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Los trabajadores sociales piden más profesionales a la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas

Reunión de trabajadores sociales con Inmaculada Herranz / Colegio regional de Trabajo Social

elDiarioclm.es

Representantes del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha se han reunido con la consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, quien les ha explicado los tres ejes que contempla dicha medida: la garantía habitacional, los suministros básicos del hogar y la garantía de rentas, así como la necesidad de contar con un diagnóstico de situación de la realidad social castellano-manchega que permita una visión más certera de las situaciones de pobreza en la región.

El presidente del Colegio de Trabajo Social, Floren Alfaro, ha trasladado por su parte la necesidad de dotar con más profesionales en los servicios sociales de Atención Primaria en zonas PRAS y planes concertados de la región. En este sentido ha mostrado la preocupación por el colectivo, “puerta de entrada” al Sistema Público de Servicios Sociales, y que componen los profesionales que están atendiendo a las personas beneficiarias de las medidas que contempla el Plan.

Por este motivo, han informado a la consejera de las principales dificultades que se encuentran en la práctica profesional diaria, destacando la importancia de mejorar la coordinación entre las diferentes áreas de la Administración regional como bienestar social, empleo, vivienda y educación.

También consideran determinantes las sinergias de acción con las entidades del Tercer Sector, con el objetivo de “proporcionar una atención más integral centrada en las necesidades de la persona, optimizar los recursos, mejorar la calidad de la atención y evitar la burocratización”. Para ello, quieren que se recuperen programas y profesionales que, desde una perspectiva comunitaria y preventiva, eviten la exclusión de los colectivos más desfavorecidos.

Por último, los trabajadores sociales han puesto de manifiesto la importancia de la Ley de Servicios Sociales de Castilla La Mancha aprobada en 2010 como “garantía de derechos de la ciudadanía” y la necesidad de que se aborde su desarrollo normativo en cuestiones como el Mapa de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones.

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