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Resetear el sistema

Borrell, a Puigdemont: "No empuje el país hacia el precipicio"

Mientras hablamos de la posible independencia o secesión de Catalunya no queremos ver que el problema excede con creces ese ámbito territorial; lo que está sucediendo allí no es más que un síntoma de algo mucho mayor que si no somos capaces de identificarlo, analizarlo, asumirlo y buscar soluciones nos llevará hacia un escenario que, estoy seguro, la mayoría de quienes habitamos en la península ibérica no estamos dispuestos a enfrentar. No depende de nuestros gobernantes solucionar este problema, de hecho están demostrando no estar a la altura de las circunstancias, sino de todos como sociedad el responsabilizarnos de que el destino nos pertenece y que somos los ciudadanos quienes tendremos que decidir qué precio estamos dispuestos a pagar bien por resolver y superar el problema, bien por encapsularlo o bien por ignorarlo bajo un manto de represión.

Negar que existe una voluntad amplia, dentro de la sociedad catalana, que busca un horizonte mejor a través de la independencia es no querer ver la realidad, pero entender que eso se fundamenta exclusivamente en un problema nacionalista es no querer ver el trance ante el que nos encontramos. El problema real, que no el síntoma, no son los catalanes sino el agotamiento de un modelo de convivencia. Éste ha resistido, bien o mal,  por espacio de 40 años y fue pensado para una salida ordenada de una larga dictadura pero no tuvo ni tiene en consideración una serie de realidades que, en 1978, no parecían urgentes ni importantes y que ahora centran el debate y, sobre todo, el malestar.

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Los sirios lo tienen claro: ni Asad ni ISIS

A estas alturas de polarización interesada del conflicto sirio, resulta cada vez más complicado recordar algunos puntos de partida que, sin embargo, son imprescindibles para avanzar hacia una solución justa. Ni la geopolítica internacional ni la fugacidad de la actualidad están para grandes principios, y menos para matices, pero insistir en ellos es un imperativo tanto ético como político.

Así lo siguen entendiendo, a pesar de las dificultades generales y ambientales, algunas instituciones públicas como el Ajuntament de Barcelona y el CIDOB, que los días 27 y 28 de septiembre acogieron un encuentro protagonizado por un grupo de activistas e intelectuales sirios cuyas voces son silenciadas a diario por la realpolitk de la guerra contra el ISIS. Lo que quedó claro tras escuchar a Yassin al Haj Saleh, Iyad al Abd Allah, Karam Nachar, Leila Shami, Laila Alodaat, Roshak Ahmad y Yassin Swehat, es que la solución no puede venir ni del causante del mal, la dictadura de Asad, que reprimió el levantamiento del pueblo sirio por la democracia en 2011, ni de su consecuencia buscada, la yihadización del conflicto; y que la mera presentación de este escenario bipolar colapsa de antemano la discusión sobre el único futuro posible: una Siria democrática, plural y libre. Las líneas mayores desde las que abordar la situación según estos activistas son las siguientes:

1. La memoria es un arma de resistencia. Para hacer la revolución hay que saber de dónde se viene. El pueblo sirio ha sufrido durante más de cuarenta años la dictadura de los Asad, padre e hijo, que ha organizado la represión de forma similar a como ha combatido la revolución: mediante la militarización del conflicto y la alienación del pueblo. El complejo político-militar del clan de los Asad, que no es otra cosa que un Estado policial tribalizado, ha sometido a la población durante más de cuatro décadas a un régimen de control social en el que no ha quedado espacio para la disidencia. Siria se ha convertido en Asad o nada, de modo que los sirios han sido tratados como extranjeros en su propio país, y cualquier atisbo de oposición se ha considerado un complot foráneo para destruir la nación. El instrumento para hacer efectiva la descomposición social ha sido, sistemáticamente, el sectarismo, un sectarismo polimorfo: de clase, de género, étnico, cultural, confesional, regional.

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Dos asuntos urgentes después del 1 de octubre

“El uno de octubre será un día que durará años”. El lema que circulaba por las redes antes y durante el domingo del referéndum expresa la importancia que tiene para el presente y el futuro de Cataluña, de España y también de la Unión Europea. Pero no podemos esperar años para analizar lo que pasó en esa jornada. Sobre el tablero hay cuestiones que demandan una respuesta política urgente. Destacaría dos: la aplicación del resultado del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y la vulneración de derechos que comenzó antes del domingo, que se desplegó ese día provocando 900 heridos todavía hoy amenaza Catalunya. Me gustaría decir algo sobre estas dos cuestiones como persona interesada por la observación electoral internacional y por otro en temas de justicia transicional y derechos humanos.

