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Participación y solidaridad como ejes estructurales del nuevo constitucionalismo

La nueva Constitución española tendrá que hacer las cuentas con las dos grandes transformaciones de nuestros días: la fragmentación del sujeto político y de la esfera pública, por una parte; y el surgimiento de un espacio internacional de decisión e interdependencia, por otra. Las consecuencias más determinantes de estas dos transformaciones son la crisis de las instancias tradicionales de mediación política, la pérdida de centralidad del Estado como espacio de integración y articulación de los intereses, y la autonomía del poder respecto a los electores, provocando todo ello una creciente desafección ciudadana hacia la política y los políticos.

Sin embargo, la aspiración de toda constitución democrática no puede ser otra que integrar a los ciudadanos en los procesos decisorios y responsabilizarles de su resultado. Es decir: crear una comunidad política. La sociedad española contemporánea es precisamente lo contrario de una comunidad política: sus características son la separación, la soledad, la fractura. Resulta casi imposible concebir la posibilidad de un proyecto común en estas condiciones. Sin embargo, la respuesta social a la gestión de la crisis supone, de un lado, una cierta rearticulación de la sociedad sobre la práctica de la solidaridad; y, de otro, una repolitización de los ciudadanos sobre la base de demandas concretas y no de grandes proyectos políticos.

La misión principal de la nueva constitución consiste en frenar los procesos de descomposición social y potenciar los procesos en curso que son funcionales a la creación de esa comunidad política. Será, en todo caso, una constitución de transición, destinada a generar la democratización necesaria para reconstruir un espacio público donde sea posible formular proyectos comunes.

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¿Por qué no se extradita a los torturadores franquistas?

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Días atrás hemos conocido la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de rechazar la petición de extradición emitida contra dos torturadores, Jesús Muñecas y Antonio González Pacheco, por parte del juzgado argentino que investiga crímenes de genocidio y/o lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista sobre la base del principio de justicia universal.

En sendos autos, fechados el 24 y el 30 de abril, las secciones segunda y tercera de la Sala de lo penal de la AN coinciden en su argumentación: no cabe la extradición porque los hechos por los que esta se reclama, esto es, las torturas infligidas por ambos sujetos a opositores de la dictadura, han prescrito. Según la AN, no cabe interpretar estas torturas como parte constitutiva de un delito de lesa humanidad. Su normativa aplicable exige que las violaciones de derechos humanos -en este caso, las torturas- "se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella" (art. 7 del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional y art. 607 bis del Código penal español). Algo que a juicio de los magistrados de la AN no concurre, dado que en ambos casos las torturas fueron simplemente "acciones aisladas y concretas de funcionarios policiales".

Así, al no ser aplicable la caracterización de crímenes contra la humanidad y circunscribir los hechos a la condición de delitos comunes, la AN tiene vía libre para acudir a la categoría de la prescripción (diez años, para el delito de torturas), la cual extingue la responsabilidad penal y, en consecuencia, permite la impunidad de los hechos y la falta de castigo para los verdugos.

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El 1º de mayo y la defensa de los derechos del trabajo

Por las venas de eso que hoy llamamos Derecho del trabajo transcurren más de un siglo de primeros de mayo, fecha que inicialmente se consagró a la lucha por la limitación de la jornada, uno de los contenidos más clásicos y relevantes de la legislación laboral. Una legislación en la que confluyen las siempre difíciles conquistas del movimiento obrero y también, lo que hoy parece olvidado, el intento de las clases poderosas de evitar lo que los clásicos de la reforma social en España denominaron "lo violento de las revoluciones".

Con esta ambivalencia congénita, el más contemporáneo de los instrumentos jurídicos y quizá la muestra de legislación social más avanzada y desarrollada se empeñó en apartar, aunque sólo fuera un poco, el mundo del trabajo del mercado y en abrir espacios de ciudadanía allí donde no había más que la nuda arrogancia del propietario, del jefe de empresa. La OIT pretendió sintetizarlo en el lema que aún hoy adorna una de sus declaraciones más decisivas y que forma parte de su constitución, la de Filadelfia de 1944: el trabajo no es una mercancía.

