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Una catedrática de la UCLM advierte: “nos va la salud” en el Tratado de Libre Comercio EEUU-UE

Contenedores de mercancías

Carmen Bachiller

¿Cuál será el grado de firmeza de la Unión Europea en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio EEUU-Unión Europea (TTIP) en cuanto al mantenimiento de sus políticas de protección de la salud y la seguridad alimentaria de los consumidores? Esta es la pregunta que lanza Mª Carmen González Carrasco, catedrática de Derecho civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Centro de Estudios de Consumo (CESCO), en un artículo publicado recientemente.

El TTIP podría afectar notablemente a nuestras vidas pero se habla poco de él y la catedrática comenta no poder “aventurar” lo que ocurrirá con el polémico tratado que desde febrero se encuentra en la duodécima ronda de negociaciones. Lo que tiene claro que “nos va la salud en ello” y por eso invita a los ciudadanos a formarse “su propia opinión”. Sin embargo, la “opacidad” que rodea a las negociaciones  lo hace difícil.

Y es que la letra pequeña de este tratado no está nada clara. En Castilla-La Mancha hay posiciones como la de CEOE Cepyme en Cuenca que se muestran a favor del TTIP. Esta misma semana, la patronal conquense destacaba las ventajas para las empresas. “Permitirá reducir los aranceles, simplificar la normativa y facilitar el acceso a las licitaciones públicas, abriendo oportunidades a nuestras empresas”, sostiene.

Y es que, apuntaba la posibilidad de poner “el foco” en el mercado de los Estados Unidos, especialmente por parte de empresas manufactureras o del sector alimentación. Aquellas que tienen una cuota exportadora mayor a Estados Unidos que las compras que realizan desde este país por lo que, dicen, “la eliminación de barreras comerciales sería positiva para ellos”.

Las empresas podrían obtener beneficios pero… ¿Qué ocurre con los consumidores y usuarios? La catedrática recuerda que el Tratado “está siendo objeto de suculentas críticas” y ante las dudas ha recopilado documentación con  los ‘pros’ y los ‘contras’ del futuro acuerdo. ¿A quién beneficia? ¿Quiénes son los agentes económicos perjudicados?

El documento, explica la catedrática, quiere ser de “consulta” en torno a  textos y opiniones publicadas sobre este proceso de negociación para que los ciudadanos puedan forjarse su propia opinión sobre los efectos que el  Tratado podría tener en sus derechos económicos y sociales. Se trata, dice, de “distinguir los molinos de los gigantes y  permanecer alerta a las consecuencias futuras de las negociaciones”.

Es algo, recuerda la catedrática, que “va mucho más allá que un simple tratado de libre comercio, al planear la armonización de normas, aranceles, reglamentaciones y exigencias administrativas para el comercio, la inversión, los servicios y la ordenación de las profesiones liberales”. Lo que se trata de regular supone alrededor del 60% del PIB mundial y un mercado con cerca de 800 millones de consumidores.

Ventajas para las empresas, sí…pero no para todas

La Fundación Bertelsmann situa a España entre los principales beneficiarios del acuerdo y señala  a nuestras pymes como las agraciadas más destacadas, ya que son ellas las mayores exportadoras (el 93%) en los sectores industriales con más potencial de intercambio comercial con EEUU (alimentación, bebidas, textil, calzado y cuero). Y es que, recuerda, hasta ahora EEU.UU mantiene limitaciones normativas que restringen o impiden la participación de empresas europeas en sus licitaciones públicas  y, por lo tanto, eliminar esos obstáculos podría aumentar el número de nuevos contratos y subcontratos públicos para las empresas más pequeñas.

Las cifras de la CEOE apuntan a que España podría adicionar un 0,74% anual a su PIB o que se beneficiará a profesionales liberales (ingenieros, arquitectos, abogados) que trabajan en pequeñas empresas que a menudo forman parte de la cadena de valor de las grandes compañías.

Sin embargo, las cosas se ven de forma distinta desde el sector ganadero que advierte que Europa debe exigir más a EEUU en materia de seguridad alimentaria, protección medioambiental y sanidad animal. Si no lo hace, el sector ganadero europeo acabará perdiendo 400.000 empleos por el cierre de las instalaciones ganaderas que no puedan competir con el ahorro de costes (15%) que supone “la laxitud” de la normativa americana en materia de transgénicos, tratamientos de ganado con antibióticos y hormonas, y bienestar animal.

¿Implica la privatización de los servicios públicos?

Mª Carmen González explica en su artículo que las críticas “más severas”  vienen de los movimientos sociales y los grupos de investigación, que auguran “efectos perjudiciales para los logros conseguidos por el Estado Social del Bienestar en materia de atención sanitaria y farmacológica y de seguridad alimentaria”.

El TTIP aumentará el  poder de las grandes empresas y puede suponer la privatización de los servicios públicos –principalmente los sanitarios-, sostienen. También se reducirán los niveles de protección social, sanitaria y medioambiental. Se liberalizará la explotación de hidrocarburos y supondrá abrir nuestro mercado a los alimentos transgénicos.

La catedrática recoge que  tanto los movimientos sociales como una buena parte de la doctrina jurídica son especialmente críticos con el Tribunal de resolución extrajudicial de conflictos entre inversores y Estados. Y es que “se teme que (…) los Estados retrocedan ante los intereses de las grandes empresas por la presión arbitral y pierdan soberanía legislativa

“Se teme  una pérdida de la soberanía nacional y una rebaja de los derechos fundamentales de nueva generación a manos del poder de los lobbies industriales y de los intereses de las grandes empresas”.  Además, según el estudio del Banco Interamericano para el Desarrollo es clara la incompatibilidad del Tratado para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  y “propiciaría un nuevo orden en la economía global que aislaría a los más pobres”.

La Comisión Europea lo niega y asegura que el TTIP garantizará la protección de los altos estándares europeos de protección  al consumidor y el medio ambiente, incluidas nuestras normas sobre seguridad alimentaria.  También desmiente la  privatización de los servicios públicos

Temor ante la imposibilidad de acceso a los medicamentos

Pero “más allá de los mensajes de tranquilidad relativos al mantenimiento de los servicios públicos de salud” explica la catedrática, el impacto que el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) podría tener sobre la sanidad europea y la española en particular ha sido objeto de varios artículos científicos y conferencias especializadas.

“No han faltado voces que han mostrado su sospecha de que, tras el objetivo general del libre comercio se escondan medidas que finalmente perjudiquen el acceso a los medicamentos por parte de los consumidores, alargando la vigencia de las patentes por encima del período actualmente autorizado en la UE y trasvasando a la UE el encarecimiento de los fármacos”. A eso se sumaría que la industria de los medicamentos genéricos (más baratos) quedaría relegada . Las dudas siguen siendo muchas.

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