El bajo índice de privatización sanitaria en la región, una herencia que se puede perder
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Un informe difundido por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Castilla -La Mancha entre las comunidades del país con más bajo grado de privatización en el 2012. El estudio analiza fundamentalmente la situación existente antes de las elecciones autonómicas y advierte que la situación ha ido a peor tras las medidas de recorte presupuestario establecidas en el 2012 y las políticas desarrolladas por los gobiernos autonómicos actuales.
Los fenómenos de privatización han tenido una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias, pero destacan que el fenómeno privatizador se intensificó y diversificó a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001, con el primer gobierno del PP a nivel del estado, y se ha acentuado en los últimos años.
El estudio intenta, con los datos disponibles, medir el grado de privatización de los servicios sanitarios de las distintas CCAA para establecer la diferencia que puede existir en este aspecto.
De los resultados del estudio se desprende que son Madrid, Cataluña, Galicia, Baleares y Canarias las comunidades autónomas con un mayor grado de privatización y en el lado opuesto Andalucía, Asturias, La Rioja, Castilla la Mancha y Extremadura, el resto ocupan una posición intermedia.
Se insiste en que los datos están cambiando ya que los gobiernos actuales han incrementado las políticas privatizadoras y el periodo de estudio ofrecido se corresponde con el momento previo al cambio de poderes en los diferentes ámbitos.
Se evaluaron aspectos de aseguramiento, financiación privada, recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de fórmulas de colaboración público-privadas establecidas en cada comunidad autónoma. Los datos utilizados se obtuvieron de diversas fuentes disponibles (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, IDIS).
Destacan las limitaciones del estudio ya que chocaron con la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, esto dificultó enormemente la obtención de datos homogéneos para todas las CCAA lo que califican duramente como “un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos”.
Según señala la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública la privatización sanitaria es un hecho que viene de antiguo. Al poco de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986) ya comenzaron a producirse fenómenos que favorecían la privatización sanitaria y cuestionaban el modelo de Sanidad Pública.
