Veinte pueblos ganan el litigio a la Confederación del Júcar y no tendrán que pagar una obra millonaria

El Tribunal Supremo ha dado la razón a una veintena de municipios de la provincia de Albacete a los que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) les exigía un pago aproximado de 14 millones de euros por unas obras de canalización para llevar agua desde Albacete a sus pueblos, aprobadas hace diez años por el Ministerio de Medio Ambiente bajo el mandato de Cristina Narbona.  Estas obras, llamadas de emergencia, fueron amparadas entonces por un Real Decreto del Gobierno de  España que posteriormente quedó declarado nulo por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Según ha explicado el alcalde de Peñas de San Pedro, Antonio Serrano, que fue uno de los promotores de poner el asunto en manos de los tribunales, junto a los ediles de Alcadozo y Pozohondo, ellos “ni pidieron ni conveniaron” estas obras, afirmando que se las “impusieron” a cambio de que fueran los propios municipios afectados quienes sufragaran la obra, que consistía en una canalización de unos 30 kilómetros desde la capital a sus términos municipales.

Aunque el Tribunal Supremo ratificó en febrero de 2016 la sentencia emitida en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que les exime de tener que hacer frente a pagos millonarios que les reclamaba la CHJ, no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho público porque, como han explicado, aún hay ayuntamientos que están recibiendo las “misivas positivas”.

“Ha sido el triunfo de David contra Goliat”, ha asegurado, porque no tendrán que pagar las tarifas que les “querían imponer desde la Confederación”. Tarifas, que en el caso de Peñas de San Pedro suponía un desembolso anual de 100.000 euros durante 25 años, hasta cubrir una deuda total superior a los 2,7 millones de euros, o de 136.000 en el caso de Alcadozo, hasta pagar 3,4 millones.

Según ha continuado el alcalde de Alcadozo, Ángel Alfaro, su prioridad era “defender” los intereses de sus vecinos porque no podían hacer frente a esos gastos que les habían “impuesto”. En el caso de su municipio llegó incluso a afectarle a la hora de ser beneficiario de los planes de empleo ya que figuraba como “moroso” en la CHJ.

“Nosotros no teníamos problemas de agua, nos abastecíamos de nuestros pozos subterráneos y no necesitábamos una conducción e 30 kilómetros”, ha explicado Antonio Serrano.

De esta forma, finaliza una “batalla” legal que, aseguran, habría “hipotecado” a sus vecinos de no haberles dado la razón, ya que se anulan las liquidaciones correspondientes al periodo de 2009 a 2012 y, al sentar jurisprudencia, todas las sucesivas.