Si lo comparo con otros procesos electorales que he observado y estudiado, la organización y celebración del referéndum del uno de octubre no tienen parangón en la historia reciente. Conseguir desplegar una administración electoral, organizar una votación y lograr la participación en ella de más 2.200.000 personas con todo un Estado en contra es algo extraordinario. Miles de personas se autorganizaron al margen de instituciones y de las entidades independentistas para proteger el material electoral, los espacios de votación y garantizar la participación. Hubo distribución (clandestina) de material electoral, apertura de colegios, votación y recuento y todo ello en un clima de convivencia admirable roto solamente por las intervenciones policiales.

El referéndum se celebró. Pero se hizo en circunstancias de excepcionalidad que no pueden obviarse a la hora de analizar sus resultados y las consecuencias políticas y jurídicas que de ellos se derivan. Así lo vieron y lo sufrieron los ciudadanos catalanes. Según los organizadores votó el 40% del censo electoral y el resultado fue un “sí” mayoritario. Eso es un éxito dadas las circunstancias. No sabemos qué porcentaje del 60% restante no votó por miedo a la violencia y cuántos ciudadanos no votaron por no sentirse llamados a las urnas, pero sabemos que no participó esa mayoría de integrantes del censo.

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El acto de Gerard Piqué

Gerard Piqué.

El vértigo se ha apoderado de España. Los bandos se conforman sostenidos en dos banderas, dos trozos de tela que atrapan en una identificación férrea la subejtividad de amplias masas de población que habitan de uno y otro lado de la frontera que se comienza a erigir. España y Catalunya, Catalunya y España, hoy en apariencia, tan alejadas. 

¿Cómo es posible haber llegado hasta aquí y no haber encontrado vías políticas y democráticas que inventaran una solución? 

Es verdad que el referéndum convocado era ilegal pero también es cierto que el Gobierno de España ha reprimido de modo innecesario a las masas de votantes que se agolpaban a la puerta de los colegios electorales. Si la ilegalidad del referéndum es evidente, no así la legitimidad que tiene un amplio sector de los catalanes para pedirlo e incluso forzarlo de la buena manera. Al Gobierno lo asiste la legalidad, sin ninguna duda, pero pierde toda legitimidad al reprimir a gente desarmada y pacífica que ejercen su derecho a la desobediencia civil. ¿Por qué aporrear, tirar de los pelos, torcer brazos, hacer volar por los aires, golpear a ancianos, pisotear a los caídos, tirar pelotas de goma? Votar era ilegal, sí, pero era votar, no tomar por las armas la Moncloa.

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El 1-O, la oportunidad para la Transición que nunca fue

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Los padres de la Constitución: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero (de pie de izquierda a derecha). Sentados, Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba y Jordi Solé Tura.

Durante estos últimos días, el Gobierno del Estado repite, constantemente, que el referéndum catalán vulnera los derechos de los españoles y la democracia. Creo, más bien, que es todo lo contrario. Al margen de lo que ocurra el 1-O, lo único cierto es que este día constituye una oportunidad, sin precedentes en lo últimos cuarenta años, para garantizar más derechos y construir más democracia en todo el Estado. Y explico por qué.

La Constitución de 1978 incorpora una lista de derechos. Sin embargo, nuestras vidas cotidianas están llenas de situaciones en las que éstos son total o parcialmente ineficaces. A grandes rasgos, podemos diferenciar, en España, dos factores de desactivación de la eficacia de los derechos constitucionales: un factor extraconstitucional y uno intraconstitucional. Entender el elemento de desactivación intraconstitucional de los derechos permite ver, claramente, porqué el 1-O abre una oportunidad democratizadora.

Los factores extraconstitucionales de desactivación de derechos. No creo necesario detenerme es este primer elemento. Es, de sobras, conocido. Uno de los principales factores externos de desactivación de derechos constitucionales ha sido y es el modelo neoliberal de UE. Creo que no hay duda de que la imposición de los llamados mecanismos de gobernanza económica europea, esto es el sistema de instituciones y procedimientos de reducción del déficit público y estabilidad presupuestaria de los Estados establecidos para lograr los objetivos económicos de los tratados de la UE, implica un desmantelamiento y retroceso en la financiación y protección de muchos derechos y servicios públicos. 

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Causa general o investigación prospectiva

Lo que está haciendo el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, como poco, resulta sorprendente cuando no preocupante. Me explicaré y a salvo siempre de tratarse de una causa que se encuentra secreta.

Si la información es correcta, ese Juzgado inició una investigación en contra del exsenador y exjuez Santiago Vidal en función de una denuncia interpuesta por VOX y el abogado Miguel Durán. Los hechos, entonces, serían una revelación de secreto y el investigado no es aforado por lo que nada impediría que fuese ese el Juzgado competente.

Sin embargo, con el transcurso de los meses y el calentamiento del conflicto en Catalunya, estamos viendo que la ‘investigación’ discurre por otros derroteros mucho más amplios, por no decir prospectivos, que no tendrían amparo en Derecho.

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El caso Arrimadas: prohibido odiar

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Inés Arrimadas.

