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Sobre el voto en blanco en España: fundamento y efectos

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En una entrega anterior abordaba la cuestión de qué hacer con el voto en blanco por referencia a su regulación en Colombia y los resultados de sus recientes elecciones legislativas. En este artículo pretendo replantear el problema haciendo referencia al caso español, como se solicitaba en algunos de los comentarios hechos a aquella entrega. Para ello me referiré en primer lugar a la cuestión del mérito, es decir, si una opción puramente negativa como la del voto en blanco merece ser representada en democracia, para ver después qué efectos puede tener un aumento del voto en blanco en el sistema electoral español.

Si en otros momentos históricos el voto en blanco se ha podido identificar con el voto de la indiferencia hacia la política o de la equidistancia frente a las fuerzas políticas, hoy cada vez parece más aceptado que es el voto del disenso, de la protesta frente al sistema político existente. No es un voto "pasota", sino comprometido, pero sin proyecto o, al menos, sin un proyecto público que se someta a discusión. El voto en blanco renuncia a producir gobierno, a “conquistar el poder”. Su único objetivo expreso es deslegitimar lo existente. Esta pura negatividad que está detrás de la lógica del voto en blanco hace que, si bien su radicalidad resulte idealmente coherente con la democracia a secas, sea absolutamente incompatible con su forma actual de democracia representativa o de élites.

Si concebimos la democracia no como un estado, sino como un proceso de democratización paulatina tanto de las instituciones como de las propias estructuras económicas y sociales, entonces la deslegitimación social de lo existente es un paso necesario de todo avance democrático. En este orden de ideas, aunque el voto en blanco es incapaz de producir gobierno, sí podría influir en el estado de opinión favorable al cambio, pero con el peligro de que no le dota de ninguna dirección precisa. Ello puede resultar funcional a los intentos contemporáneos de configuración teórica y política del rechazo mediante movimientos sociales que expresamente renuncian a la “conquista del poder” como medio de transformación, para situarse fuera de los mecanismos del sistema entendiendo que es el espacio adecuado de transformación de las relaciones sociales.

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El espíritu republicano de 1931 recorre el Estado español

La llegada de la Segunda República supuso el mayor intento de transformación social y política de la historia de España. Un intento de modernizar un país económica y culturalmente atrasado, caracterizado a resultas de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII por la dictadura, el caciquismo, el oscurantismo, la falta de libertad y, en suma, el subdesarrollo.

Este es el panorama al que la República se enfrentó con coraje y decisión. Desde el primer momento las y los republicanos fueron conscientes de que no bastaría con un mero cambio de régimen político. Que el paso de la monarquía a la república no supondría la inmediata solución de los problemas del país. Por ello el programa republicano era mucho más ambicioso. Pasaba por asumir los valores de la democracia real, la igualdad y la justicia social, y creer que solo mediante su implantación sería posible conseguir una sociedad libre, participativa e igualitaria.

En todo caso, no olvidaron ser coherentes con la filosofía de su proyecto y situaron la jefatura del Estado bajo el principio democrático. Así, la Constitución de 1931 estableció que el presidente de la República fuera elegido conjuntamente por el parlamento y por un número de compromisarios igual al de diputados (art. 68). Este sistema se utilizó en la elección del segundo presidente, Manuel Azaña, dado que el primero, Niceto Alcalá-Zamora, lo fue a través del procedimiento extraordinario según el cual bastaba la mayoría absoluta de los diputados. Este procedimiento estaba previsto en la disposición transitoria de la Constitución y motivado por la necesidad de institucionalizar cuanto antes el nuevo régimen.

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Derechos sociales y procesos constituyentes

Como toda Constitución, la de 1978 puede verse como una foto fija de la correlación de fuerzas que existía en la Transición. Eso explica que aparezca como un texto contradictorio. Que refleje, por un lado, la huella de la oposición anti-franquista, de las movilizaciones y huelgas de la época, y por otro, la resistencia, a veces feroz, de los sectores vinculados al Antiguo Régimen. Las Cortes de 1977-1978 fueron constituyentes gracias a la presión desde abajo, pero el resultado fue un texto controlado y vigilado desde arriba.

La Constitución, por ejemplo, incorporó un largo catálogo de derechos sociales. Consagró derechos laborales amplios, reconoció el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación. Pero la mayoría fue a parar a un capítulo específico, separado del resto de derechos fundamentales, que debilitó su efectividad. Esa distinción –forzada básicamente por la UCD de Suárez- instaló entre jueces y abogados la idea de que la mayoría de los derechos sociales eran derechos de segunda, que no podían exigirse ante los tribunales.

