Un hospital y una única, y criticada, oferta
En enero de 2015, el Servicio Regional de Salud (SESCAM) aprobó de manera definitiva la licitación del proyecto del nuevo Hospital de Toledo, actualmente un ‘esqueleto de concreto’ en el barrio de Santa María de Benquerencia en la ciudad. La UTE formada por OHL, Acciona y Desarrollo de Construcciones Viarias Dos fue la única que presentó una oferta para el proyecto. Las críticas ante la UTE adjudicataria fueron contundentes, y también fue criticado el hecho de presentarse una única oferta, cuando lo normal para los procesos es de unas cuatro.
Detrás de estas compañías existe una serie de antecedentes que llamaron la atención de los opositores a la adjudicación: el presidente de OHL, Juan Miguel Millar Vir, fue imputado por un “presunto amaño” en la construcción del Hospital Son Espases de Mallorca. En el caso de Acciona, se trata de la empresa concesionaria del proyecto en sus principios, y detrás de Desarrollo de Construcciones Viarias Dos, una empresa con un reducido capital de 13.000 euros, se encuentra Florentino Pérez, presidente de Actividades de Construcción y Servicios S.A (ACS).
Izquierda Unida reaccionó ante estas informaciones, acusando al Gobierno regional de llevar a cabo un “trámite para devolver favores”, y de que la adjudicación estaba “a la medida” de la única oferta que se presentó. “Con estos actores”, señaló Aurelio San Emeterio, concejal de la formación en Toledo, “está claro que la película acabará mal para los ciudadanos y muy bien para los mismos de siempre”. La preocupación de Izquierda Unida, al igual que la de todos los colectivos que se enfrentaron al nuevo proceso de adjudicación era también la adjudicación de la gestión de los servicios no sanitarios de este y otros tres hospitales en la ciudad, además de otros cuatro centros de especialidades en la provincia durante treinta años. “Han vendido nuestra sanidad hasta el 2046”, acusó Javier Mate, coordinador local de la formación.
A pesar de que el presupuesto inicial del proyecto era de unos 1.950 millones de euros, la oferta aprobada rebajó esta cifra en 92 millones, una rebaja sólo del 5% que, al distribuirse en los 30 años de concesión, quedaba en unos 2,3 millones al año para la Administración regional. El sobrecoste de la obra se estimó en unos 500 y 600 por el PSOE regional, pero la Junta de Comunidades aseguró que se ahorrarían unos 2.100 millones de euros.
