El debate sobre la renta mínima llega a las Cortes de Castilla-La Mancha
Aunque los términos para referirse a ello son dispares, el debate sobre la Renta Mínima Garantizada o Ingreso Mínimo de Solidaridad ha sido una constante en España durante la crisis económica, y especialmente en Castilla-La Mancha, donde el indicador europeo AROPE ha llegado a ubicar al 36,7% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Este tema llega ahora a las Cortes regionales a través de un debate general pedido por el Grupo Parlamentario de Podemos y que estará precedido por información del Gobierno regional a este respecto.
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) llevan años solicitando la aprobación de estas ayudas para la gente que ha perdido todos sus ingresos y que no cuenta con lo básico para sobrevivir. Con motivo del aumento de los niveles de pobreza, esta exigencia se ha hecho más firea, con mayor incidencia en esta comunidad autónoma donde los fondos estatales no alcanzan para cubrir parte de esas necesidades básicas.
El ejemplo más claro se encuentra en el Fondo Estatal de Apoyo a la Familia que aparece en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, donde a Castilla-La Mancha tan solo le corresponden dos de los 48 millones de eurosprevistos, cuando harían falta hasta 5.000 millones de euros, según cálculos de la EAPN. Consideran que si el Gobierno regional hace frente a ese gasto, tal y como tiene previsto, dejará de invertir en otras políticas sociales complementarias, porque el Gobierno central “no aporta lo suficiente”.
Se trata de una cuestión que, según esta organización, podría solucionarse con la aprobación de una renta mínima de carácter estatal para personas empobrecidas o en riesgo de exclusión. Es una reivindicación que EAPN lleva realizando desde hace años para combatir la situación de personas sin ingresos, para protección de la infancia o para pobreza energética.
Actualmente, existe en la región un Ingreso Mínimo de Solidaridad de 372 euros, una de las coberturas “menos intensas y extensas” de España y que el Gobierno regional haga un esfuerzo para mejorarlo es “positivo”. El objetivo de la Junta es que se incremente, conforme ha anunciado en varias ocasiones la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, pero para la EAPN, afrontar las situaciones de pobreza debe ser “una política de Estado”.
En Podemos, esta misma semana han puesto el foco sobre este tema. El diputado José García Molina ha defendido una renta mínima que ayude a asegurar condiciones de vida dignas y que luche también contra la situación en la que no queda más remedio que trabajar en un puesto de empleo muy precario. “Hay que llegar a desconectar los ingresos de las personas del empleo, para que no sea la única fuente posible”, ha señalado, subrayando que se deben tomar en cuenta las políticas fiscales y las contribuciones, pero nunca dejando de lado las condiciones de vida dignas de las personas.
