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El reto de acabar con la pobreza y la desigualdad

"Es una cuestión de justicia. La ayuda a los más necesitados, a los excluidos por esta crisis, no es una limosna, es un derecho que un estado democrático debe garantizar a todos por igual".

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Foto: EFE

El 9 de mayo se celebra el día Internacional del Comercio Justo, momento en el cual la mayoría de las organizaciones humanitarias han puesto el acento, una vez más, en la situación de pobreza y exclusión en la que viven numerosas personas dentro y fuera de nuestras fronteras, situación a la que hemos llegado por una distribución profundamente injusta de los recursos económicos y agravada por la situación de crisis que vivimos en los últimos años.

En España, la pobreza y la exclusión social han aumentado de manera alarmante desde el comienzo de la crisis, si bien ya existía un grave problema de pobreza estructural anterior en nuestro país. Según Intermon-Oxfam, si en 2007 había 10,37 millones de personas en situación de pobreza y exclusión, lo que equivalía a un 23,3% de la población, en 2012 (último año con datos disponibles consolidados) eran más de 13 millones, un 28,3%. Es decir, se han generado más de 2,7 millones de nuevos pobres en cinco años, medio millón de personas al año.

Cifras muy parecidas arroja el último informe publicado por la red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, en el que se señala que “en los últimos cuatro años, en España no se han seguido los objetivos europeos de reducir la pobreza y la exclusión social, sino que dichos factores han aumentado enormemente”. En el país la cifra de población AROPE, de pobreza y exclusión social según sus siglas en inglés, llega ya un 27,3%, lo que significa unos 12.866.000 españoles viviendo en estas condiciones.

En Castilla-La Mancha las cifras son aún más sangrantes. Un 36,7% de la población, 771.066 personas, se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, según los datos de 2013. Se trata de un crecimiento del 8,1%, en relación al 2009, siendo la segunda Comunidad Autónoma cuyos números más han crecido después de Ceuta

Aún más preocupante es el indicador de pobreza severa, que se refiere a las personas que viven en hogares en las que la renta por persona es igual al 30% de la mediana de los ingresos de la población. En el caso de Castilla-La Mancha el porcentaje de ciudadanos que se encuentra en esta situación llega al 10,56. Se trata de personas que ingresan menos de 4.057 euros al año, es decir, 339 euros al mes. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, Castilla la Mancha es la región con mayor tasa de desnutrición y pobreza infantil (36,9%) de toda España.  Y en la provincia de Cuenca, la tasa de pobreza alcanza ya a 77.767 conquenses, es decir el 36,7% de la población, según datos del indicador AROPE (que incluye también a los pobres con empleo), y que ha puesto de manifiesto Cáritas en su documento de propuestas destinada a las formaciones que participan en las elecciones del próximo día 24 de mayo.

Hemos conocido además los últimos datos del Barómetro Sanitario (encuesta anual del gobierno sobre sanidad) según los cuales, aproximadamente 2,4 millones de españoles aseguran que no pueden pagar los medicamentos que le fueron recetados. Según Cruz Roja las necesidades básicas que intentan cubrir desde su organización, incluyen la luz, agua, alimentos y medicamentos. La última reforma sanitaria del gobierno en 2012 aumentó el copago de medicamentos y excluyó a más de 400 de la financiación pública.

Con este panorama, España es el segundo país más desigual de Europa, tan solo por detrás de Letonia. Y es también el país en el que el sistema fiscal es menos efectivo en la reducción de la desigualdad. Mientras el 1% más rico de la población española concentra más riqueza que el 70% más pobre, las políticas adoptadas en los últimos años refuerzan esta concentración de riqueza en manos de unos pocos en lugar de procurar una mayor redistribución y equidad. Las decisiones políticas y económicas para salir de la crisis han hecho más ricos a los que ya lo eran.

Recortes en cooperación y ayuda al desarrollo

Y claro, en esta situación, los recortes llegaron a cooperación y ayudas al desarrollo que disminuyeron entre 2009 y 2013 en un 62,2%, a diferencia de Portugal o Grecia, que se han enfrentado a crisis económicas más severas. La ayuda humanitaria española es uno de los ámbitos en el que el recorte ha sido más profundo: un 87% en esos cuatro años, a pesar de ser uno de los ámbitos de mayor compromiso ciudadano. La ayuda humanitaria salva vidas y se enfrenta a numerosas crisis, con un presupuesto insuficiente a todas luces, más aún para un país que cuenta con un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Así las cosas, podemos calificar la situación actual de emergencia social. Desde Podemos así lo creemos y por ello en nuestro programa hemos incluido medidas urgentes, plasmadas en un Plan de Rescate Ciudadano, pensado para los primeros días de gobierno con el objetivo de  atender esta situación indigna, dolorosa y vergonzosa para nuestra región  y que devuelva la dignidad a sus gentes. 

Hay que parar los desahucios, recuperar la vivienda, garantizar por ley el suministro de luz, agua y electricidad, una Renta mínima que se vaya equiparando progresivamente al salario mínimo interprofesional, garantizar la asistencia sanitaria pública y universal, así como a  la educación, garantizar el derecho a la alimentación en las escuelas  de nuestros niños y niñas, rescatar a pymes y autónomos (los que más empleo generan) y a las personas dependientes que están muriendo sin ser atendidos. Y una reforma fiscal progresiva con el fin de que aporten más recursos los que más tienen. No hay que olvidar la solidaridad y nuestra ayuda a los más desfavorecidos de fuera de nuestras fronteras incrementando la ayuda internacional y todo ello, en un marco de verdadera democracia y participación ciudadanas.

Es una cuestión de justicia. La ayuda a los más necesitados, a los excluidos por esta crisis, no es una “limosna” es un derecho que un estado democrático debe garantizar a todos por igual.

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