El TSJCLM y el Ministerio Fiscal deniegan la readmisión de los interinos ante la negativa de la Junta
Los sindicatos litigantes por la readmisión de 391 trabajadores interinos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha despedidos en agosto de 2012 han recibido la resolución judicial por la que se deniega la ejecución provisional de la sentencia. STAS y UGT solicitaban la readmisión de los trabajadores en sus puestos , argumentando que su reincorporación generaría beneficios tanto para la Administración como para los afectados, quienes percibirían sus retribuciones y demás derechos vinculados, mientras que la Junta de Comunidades obtendría el beneficio de los servicios prestados por los trabajadores a la Administración.
El Auto señala también que la Junta de Comunidades manifestó, en un primer escrito, considerado “ambiguo” por el Tribunal, que colaboraría con la Sala en la readmisión de los funcionarios. Sin embargo, en un segundo escrito, fechado el 8 de abril, la Junta “afirma con rotundidad” que no se está conforme con los beneficios que se obtendrían para la Administración Pública. De este modo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se opone a readmitir a los funcionarios, afirmando que se derivarían perjuicios de difícil reparación para la Administración.
Esta respuesta de la Junta va en contra a las declaraciones públicas hechas por la Presidenta de la Comunidad, María Dolores de Cospedal, quien afirmó en una entrevista en Antena 3 el pasado 7 de febrero que “readmitiremos a estas personas, volveremos a crear los puestos de trabajo en la forma que sea procedente jurídicamente hablando y, paralelamente, recurriremos la sentencia. Las dos cosas.”
Por su parte, el Ministerio Fiscal considera que la Administración tendría que dotar todos los puestos desempeñados por los interinos, y permitir que cada uno pudiera reincorporarse, ante lo cual “rechaza frontalmente” la ejecución provisional de la sentencia, argumentando que si se llegase a estimar el recurso de casación interpuesto por la Administración ante el Tribunal Supremo el pasado 10 de febrero, se entraría en una serie de actos administrativos innecesarios con repercusión de difícil reparación del gasto público.
La herencia al próximo Gobierno regional
Esta negativa de readmisión alargará el proceso en un periodo que puede alcanza varios años hasta que haya sentencia del Supremo. Hoy, los sindicatos calculan que la deuda ronda los 20 millones de euros, ya que se alcanzan los 20 meses de salarios pendientes, y por cada día que pasa la deuda se incrementa en más de 30.000 euros, teniendo en cuenta que el sueldo medio de cada auxiliar administrativo ronda los 1.600 euros en bruto. Así, si el proceso tarda efectivamente entre 18 y 24 meses más en resolverse, como calculan los abogados sindicales, la deuda podría ascender a casi 40 millones de euros, si se resuelve favorablemente hacia los trabajadores. Pero ese será ya un problema que habrá heredado el próximo gobierno regional.