Algo similar pasó con la filosofía económica que inspiraba la Constitución. El texto de 1978 no era la avanzada Constitución portuguesa de 1976. Pero estableció que el Estado tenía que ser un Estado social, que no se podían tolerar los ejercicios abusivos del derecho de propiedad, que los servicios esenciales podían reservarse al sector público y que todas las formas de riqueza debían estar subordinadas al interés general. Lo que la mano izquierda escribía con entusiasmo, sin embargo, la derecha lo matizaba. El artículo 38 dejó claro que el Estado podía ser todo lo social que quisiera pero que debía respetar "la libertad de empresa" en el marco de "una economía de mercado". Al igual que pasó con los derechos sociales, muchos de los mandatos económicos más democratizadores fueron relegados a un Título aparte. Esto permitió que los sectores conservadores no se sintieran intimidados. El diputado de Alianza Popular, Licinio de la Fuente, de hecho, se dio el lujo de presentar una enmienda para pedir que los trabajadores pudieran acceder "a la propiedad de los medios de producción".

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Por un Estado verdaderamente laico

Reformular las relaciones entre las iglesias y el Estado en un hipotético proceso constituyente nos remite, inevitablemente, a la Segunda República y su implacable proyecto secularizador. Se intentó entonces, entre 1931 y 1933, separar por completo las órbitas del Estado y de la Iglesia católica, afirmar la soberanía e independencia del poder civil democrático y construir una ciudadanía política liberada de toda injerencia religiosa. La profesión de una fe había de ser práctica privada, amparada por la libertad de conciencia y de cultos. En respuesta compensatoria a su grado de penetración en las instancias públicas, la Iglesia católica debía ser reducida a la condición de asociación privada, colocada en pie de igualdad respecto de otras asociaciones y desprovista de las libertades de enseñanza, comercio e industria.

Se trataba con ello de obturar las fuentes de su poderoso influjo como paso indispensable para democratizar la sociedad española, emancipándola de la tutela moral ejercida por una jerarquía eclesiástica mayoritariamente integrista y politizada. Francisco Ayala, joven espectador de la política republicana, identificaba en 1933 la aspiración del nuevo régimen. Antes de la República -escribía en El Sol- «España tenía una religión oficial, cuyo culto sufragaba y a cuyo servicio ponía los centros oficiales de enseñanza. Las doctrinas y la concepción del mundo de esa religión eran aceptadas por el Estado como propias». Lo que la República intentó con su política laicista no fue entonces entablar «persecución ninguna». Ahí estaban las libertades religiosas consagradas en su Constitución para aclararlo. Procuró más bien «liberar al Estado de la tutela y servicio de la Iglesia, relegando la religión al terreno ‘privado’».

Pero fracasó en su intento. Abundan quienes explican este fracaso porque la política republicana contradecía la supuesta fisonomía católica de España. Ahora bien, si la mayoría de los españoles era católica, ¿cómo llegó a formarse una mayoría parlamentaria capaz de suscitar y aprobar tales medidas laicistas? Otros, confundiendo víctimas y verdugos, justificando al agresor por las presuntas provocaciones del agredido, afirman que fue precisamente el atrevimiento secularizador de la República el que nos condenó a la guerra civil. Muy pocos, sin embargo, son los que, huyendo de censuras retrospectivas, tratan de situar ese propósito en su contexto e identificar ahí su coherencia interna.

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Separación de poderes: la deseable independencia judicial

En un proceso constituyente -debate que desde este espacio estamos promoviendo- hay que tener muy en cuenta las preocupaciones surgidas a raíz de los últimos acontecimientos de índole “político-judicial”.

Sin duda, una de las mayores preocupaciones de la sociedad es, hoy por hoy, la corrupción y su impunidad; otra, el cumplimiento de la igualdad de todos ante la ley. A partir de aquí no es baladí plantearse si realmente, en el marco constitucional en el que nos hallamos, es posible la garantía real de la separación de poderes.

En este punto, conviene destacar la clara divergencia entre la forma como la Constitución de 1978 concibe al poder judicial y la apreciación ciudadana del mismo. Se concibe constitucionalmente el poder judicial como el que emana del pueblo y debe vigilar el efectivo cumplimiento de las leyes. En tal condición, debe ser independiente e inamovible. Sin embargo, hoy en día es visto como todo lo contrario: elitista, voluntarista, ajeno a la realidad social, e implacable con el débil pero laxo con el poderoso.

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Derechos fundamentales: más que enumerarlos, protegerlos

Dentro de la serie " Ni inmovilismo ni reforma: ¡proceso constituyente!" uno de los temas o áreas que hemos considerado necesario abordar desde Contrapoder es el referido a los derechos fundamentales, es decir, aquel conjunto de derechos inherentes a toda persona y positivados en el plano constitucional. Toda Constitución que se precie debe dedicar una parte esencial a establecer los mismos, de una u otra forma, y también a garantizar su protección efectiva. Especialmente cuando existe -como ahora- un clamor social sobre la ineficacia de los mecanismos de protección ante las violaciones de esos derechos considerados como fundamentales.

En el actual marco constitucional estos derechos vienen recogidos en la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título 1º, dentro del ámbito de los Derechos y Deberes Fundamentales. No es esta la sede para realizar un análisis detallado de lo existente en el texto de 1978, pero compartiendo lo que dice Gerardo Pisarello (en esta misma serie de artículos) la estructura, sistemática y enumeración de los derechos fundamentales es producto de su tiempo, saliente de una dictadura y donde se necesitaba positivar algunos derechos que hoy se asumen como consustanciales a todo ser humano.