Pero quedar parcialmente al margen del mercado no es tarea fácil en un mundo donde el capitalismo ha logrado imponer sus reglas y no se siente ya amenazado. El acoso al Derecho del trabajo viene de antiguo y pretende legitimarse sobre todo en una premisa no demostrada e incluso negada por la tozuda realidad: la creación de empleo exige acabar con los derechos de los trabajadores. Este discurso, de granítica persistencia, ha sometido a la legislación laboral a un chantaje permanente, manifestado en un torrente incesante de reformas que primero se dijeron meramente provisionales y ahora, cuando ya no parece necesario guardar las apariencias, se llaman a sí mismas estructurales. La crisis y la política antisocial que la acompaña han incrementado hasta límites inasumibles el ritmo de los cambios. Un informe de la Fundación Primero de mayo contabiliza en 34 las reformas laborales llevadas a cabo desde febrero de 2012 hasta febrero de este año e incluso desde entonces el BOE no ha parado de escupir nuevas alteraciones.

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Elpidio Silva, un juicio inviable

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Importantes sectores mediáticos están dedicando buena parte de sus energías no solo a analizar el proceso contra el juez Elpidio Silva, sino también a criticarle duramente por su actitud durante el mismo. Con ello, seguramente se están perdiendo de vista dos temas fundamentales. Primero, que con independencia de que sea un juez el enjuiciado, éste tiene derecho a defenderse en la mejor forma que pueda. Segundo, que el juicio, nos parezca o no un espectáculo, nunca debió celebrarse en las condiciones actuales.

Toda persona, incluso los magistrados que son acusados de prevaricar, tiene derecho a defenderse, a evitar su condena y a evitar, incluso, su propio juicio. Desde esa perspectiva, es evidente que el juez Silva -como cualquier otro acusado- tiene derecho a intentar evitar el juicio. Sobre todo, si no se brindan las condiciones para que éste se celebre con las garantías reales del debido proceso.

La vía que en su momento intentó Silva para retrasar el juicio no fue otra que la nulidad de las actuaciones practicadas por aquel tribunal cuya recusación fue admitida. Como ya expliqué en otro artículo, era lógico y natural que la misma se decretase. De hecho, esto hubiera impedido la celebración del juicio antes de las elecciones europeas a las que Silva concurre como candidato.

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La separación de poderes y el bien común

No es objeto de este artículo relatar las innumerables teorías que sobre la separación de poderes se han creado y desarrollado a través de la historia del pensamiento (Aristóteles, Platón, Rousseau, Locke, Weber y muchos más). Lo que se pretende es resaltar cómo se encuentra este principio en la actualidad partiendo de una tipología de Estado fundamentada en la clásica distinción totalitario-democrático y su relación con el bien común.

Es sabido por todos que el legislativo, el ejecutivo y el judicial representan los tres grandes poderes en los que se asienta el Estado. Pero no nos equivoquemos: desde una perspectiva meramente divisoria, esta separación existe tanto en los Estados totalitarios como en los Estados democráticos.

Lo importante no es el nominalismo, sino el ámbito competencial de cada poder y las interrelaciones entre los mismos. Esta es la única manera de analizar si realmente se desenvuelven en un verdadero espacio democrático o si, por el contrario, es una mera catalogación con apariencia democrática.

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Una ruptura constituyente desde la periferia

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Cuenta Josep Pla que en junio de 1931 el comunista catalán Joaquín Maurín había pronunciado una conferencia en el Ateneo de Madrid. A juicio del periodista, el dirigente del POUM cosechó un triunfo indiscutible desde el punto de vista de los aplausos y vítores recibidos. Se manifestó a favor de aniquilar el ejército, la Iglesia, acabar con los terratenientes e incluso pulverizar la sacrosanta propiedad privada. Cada secuencia del discurso en la que el joven poumista añadía más soflamas de devastación, mayores eran las ovaciones y muestras de aprobación de los ateneístas republicanos. Pero llegó un momento en que el público enmudeció y dejó de aplaudir. ¿Qué había sucedido? Maurín se había proclamado abiertamente separatista y partidario de la destrucción de la unidad de España.

Algo parecido pasa hoy en muchos rincones de la península. Para no poca gente de izquierdas fuera de Cataluña, el creciente soberanismo que alberga esa comunidad provoca iguales reacciones de frialdad, desconcierto e incluso irritación que hace 80 años. De hecho, es posible que entre los propios lectores que han seguido pacientemente el debate promovido por este blog haya quienes, una vez llegados a este punto, comiencen a bostezar o a torcer el gesto de complicidad para dar paso a un abierto recelo. El desafío catalán, bajo su mirada, no sería más que una maniobra pérfida de la oligarquía para dividir las filas de la izquierda y recuperar posiciones perdidas tras el estallido de la crisis económica. A pesar de su reduccionismo, esa percepción funcionalista no está exenta de verdad. Las élites catalanas han tratado a menudo de manejar las reivindicaciones identitarias para esconder sus miserias o para esfumar responsabilidades en la gestión de episodios de crisis. No por casualidad, el “pujolismo” logró 30 años de victorias electorales gracias a su capacidad para encarnarse en la “voluntad del pueblo” e identificar sus intereses con los de la comunidad en su conjunto.

