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Los conserjes del Museo del Ejército Español, sin derechos y con salarios de subsistencia

Foto: Europa Press

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El sindicato Comisiones Obreras denuncia que la nueva empresa adjudicataria de los servicios de conserjería del Museo del Ejército (Proman Servicios Generales SL) pretende mantener las condiciones leoninas de su predecesora (Ombuds Servicios SL), pero además rebajar los salarios cerca de 200 euros mensuales.

Los trabajadores venían cobrando unos 750 euros al mes incluyendo pagas extras, horas extras y trabajo en festivos, y ahora pretenden que cobren poco más de 500 euros.

Ombuds, según denuncian, mantenía a sus trabajadores con contratos temporales por “obra o servicio”, prorrogándolos entre cuatro y siete años para tras ese tiempo, al término de la concesión, finiquitar todos los contratos pero sin indemnización ninguna y sin asumir ninguna responsabilidad para con los trabajadores.

La nueva empresa (Proman) asegura que el Ministerio de Defensa no incluyó en el pliego de condiciones para la nueva adjudicación la obligación de subrogar los contratos y condiciones de los conserjes según el sindicato, por lo que esta ahora no quiere hacerse cargo de las condiciones precedentes y se considera con las manos libres para imponer unas nuevas.

Al día siguiente de ser despedidos por Ombuds, la nueva empresa, Proman, convocó a los conserjes para anunciarles que en lo sucesivo iban a cobrar 200 euros menos al mes. La mitad de la plantilla rechazó la “oferta” y demandaron a ambas empresas.

El resto de los trabajadores asumieron seguir trabajando forzados por la necesidad, pero rehusaron firmar los contratos que les proponía Proman por considerarlos abusivos y contra sus derechos.

La respuesta de Proman ha sido ir despidiendo uno a uno a los trabadores alegando “bajo rendimiento”; ya sólo quedan cinco trabajadores de los 30 iniciales que no dudan que serán despedidos en los próximos días.

El Museo del Ejército depende del Ministerio de Defensa, y en este como en otros casos son los sistemas de subcontratación empleados por las administraciones los que están generando la degradación de las condiciones laborales al plantear pliegos de condiciones que no contemplan cláusulas que protejan a los trabajadores que prestan servicios para esas administraciones mediante subcontratas. Es práctica habitual que solo se considere el precio de la oferta y otros criterios técnico pero dejando al margen cualquier criterio de índole sociolaboral. La consecuencia es que la merma de precio se termina trasladando a los derechos de los trabajadores del servicio subcontratado o privatizado.

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