Supremo rechaza resolver el contrato de explotación de la autopista Madrid-Toledo

El Alto Tribunal entiende que las empresas adjudicatarias ya fueron compensadas tras solicitar un reequilibrio económico-financiero de la concesión

La sociedad que gestiona la autopista se consideraba perjudicada en volúmenes de tráfico-y por tanto ingresos- tras no construirse otra autopista entre Toledo y Córdoba

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EFE

Las consecuencias de la crisis siguen teniendo efectos en las autopistas aprobadas o construidas en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo ha  desestimado el recurso interpuesto por la Autopista Madrid-Toledo C.E.A., S.A. (formada por las empresas  Corsán-Corviam, S. A., Comsa, S. A., Azvi, S. A., Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S. A. y Banco Espirito Santo) contra la desestimación del Consejo de Ministros de resolver el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista de Peaje Madrid-Toledo.

La propietaria de la autopista alegaba la imposibilidad de ejecutar las prestaciones en esta vía en los términos inicialmente pactados como consecuencia de que, por problemas medioambientales, no se construyó la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba que debía entrar en funcionamiento al mismo tiempo su homóloga Madrid-Toledo.

La concesión se otorgó por un plazo de 36 años y la autopista Madrid-Toledo (AP-41) entró en funcionamiento en diciembre de 2006 enlazando la  R-5 a la altura de Moraleja de Enmedio para discurrir al oeste de la A-42. Al no construirse la citada autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba la concesionaria perdía volumen de tráfico y, por lo tanto ingresos.

La sociedad optó entonces por reclamar un reequilibrio económico-financiero de la concesión derivado de la no construcción de la citada autopista Toledo-Córdoba. El propio Supremo estimó su demanda en el año 2011. Cuatro años después, el Gobierno aprobó un Real Decreto de compensaciones a abonar entre 2016 y 2045 a la sociedad en cumplimiento de la citada sentencia del Supremo.

Ahora, el Alto Tribunal entiende que no se justifica su nueva petición, en este caso de  resolución del contrato, debido a que ya le fueron concedidas compensaciones derivadas de su petición de reequilibrio económico-financiero. Una postura que coincide con la planteada por el Abogado del Estado.

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