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Colombia entra en la cuenta atrás para regular la eutanasia

La Corte Constitucional da un ultimátum al gobierno colombiano para regular el derecho a morir dignamente. Colombia pasará a formar parte de la corta pero orgullosa lista de legislaciones que reconocen la libertad de sus ciudadanos.

Se garantiza así la disponibilidad de la propia vida, uno de los derechos fundamentales que protegen la dignidad humana, promueven la igualdad entre las personas, y caracterizan el período “entre-siglos” del XX al XXI.

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Cartel por el derecho a decidir sobre la eutanasia, caso de Brittany Maynard / Foto: right_to_die

Foto: right_to_die

Hasta la fecha, Colombia era el único país del mundo en el que la práctica de la eutanasia había sido reconocida como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional. En una sentencia del año 1998 afirmaba que la eutanasia activa (ya fuera en su forma de producción directa de la muerte, o en la de auxilio al suicidio) constituía un derecho de los enfermos directamente derivado del reconocimiento constitucional de la dignidad y la libertad individuales. Según dicha sentencia, siempre que el sujeto sufra una situación terminal con dolores insoportables, el Estado no puede oponerse ni a su decisión de morir ni a la de solicitar la ayuda necesaria para ello; obligarle a seguir viviendo en tales circunstancias “ equivale no s ó lo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (art. 12), sino a una anulaci ó n de su dignidad y de su autonom í a como sujeto moral” (Sentencia C-239/97, de 20 de mayo de 1998, Parte 17). 

Sin embargo, aun contando con una sentencia tan inequívoca como ésta, en casi 18 años 5 proyectos de ley eran tumbados por el congreso, fundamentalmente por motivaciones religiosas. Incluso el nuevo Código Penal del año 2000 hacía caso omiso del alto tribunal penalizando expresamente la eutanasia. 

Es esa misma Corte quien, a través de la sentencia T-970 de 2014, conocida esta pasada semana, exige al Ministerio de Salud que en un plazo máximo de 30 días emita las directrices para que se garantice el derecho a morir dignamente de aquellas personas con enfermedades terminales que lo requieran y así evitar que ante la ausencia de legislaci ó n aplicable se diluyan las garant í as fundamentales de las personas que deciden tomar esa decisi ó n.

El debate legal se reabría con el caso de una ciudadana que desde el año 2012 (tras 4 años de difícil convivencia con un cáncer de cólon, tratamientos quimio y radioterápicos, y numerosas cirugías) solicitaba a su servicio médico la aplicación de una eutanasia. Tanto el médico como la institución al cargo se negaron alegando que la eutanasia era un homicidio que no pod í a consentir o dilemas é ticos, jur í dicos, morales y procedimentales insalvables , respectivamente.

En 2013, tras obtener numerosos rechazos, su caso llegaba a la Corte Constitucional. La mujer falleció antes de que fuera considerado efectivo y legal el derecho a disponer de su propia vida por el contínuo, intenso, e irremediable sufrimiento que vivía.

Carlos Gaviria Díaz, en su momento magistrado ponente de la histórica sentencia de 1998, afirmaba a los medios que este debate debe darse sobre argumentos de raz ó n p ú blica y no privada, no basados en pensamientos religiosos porque Colombia es un estado pluralista. Si un m é dico se niega a realizar el procedimiento por ser cat ó lico, cosa que es respetable, los hospitales p ú blicos deber á n tener dentro de su personal doctores que garanticen este derecho. El art í culo 11 de la constituci ó n defiende el derecho a morir dignamente. La orden que acaba de dar la Corte demuestra que este tribunal contin ú a siendo m á s progresista que el Congreso. El tiempo ha pasado y el pa í s ya est á m á s preparado para asumir este debate.

La cuenta atrás ha comenzado. La pelota está ahora sobre el Ministerio de Salud quien debe establecer los criterios básicos (definición de terminalidad, criterios de inclusión, herramientas de control, etc) para la regulación y aplicación del derecho.

Abya Yala sigue avanzando a las empolvadas social-democracias europeas en la consideración de los derechos humanos y de lo que en el siglo XXI se considera una vida digna.

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