La amenaza del fracking resucita en la provincia de Albacete
La decisión del Gobierno central de llevar al Tribunal Constitucional la ley que impide ‘de facto’ el fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas o petróleo) en Castilla-La Mancha no ha tomado por sorpresa a las plataformas que, desde hace años, han salido a la calle clamando contra esta práctica que ha llegado a tener proyectos en Guadalajara, Campos de Montiel y La Mancha y el sureste de Albacete (zona de Hellín y Tobarra).
Ahora y a la espera de que el Constitucional tome una decisión, la sombra del ‘fracking’ planea de nuevo, especialmente en la provincia de Albacete. Para entenderlo hay que mirar a la Región de Murcia donde la plataforma ciudadana ‘Cuenca del Segura libre de Fracking’ dice que Oil and Gas Capital, empresa titular de los proyectos Escorpio y Leo, éste último comprende también la provincia de Albacete, ha solicitado permiso para la perforación del pozo del Río Segura 3 ubicado en el municipio murciano de Calasparra. Un sondeo que está previsto que llegue a los 2.500 metros de profundidad en busca de gas no convencional. Según María Cano, de la plataforma, “las prospecciones empezarían, en principio, esta misma primavera”.
Este proyecto afecta de forma indirecta a la provincia de Albacete ya que el temor ahora es que, una vez solicitadas las prospecciones para Escorpio, la empresa Oil and Gas Capital, haga lo propio con Leo, el proyecto que sí toca suelo albaceteño. Al menos así lo piensan los miembros de la plataforma contra el fracking en Hellín, Tobarra y Ontur ya que están convencidos de que ambos proyectos “van de la mano”. Lo dice Rebeca Cañavate, miembro del colectivo que espera que el Constitucional no tumbe la ley castellanomanchega. “Ahora mismo el Leo está paralizado pero si desde Madrid echan para atrás la ley estaríamos en las mismas que con el Escorpio. Son la misma empresa y no hay ni 30 kilómetros de distancia de un proyecto a otro”, cuenta a esta redacción.
Ambos proyectos, Leo y Escorpio, fueron aprobados en el año 2013, el primero con el visto bueno de Castilla-La Mancha, entonces gobernada por Cospedal, y con el de la Región de Murcia, que todavía hoy dirige el Partido Popular. Tras lo comicios autonómicos del 2015 y con el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha la política en materia de fracking cambió en esta región y es totalmente opuesta a la de Murcia donde no se ha puesto, hasta ahora, frenos al fracking.
De comenzar con los sondeos en el proyecto Escorpio, la provincia de Albacete también se vería afectada ya que el lugar señalado para hacerlos está sobre el Acuífero El Molar, cuya mayor superficie está en territorio albaceteño, por el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas a causa de las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica. El fracking, dice Cañavate, no sólo tiene efectos ambientales, “que los hay, sino que afectará también a las Denominaciones de Origen como la D.O Vino de Jumilla, y la D.O. Pera de Jumilla, además de la del Arroz de Calasparra”, de las que viven muchos agricultores y empresas agroalimentarias de toda la zona. Además, insiste en que se sabe que “allá donde ha llegado al fracking los terrenos han quedado devastados”.
Sin amenazas en La Mancha y Campos de Montiel
El miedo que ahora viven en el sureste albaceteño contrasta con una sensación de cierta tranquilidad que se vive en La Mancha y Campos de Montiel. También aquí fue la empresa Oil and Gas Capital quien consiguió en septiembre de 2012 los permisos de investigación de hidrocarburos. En concreto,su autorización se ampliaba a los bloques de Esteros, Almorada y Nava. La inversión prevista sería de 6,45 millones de euros y la vigencia del permiso de seis años.
Pero “un buen día la empresa dijo que se iba y se fue”. Así lo cuenta Antonio Sánchez, miembro de la Plataforma contra la Fractura hidraúlica del Campo de Montiel y La Mancha, y vecino de El Bonillo. Es por eso que ante el recurso del Gobierno de Rajoy no ven peligrar su entorno más cercano.
Por eso y porque están convencidos de que la ley autonómica, que entró en vigor a mediados del mes de abril y que ahora revisan en el Constitucional, no interfiere en las competencias estatales en materia de hidrocarburos y “en ningún momento se habla de prohibición”, explica Sánchez, sino que se fundamenta en competencias autonómicas “como medio ambiente, sanidad y urbanismo”. En base a ello, dice el miembro de esta plataforma, “pensamos que va a fallar a favor de CLM el Constitucional”.