Con todo, nada de lo que acontece hoy en Cataluña es de su agrado o está bajo su dominio. Más bien sucede lo contrario. El mapa político catalán, hegemónico desde la transición, se tambalea de forma aparentemente irremediable. No solo por el ascenso electoral de fuerzas políticas, como ERC e IC-EUiA, que rechazan los consensos del régimen. También porque la actual ola de movilización popular que está marcando el ritmo de la agenda soberanista es de signo claramente rupturista. Gravita en unas coordenadas destituyentes muy lejanas a la órbita ideológica de CIU, un “partido de orden” que ha sido una pieza clave para sostener el régimen monárquico y bipartidista. La apertura de nuevas arenas políticas alternativas como las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) o el Procés Constituyente e incluso la Asamblea Nacional Catalana son un buen ejemplo del realineamiento del soberanismo a posiciones de izquierdas. Entre la gente de clases bajas y de izquierdas es donde, de hecho, más crecen los partidarios de la consulta y del estado propio. Eso es lo que revelan las encuestas, tal como nos lo cuentan Roger Pala y Sergi Picazo en este mismo periódico.

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Elpidio Silva: más que un juicio, la guillotina

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En el tiempo récord de nueve meses, desde que el fiscal Moix interpusiese querella en contra del juez Elpidio Silva, se ha dado comienzo a un juicio oral que tiene como pretensión su condena por presunto delito continuado de prevaricación, otro delito continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual. Las penas que se solicitan van desde la multa de 24 meses a cuota diaria de 15 euros hasta la inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta 20 años, así como una indemnización de 50.000 euros para Gerardo Díaz Ferrán.

Para cualquier conocedor de la realidad judicial, la sustanciación de este procedimiento en contra del juez Silva en un espacio de nueve meses no deja de ser sorprendente. Refleja un desorbitado deseo de pasarle la factura por haber dirigido procedimiento y enviado a la cárcel a Miguel Blesa. La celeridad no es una de las características del procedimiento penal español, pero sí lo ha sido en el que se ha seguido en contra de Elpidio Silva.

Iniciado el juicio oral, muchas son las críticas que se han alzado en contra suya y de su defensa por los planteamientos e incidencias procesales suscitadas; algunos, incluso, han llegado a calificarla de " rupturista" y propia de " acusados de terrorismo o de delincuentes recalcitrantes". Estas críticas solo reflejan una cosa : no se comprende la intensidad y amplitud del derecho de defensa y, mucho menos, que un juez tenga derecho a defenderse.

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Infiltrados, razón de Estado y democracia

No existe partido político, sindicato ni movimiento social relevante, estudiantil, étnico, cultural, de género o ecologista que no sea objeto de infiltración por parte de los servicios de inteligencia y agencias de seguridad nacional. La razón de Estado ha sido el argumento para llevar a cabo esta función de gobernabilidad centrada en prever, controlar o cambiar el rumbo de acontecimientos políticos, económicos y sociales acorde a sus necesidades. Los ejemplos se multiplican en la historia y sorprenden por su trama y objetivos. Desde magnicidios, golpes de Estado, campañas electorales, atentados o secuestros, hasta financiar movimientos religiosos, grupos disidentes, partidos y operativos para  descalificar o aupar dirigentes. Sin olvidar su participación en huelgas, actos públicos y manifestaciones. Nada parece interferir en su agenda cuando se trata de encauzar la realidad política en una dirección considerada prioritaria por la agenda del establishment.

No hace mucho, en Madrid, un periodista filmaba la siguiente escena. Al concluir la marcha de protesta del 25-S, un manifestante encapuchado sería objeto de agresión por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales (GEO). Para evitar la paliza,  gritaba: "¡¡¡ a mí no que soy compañero, coño!!!". Aun así, hasta que no fue identificado, siguió siendo objeto de puñetazos y patadas. Otro policía sentenció: "calmaos, coño". Poco más que agregar.