La diputada del Parlament, Inés Arrimadas, hace pocos días recibió en la red social Facebook un mensaje, enviado por una mujer, perfectamente identificada, donde le deseaba el peor daño imaginable: sufrir una violación por un grupo de hombres. Este mensaje, por la ocasión del mismo, vino a “responder” a la posición política que públicamente había mostrado la diputada, en relación al proceso independentista de Catalunya.

La reacción de la destinataria fue inmediata: desde la red social Twitter, puso en evidencia el reproche que le merecía tal mensaje, advirtió que la denunciaría y, además, lo hizo desde su condición de mujer. Como hecho nada desdeñable, se destaca que Inés Arrimadas contaba en ese momento con más de 160.000 seguidores, lo que provocó que se hiciera viral y que fuera objeto de atención por no pocos medios de comunicación y de reproche por miles de ciudadanos y numerosos políticos.

Mucho se ha hablado acerca del comportamiento de la emisora de tal exabrupto y con esto, además, se abre el debate sobre si cabría calificarlo como delito de odio. Evidentemente, esta valoración corresponde a los jueces, si es que Inés Arrimadas llegó a denunciar o la fiscalía actuó de oficio, pero ello no obsta para retomar la difícil cuestión de cómo encajar los mensajes irrespetuosos que nos llegan desde las redes sociales.

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La guerra de los Rose

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Una concentración de 2014 para revindicar la consulta del 9-N

Situaciones como la que se está viviendo en Catalunya son difíciles de imaginar y, sin embargo, están pasando y habrá que buscar una solución que no pasa ni, de un lado, por saltarse las normas ni, de otro, por criminalizar las legítimas aspiraciones de quienes visualizan Catalunya como una entidad política separada de España. Un planteamiento de estas características no gustará a muchos pero sería bueno analizar la situación desde una perspectiva menos apasionada y más racional si lo que de verdad se pretende es evitar un choque entre dos trenes igual de nacionalistas.

Aprobar normas encaminadas a hacer viable una secesión por vía exprés, y sin respetar las normas procedimentales, es, sin duda, un mal comienzo. Las normas de procedimiento son la única garantía existente para que cualquier asunto, el que sea, discurra por un cauce en el cual los derechos de todos se encuentren mínimamente garantizados y, también, para que todos tengan claras las reglas del juego. Lo sucedido este miércoles en el Parlament ni fue un buen comienzo ni augura un mejor futuro.

La respuesta, como era de esperar, estuvo a la altura o a la " bajura", si se me permite el término. La credibilidad del Tribunal Constitucional se encuentra en un mínimo histórico y, más preocupante aún, la certeza que tenía el Gobierno sobre el resultado de su impugnación no habla nada bien de la garantía de imparcialidad que ha de presumírsele a cualquier Tribunal... veremos qué termina diciendo Estrasburgo. Asumir con absoluta seguridad, como se ha asumido, que el Constitucional suspendería la Ley catalana de desconexión es tanto como atribuirle, al máximo intérprete de la Constitución, un carácter de mero ejecutor de las grandes líneas políticas del Gobierno.

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Sobre las garantías del referéndum catalán

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras (c), y el conseller de la Presidencia, Jordi Turull (i).

Desde la convocatoria unilateral del referéndum del 1-O, venimos escuchando a una parte de la izquierda estatal y catalana posicionarse en contra del mismo porque, según se afirma, se trata de un proceso que no tiene garantías suficientes.

En concreto, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual.

Este es un posicionamiento conservador y simplista de las garantías, nada propio de la concepción de las garantías que, tradicionalmente, ha tenido la izquierda crítica. Y explico por qué.

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¿Hacia dónde vamos contra los machistas?

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Últimamente se ha hablado mucho acerca del Derecho: si es legítimo desobedecerlo ante una normativa injusta, si los jueces no tienen cabida en este sistema porque aplican la ley con automatismo -sin cuestionarse que, a veces, ésta puede ser desproporcionada-, si el Derecho es machista porque está creado por el patriarcado -por lo tanto, hay que incumplirlo-, y si, en suma, los operadores jurídicos estamos desautorizados para defender la igualdad de oportunidades, dado el sistema patriarcal al que servimos.

Entiendo que quienes defendemos el Derecho no estamos sometidas al sistema ni lo asumimos acríticamente; me explico: el Derecho es una herramienta esencial para cambiar el sistema y sólo desde él y mediante él se lograrán grandes conquistas, como ya sucedió en el pasado. Pienso en mujeres como Concepción Arenal, Victoria Kent o Clara Campoamor -me dejo a muchas, lo sé, no me cabrían todas ni en 1.000 artículos que escribiera-.

Sin embargo, como jurista, indudablemente, elijo a la primera, no sólo por su lucha por el feminismo, sino también por ser la precursora de la humanización de las penas de prisión, visto claro está, desde una concepción pietista en el marco histórico y cultural que le tocó vivir.

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