Podemos quiere que los diputados castellano-manchegos recuperen su salario

Recuperar el salario de los diputados que conforman el Parlamento de Castilla-La Mancha y eliminar las dietas que ahora estos cobran por asistir a sesiones plenarias y comisiones son alguna de las doce propuestas que el Grupo Parlamentario Podemos ha presentado de cara a la modificación del Reglamento de las Cortes. De igual modo, esta formación aboga por suspender de forma temporal a aquellos parlamentarios a los que se les abra juicio oral por el ejercicio de su función pública.

Ha sido el secretario regional de Podemos y diputado por Toledo, José García Molina, el que ha detallado en rueda de prensa alguna de estas iniciativas que, a su entender, es necesario llevar a cabo dado que el actual reglamento que rige el funcionamiento de las Cortes castellano-manchegas fue elaborado para un sistema bipartidista y presenta cuestiones que quedan “en vacío”. “Elemento clave”, a juicio de Molina, es volver a recuperar el debate de los salarios y el de la exclusividad laboral de los diputados. “El Gobierno anterior eliminó los salarios. Parece que sólo los ricos pueden hacer política y queremos equiparar derechos y deberes de los diputados con el resto de empleados públicos”, ha insistido.

De ahí que desde la formación morada propongan establecer un salario que oscile entre tres veces el Salario Mínimo Interprofesional y el salario máximo establecido para los funcionarios de máximo nivel. También quieren que sea el propio Reglamento de las Cortes el que establezca dicho salario y no la Mesa de las Cortes, y que se eliminen las “dietas” que los diputados regionales perciben ahora por asistir a plenos y comisiones. De igual modo proponen quitar parte del salario a los diputados que no justifiquen su ausencia en plenos y comisiones legislativas e incluso suspender de manera temporal dicho salario cuando la ausencia injustificada supere un número significativo de ocasiones.

Respecto a su intención de suspender a un diputado en su cargo cuando sea sometido a juicio oral, Podemos alega que “no se puede permitir” la representación política de diputados implicados en casos de corrupción. “En la actualidad, en una situación de este tipo sólo cabe la renuncia voluntaria del afectado, pero como algunos partidos no tienen ese compromiso, no se puede dejar al albur de los mismos esa decisión”, reza la propuesta.

La instauración en el Parlamento regional del voto telemático, establecer criterios de igualdad, paridad y proporcionalidad en las Mesas de las Comisiones, democratizar los nombramientos y las revocaciones, así como reducir el número de votos favorables para poder crear comisiones de investigación, son otras de las exigencias de Podemos de cara a la modificación del Reglamento.

Participación ciudadana, Ley de Presupuestos y normativa electoral

También apuestan por crear una Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana para que la ciudadanía pueda presentar enmiendas legislativas por medio de asociaciones registradas. Asimismo, quieren que los ciudadanos puedan formular preguntas al Consejo de Gobierno, como ocurre en los plenos de los ayuntamientos. “Es hora de que los ciudadanos participen de forma activa en las Cortes y ahora no existe ningún mecanismo de participación excepto la delegación directa a los partidos. Hay mecanismos para que el equipo jurídico de las Cortes lo pueda regular”, ha asegurado García Molina.

De igual modo, desde la formación morada quieren modificar algunas cuestiones relativas a la elaboración de la Ley de Presupuestos, a fin de que sea “más transparente y accesible”. Así, proponen que el Ejecutivo regional remita a los diputados en un formato electrónico abierto el proyecto de Ley, que este se publique en la web de las Cortes para que los agentes sociales y la ciudadanía accedan a la información, entre otras cuestiones.

Preguntado por la modificación de la Ley Electoral, García Molina ha explicado que “no está muy claro” qué vía, de las dos existentes, se va a llevar a cabo para abordar dicha reforma, pues existe la posibilidad de ampliar el número a 35 sin necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía o de modificar esta norma para que la cifra de parlamentarios sea superior a 35.