¿Qué hacía un policía infiltrado arengando a los manifestantes al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los GEO? La respuesta no está muy lejos. Provocar, generar confusión y justificar la represión policial bajo el argumento de "actuar en legítima defensa". Su objetivo, deslegitimar las protestas sociales democráticas y justificar el cambio en la ley de seguridad ciudadana, que regula el derecho de manifestación, criminalizando y responsabilizando de los subsiguientes posibles atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado y la propiedad privada acaecidos durante la convocatoria a sus organizadores. En esta línea ha insistido el Partido Popular desde su llegada al gobierno. Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, declaraba que la "actual ley es muy permisiva y amplia... y habría que modificarla". Tanto el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como sus asesores se hacen eco de ello y redactan la nueva ley que, entre sus 55 artículos, prohíbe manifestarse ante el Congreso, el Senado y las sedes parlamentarias,  aumenta la cuantía de las multas y, desde luego, justifica la violencia policial. La última ocasión, con motivo de las marchas de la dignidad del 22 de marzo.

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La contrarreforma del poder judicial: el Tribunal Supremo nos gana la partida

Hace unos días el ministro Ruiz-Gallardón presentaba su anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En ese momento solo mereció la atención de los medios la propuesta del ministro de aforar a la reina y a los príncipes, y de desaforar a los parlamentarios autonómicos. Poco o nada se dijo sobre el verdadero alcance de una reforma que somete todavía más el poder judicial al poder político y que refuerza al ya de por sí poderoso Tribunal Supremo. Se trata pues de un anteproyecto en la línea de las contrarreformas que se están llevando a cabo en el ámbito de las instituciones y de las libertades en nuestro país.

El largo anteproyecto toca todos los ámbitos de la justicia: los juzgados de instancia, las competencias de los tribunales superiores de justicia, el procedimiento… Resulta especialmente preocupante el poder que el texto de Ruiz-Gallardón reserva al Tribunal Supremo, órgano que comparte presidente con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que siempre se ha destacado por su conservadurismo y por oponerse a avances en derechos y libertades. El Tribunal Supremo recupera el poder que había perdido cuando, hace unos treinta años, se creó el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, norma suprema del ordenamiento. En este contexto, debemos preguntarnos qué función política juega el Supremo en la estrategia neoautoritaria actual y qué función política jugó en el pasado.

Desde el siglo XIX y hasta 1981, con la excepción de la Segunda República, este órgano había sido la última instancia judicial en España. La falta de Código civil y de constitución real hizo que fuese un órgano no solo de aplicación, sino también de creación del derecho. Los jueces, además, provenían de familias conservadoras, especialmente de Castilla, Andalucía y Extremadura. Por otro lado, el sistema de selección y formación de los jueces garantizaba la reproducción de las viejas y conservadoras formas de entender el derecho. Al joven aspirante a juez se le pide solamente capacidad memorística. El resto lo transmiten los viejos jueces mediante un sistema de tutorías en las que poco a poco se va modelando la mente del joven juez.

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Sobre el voto en blanco en España: fundamento y efectos

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En una entrega anterior abordaba la cuestión de qué hacer con el voto en blanco por referencia a su regulación en Colombia y los resultados de sus recientes elecciones legislativas. En este artículo pretendo replantear el problema haciendo referencia al caso español, como se solicitaba en algunos de los comentarios hechos a aquella entrega. Para ello me referiré en primer lugar a la cuestión del mérito, es decir, si una opción puramente negativa como la del voto en blanco merece ser representada en democracia, para ver después qué efectos puede tener un aumento del voto en blanco en el sistema electoral español.

Si en otros momentos históricos el voto en blanco se ha podido identificar con el voto de la indiferencia hacia la política o de la equidistancia frente a las fuerzas políticas, hoy cada vez parece más aceptado que es el voto del disenso, de la protesta frente al sistema político existente. No es un voto "pasota", sino comprometido, pero sin proyecto o, al menos, sin un proyecto público que se someta a discusión. El voto en blanco renuncia a producir gobierno, a “conquistar el poder”. Su único objetivo expreso es deslegitimar lo existente. Esta pura negatividad que está detrás de la lógica del voto en blanco hace que, si bien su radicalidad resulte idealmente coherente con la democracia a secas, sea absolutamente incompatible con su forma actual de democracia representativa o de élites.

Si concebimos la democracia no como un estado, sino como un proceso de democratización paulatina tanto de las instituciones como de las propias estructuras económicas y sociales, entonces la deslegitimación social de lo existente es un paso necesario de todo avance democrático. En este orden de ideas, aunque el voto en blanco es incapaz de producir gobierno, sí podría influir en el estado de opinión favorable al cambio, pero con el peligro de que no le dota de ninguna dirección precisa. Ello puede resultar funcional a los intentos contemporáneos de configuración teórica y política del rechazo mediante movimientos sociales que expresamente renuncian a la “conquista del poder” como medio de transformación, para situarse fuera de los mecanismos del sistema entendiendo que es el espacio adecuado de transformación de las relaciones sociales.

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