Jesús Bárcenas defiende que CEOE conocía y avalaba su salario en CEPYME

La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión para los ex presidentes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Jesús Bárcenas López y Jesús Terciado Valls como autores materiales de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial de otro delito continuado de apropiación indebida. La Fiscalía reclama la misma pena, como cooperadores necesarios, para los ex secretarios generales de la patronal José Alberto González Ruiz, José Manuel Vilar Martínez y Gonzalo Garnica Esteban.

Este lunes los ex presidentes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Jesús Bárcenas -que también fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM-  presidió la patronal nacional de las pymes, un cargo considerado honorífico sin derecho a retribución salvo el reembolso de los gastos y dietas acreditados por su actividad.

Designó entonces a José Manuel Vilar Martínez como secretario general de la asociación y entre ambos y supuestamente “ocultándoselo a los órganos colegiados”, acordaron “de común acuerdo” dotar de un sueldo al presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa. 

Así, formalizaron el alquiler de un coche de alta gama por un precio de 5.365 euros mensuales a una empresa que pertenecía a Bárcenas y de esta forma se habría embolsado el dinero que endosaba al apartado de “gastos de representación” para que el resto de los asociados no tuviera un conocimiento preciso del origen dicho gasto.

La tarea del secretario general consistía en que el desembolso económico mensual que la CEPYME hacía a su presidente no constara, supuestamente, en los libros contables porque, de hecho, no contaba con la autorización expresa de la Asamblea General ni de ningún organismo colegiado.

Jesús Terciado, sustituto de Jesús Bárcenas en CEPYME, habría ideado otra fórmula entre junio de 2010 y octubre de 2012 junto a sus secretarios generales, José Alberto González y Gonzalo Garnica Esteban, “para remunerar al presidente” sin ningún tipo de cobertura legal.

El plan era derivar importantes cantidades de dinero a dos empresas de Terciado (a Tecrucyl S. L.314.167,45 euros y a Ingarest S. L. 416.320 euros), “dinero que fue a parar a las arcas del imputado administrador único Jesús Terciado Valls”, según consta en el escrito de la Fiscalía, “Eso sí, cada mes emitían una factura a favor de estas empresas constando como concepto de ”consultoría“.

A partir de octubre de 2012 Terciado y Garnica habrían ideado un artificio contable para justificar el dinero que percibía mensualmente el presidente de Cepyme. A tal fin crearon el “contrato de Alta Dirección” por el que se nombra al presidente “como presidente” con una remuneración de 140.000 euros anuales más dietas y tarjetas de crédito de uso exclusivo.

Sin embargo, en sus informes escritos nunca reflejaron “ninguna partida expresa donde constara una terminología similar a 'sueldo-remuneración-pago al presidente', de modo que cualquier persona que tuviera interés en el conocimiento de si el presidente había sido remunerado, no lo pudo saber”. La propia asamblea General del Cepyme presentó en abril de 2014 un saldo negativo que rondaba los dos millones de euros y dedujo que de esa cantidad, más de la mitad del dinero (1.221.110 euros) había sido detraída entre Bárcenas y Terciado.

Los acusados defienden que sus remuneraciones eran conocidas

Tanto Jesús Bárcenas  como Jesús Terciado han defendido hoy los salarios que percibieron por su “dedicación completa” al cargo, remuneraciones “conocidas por todos” y avaladas por la patronal CEOE, de la que “dependían las cuentas”.

Durante el juicio por  los cinco acusados, integrantes de la antigua cúpula de CEPYME, han indicado que dependían para todas sus actuaciones de la CEOE, tanto económicamente como a nivel de estructura, pues ésta decidía “desde los salarios hasta los puentes”.

Terciado ha declarado que facturaba su sueldo de 12.500 euros al mes a través de dos de sus sociedades porque así lo autorizó el secretario general de la CEOE José María Lacasa, pues empleaba recursos propios como “vehículos y oficinas”.

Una versión que ha contradicho el propio Lacasa, que ha relatado como testigo que no tenía ninguna autoridad en la patronal de las pymes, sólo conocimiento “como de otras organizaciones miembros de la CEOE, pero que son absolutamente autónomas”, por lo que se ha desmarcado de la aprobación de los salarios.

Bárcenas asegura que se “documentaba” su salario

Bárcenas, presidente de la Cepyme entre 2002 y 2010, ha afirmado que la CEOE, con José María Cuevas al frente, dotó de una partida para alta dirección para compensar al presidente y al secretario general, por su “dedicación exclusiva” en el contexto previo a la crisis, en 2006.

Al respecto, ha aseverado que este acuerdo fue comunicado a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo de CEPYME que “en ningún momento manifestaron salvedad alguna” a la formulación de las cuentas anuales, en las que “se documentaban” dichos salarios, que en su caso ascendía a 5.500 euros al mes.

Sobre el pago de 5.365 euros mensuales por el alquiler de un coche oficial a una de sus empresas, Bárcenas ha dicho que éste era un gasto necesario y ha sostenido que su oferta fue “la más competitiva” de cuantas pudieron encontrar ya que “no era el momento, ni para CEPYME ni CEOE para comprar un coche de 120.000 euros”.

Ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, ha afeado a quienes le acusan por su gestión, en la que consiguió “400.000 euros de superávit” e implantó las actividades de auditoría “a fin de que hubiera transparencia”. Razón por la que ha lamentado “el dolor que ha causado a la empresa familiar”, con sede en Valdepeñas (Ciudad Real), este proceso, iniciado en 2014 a raíz de la denuncia de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CONFAES).