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El Congreso no investigará las actividades privadas de Agustín Conde

Los letrados dicen que la Cámara no tiene competencia para investigar las incompatibilidades del portavoz 'popular', pero afean a Conde no haber comunicado que era administrador de una sociedad.

Izquierda Plural ha acusado a Conde de ocultar su papel como administrador en la empresa Eco Witt, y el PSOE ha recordado que el 'popular' ya ha sido sancionado por no declarar su actividad como abogado mientras era alcalde de Toledo.

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El PP no ve ilegalidad en las actividades extra de Agustín Conde, pero le aconseja actualizar su declaración

La Comisión del Estatuto del Diputado no ha atendido la petición formulada por el PSOE para que investigue si el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Agustín Conde vulneró el régimen de incompatibilidades de la Cámara con sus negocios privados y ha decidido dar 15 días de plazo al portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, para que haga alegaciones antes de decidir sobre la petición, esta vez de PSOE e IU-ICV, para que también sea investigado.

Esta decisión se ha adoptado con el aval del PP y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV, según han explicado tras la reunión de este órgano los portavoces de la oposición, quienes, además, han sido los encargados de dar a conocer la decisión que se había adoptado, después de que el presidente de la comisión, el 'popular' Aurelio Romero, rechazara informar a los medios de comunicación, alegando que los trabajos de este órgano son "secretos".

A raíz de que se conociera que Martínez Pujalte, portavoz económico del PP, prestó hace años asesoramiento a una constructora investigada en Castilla y León en relación con la trama de adjudicación de parques eólicos, primero Izquierda Plural y después el PSOE pidieron abrir una investigación en la Cámara al considerar que su labor de asesor superaba lo permitido por la Cámara y podría ser considerado "tráfico de influencias".

Días después los socialistas presentaron otro escrito para investigar también al portavoz adjunto del Grupo Popular, el toledano Agustín Conde, argumentando que el hecho de que su bufete asesorase al Banco Santander excede del permiso concedido para compatibilizar el escaño con el ejercicio de la Abogacía.

DE ADMINISTRADOR ÚNICO A MERO ACCIONISTA

En medio de la polémica, el pasado 29 de abril, Conde también remitió un escrito a la Comisión del Estatuto del Diputado para actualizar datos de su declaración de bienes y actividades, entre ellos sus acciones en la sociedad mercantil Eco-Witt, de la que, según informó, había dejado de ser sido administrador una semana antes.

El Boletín de la Cortes publicó la semana pasada la actualización relativa a su patrimonio. En concreto, Conde hizo constar su participación del 20% en el capital social de la empresa Eco-Witt S.L, cuyo valor cifra ahora en 600 euros.

Además, el dirigente 'popular' ya advirtió de que no está obligado a revelar los clientes de su despacho de abogado, salvo que la Cámara se lo exija a todos los parlamentarios que, como él, tiene autorización para compaginar el escaño con el ejercicio de la Abogacía.

Dado que Conde ya dio su versión y ha puesto al día su declaración de actividades el suyo ha sido el único caso que se ha tratado este martes en la Comisión del Estatuto del Diputado, que ha decidido dar 15 días de plazo a Martínez Pujalte para que siga el ejemplo de su compañero y envíe las alegaciones que considere oportunas.

INFORME JURÍDICO

Según han relatado los portavoces de la oposición, al inicio del encuentro se ha dado traslado a los presentes de un informe jurídico realizado por los servicios de la Cámara en el que se constata que Conde tendría que haber pedido la compatibilidad para ejercer como administrador de Eco-Witt SL, que, de haberlo hecho, se le habría concedido y que, en cualquier caso, ya ha cesado en esa actividad.

En ese informe jurídico también se deja claro que la Comisión del Estatuto del Diputado carece de competencias para investigar estos asuntos y que su única función es conceder o no permiso a los parlamentarios para sus actividades privadas, pero sin poder entrar a verificar lo que declaran o qué uso hacen de la compatibilidad que se les concede.

Así las cosas, lo que ha aprobado la Comisión este martes es un dictamen, que se elevará en su momento al Pleno, en el que se hace una pequeña síntesis del caso de Conde y se formaliza la actualización de su declaración de actividades. Además, el dictamen incluye actualizaciones de declaraciones de otros diputados y autorizaciones a otros como los que han llegado recientemente a la Cámara Baja.

OPOSICIÓN: MEDIDA INSUFICIENTE

El PSOE, IU-ICV y el PNV consideran insuficiente la mención a Conde que se ha incluido en el dictamen y han votado en contra de ese punto, aunque han avalado el resto. Además, todos han coincidido en protestar por la negativa a investigar a Conde y en denunciar el poco margen de maniobra que tiene la Comisión del Estatuto del Diputado.

El socialista Gabriel Echávarri ha denunciado el "veto" a la investigación solicitada por su formación basándose en acuerdo de la Mesa del Congreso de 1990 y ha reiterado que se debe investigar a Conde por haber asesorado al Banco de Santander sin haber informado a la Cámara.

Echávarri ha recordado que la Agencia Tributaria ya sancionó a Conde cuando era alcalde de Toledo precisamente "por no declarar su actividad como abogado" teniendo ya el bastón de mando y, a modo de anécdota ha desvelado que el dirigente 'popular' ha informado a la comisión de su activación en la reserva militar entre el 18 y el 29 de mayo. "No sabemos si hoy vendrá vestido de militar", ha dicho.

Desde la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha defendido que la comisión tendría que haber investigado porque hubo una "voluntad deliberada" por parte de Conde de "ocultar" su condición de administrador de Eco Witt y ha acusado al PP de impedirlo.

En la misma línea, el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, ha insistido en que se cambie el Reglamento del Congreso para dar poderes a la Comisión del Estatuto del Diputado de manera que se pueda investigar el uso que hacen los diputados de las compatibilidades y sancionarles si lo creen necesario.

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