Hay “químicos” en las aguas subterráneas de Chiloeches un año después del incendio
- Así lo ha afirmado el alcalde de la localidad durante la concentración por el primer aniversario del incendio de la planta de residuos
Se cumple un año del incendio de la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches (Guadalajara) que provocó una nube tóxica y contaminación del subsuelo de la zona industrial de esta localidad. Con motivo de este aniversario, decenas de personas se han concentrado frente a la sede de la empresa KUK Medioambiental, propietaria del área incendiada y cuyos administradores están imputados, junto con otra veintena de investigados, dentro del proceso judicial que se sigue por este siniestro. En la concentración han estado presentes el alcalde de la localidad, Juan Andrés García, y el coordinador regional de Izquierda Unida (IU), Juan Ramón Crespo.
Con motivo del aniversario, desde el Ayuntamiento de la localidad guadalajareña aseguran tener constancia de que tras las lluvias de la pasada primavera se han dado analíticas en las muestras de aguas subterráneas obtenidas de pozos de la zona, que indican “presencia de químicos” procedentes del incendio que las hacen no aptas para el consumo.
“Nos preocupa además que dichas analíticas solo nos fueron comunicadas cuando fueron formalmente solicitadas por este Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Tajo”, destacan desde el Consistorio municipal.
Por estos motivos, apelan a la necesidad de que se tomen las medidas necesarias para eliminar totalmente los restos del incendio evitando que se sigan filtrando al subsuelo cuando vuelvan a llegar las lluvias. A este respecto, el alcalde de la localidad ha destacado el hecho de que la Confederación no haya respondido al Ayuntamiento con los datos actualizados -solamente disponen de información datada hasta el pasado de mes de marzo- de la presencia de metales pesados en el agua que podrían proceder del incendio. “A fecha de hoy todavía no ha contestado”, se ha lamentado.
En la concentración, el dirigente regional de IU ha afirmado por su parte que se trata de residuos tóxicos depositados en la parcela y que tal extremo lo ha confirmado el propio Gobierno de Castilla-La Mancha “cuando va a realizar una inversión para impermeabilizar la zona”. Algo que, ha agregado, no es suficiente, porque la urgencia es retirar los residuos.
“Hasta ahora la Junta no ha ejercido sus responsabilidades”, ha remarcado Juan Ramón Crespo, recordando que IU ya solicitó la apertura de una comisión de investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha tras conocer que entre la veintena de imputados se encuentran ex altos cargos de los gobiernos de José María Barreda, María Dolores de Cospedal y Emiliano García-Page.
Según ha concluido, este partido va a reiterar esa solicitud porque “empezamos a estar hartos de que salgan ardiendo instalaciones como sucedió en Chiloeches, como pasó con el cementerio de neumáticos en Seseña, y también de que se lleven el agua del Tajo o de que se especule con la minería de tierras raras”. “Necesitamos transparencia y eso se consigue investigando políticamente en las Cortes regionales”.
Investigación judicial
El nombre de KUK Medioambiental es uno de los que aparecen en la veintena de imputados por el incendio, a la luz del procedimiento iniciado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara. Está imputado el administrador único de esta empresa por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Por los mismos delitos se cita como investigados a los responsables del Grupo LAYNA, que arrendaron casi la totalidad de las instalaciones que KUK poseía en la localidad guadalajareña; y a otra persona que ejercía labores de comercial.
Asimismo, el juzgado imputa los tres mencionados delitos al antiguo administrador de KUK, siendo además quien formalizó el contrato de arrendamiento con Grupo LAYNA; al gerente de la empresa SALMEDINA Tratamiento de Residuos Inertes; y al administrador único de Gaber Ambiental y Reciorganics, como presunto encargado de “conseguir los residuos peligrosos” que llegaban a KUK Medioambiental. Junto a ellos están imputados altos cargos de los tres gobiernos regionales anteriores y el ex alcalde de esta localidad, César Urrea (PP).