Pensando ya en un auténtico proceso constituyente, que parte de una realidad muy distinta a la de la elaboración del actual texto constitucional, la sistemática a seguir debería ser otra. Así, en lugar de establecerse un catálogo cerrado de derechos que adquieran el carácter de fundamentales, debería existir una remisión expresa a los convenios y tratados internacionales que sobre dicha materia haya suscrito o pueda suscribir España en el futuro.

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Ruptura democrática: el regreso de un espectro

Hace algunos años hubiera sido imposible hablar de ello. Pero el espectro ha regresado. No porque su materialización sea sencilla o esté a la vuelta de la esquina. Simplemente porque aparece como una vía sensata de defensa ciudadana frente a una agresión sin precedentes. A los derechos, a las libertades básicas, a la dignidad de las mayorías. Vuelve a hablarse, sí, de procesos constituyentes. De ruptura democrática. Como en los inicios de la Segunda República. Como en el momento álgido de la oposición antifranquista. Como en América Latina y como en Islandia, hace unos años. Y vuelve a hablarse porque aunque la agresión es cada vez mayor, también la credibilidad de los agresores se agrieta.

Un proceso constituyente indica un camino. Que puede ser corto o largo. Pero que exige replantear las reglas de juego. Reconfigurar las relaciones de poder, los derechos de la población y los espacios en los que ésta debe poder decidir. Un proceso constituyente no es una simple reforma constitucional. No implica el cambio de dos, tres o más artículos a partir de los procedimientos previstos en la Constitución vigente. Supone una ruptura jurídica. Que exige, para ser democrática, una amplia participación popular; la convocatoria, en algún momento, de una Asamblea Constituyente; y la aprobación y ratificación de una nueva Constitución.

Es verdad que para cambiar las relaciones de poder, para sacudirse los privilegios, no siempre hace falta una nueva Constitución. A veces basta con que la Constitución existente sea cumplida. Así lo cree mucha gente, por ejemplo, en Portugal. Cuando se manifiestan contra la Troika, cuando denuncian la estafa que están padeciendo, no piden una nueva Constitución. Piden respeto por los mandatos sociales y democráticos de la Constitución de 1976. Pero Portugal es Portugal. Su Constitución, a pesar de todas las agresiones sufridas, es hija de la Revolución de los claveles. De la Grândola Vila Morena que todavía hoy resuena en las calles lusitanas en cada manifestación de rebeldía popular.

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Ni inmovilismo ni reforma: ¡proceso constituyente!

El análisis del creciente malestar ciudadano deja traslucir un agotamiento del modelo de Estado gestado durante la transición y culminado con la promulgación de la Constitución de 1978. La crisis económica de los últimos años ha puesto de manifiesto una profunda crisis institucional que el actual régimen político es incapaz de resolver. En esta dramática coyuntura, cada vez son más las voces que claman por establecer un nuevo acuerdo de convivencia, resultado de un auténtico proceso constituyente que vaya más allá de meros retoques o reformas constitucionales. Un proceso que configure un marco cultural, social, económico y político más igualitario, justo y radicalmente democrático.

En Contrapoder tomamos posición claramente del lado de la necesidad de gestar, desarrollar y llevar a cabo un proceso constituyente. Creemos que este proceso solo puede legitimarse a partir de un amplio acuerdo ciudadano. Para alcanzarlo hace falta generar la hegemonía social suficiente en torno al agotamiento del régimen constitucional actual y a la necesidad de un nuevo marco de discusión. Es decir, sobre los conceptos esenciales y propios de todo proceso constituyente (un lenguaje común), así como sobre las grandes áreas en que debe centrarse (un objetivo político común).

La legitimidad de este proceso constituyente no puede radicar en el poder político actualmente constituido, asentado sobre una democracia de baja intensidad tendente al bipartidismo y a la exclusión de la participación ciudadana directa en los asuntos públicos. Debemos aprender de los errores de la experiencia de 1978. Parte esencial de las actuales disfunciones constitucionales no han surgido recientemente, sino que se vienen arrastrando desde la transición y, en gran medida, tienen que ver con la forma como se gestó el actual texto constitucional. De ahí que en este futuro proceso resulte imprescindible garantizar la participación real del pueblo durante todo su recorrido, y no solo en el momento final de convalidarlo mediante referéndum. Su legitimidad, efectividad y permanencia dependerán del respaldo ciudadano.

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Constitución, democracia y derecho a decidir

La discusión actual en torno al llamado “derecho a decidir” de los catalanes ganaría en claridad si diferenciáramos dos situaciones jurídicas distintas: el derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre su futuro político y el derecho a la autodeterminación. En primer lugar, el derecho a ser consultado es individual (sus titulares son los ciudadanos), mientras que el derecho a la autodeterminación es colectivo (sus titulares son los pueblos). En segundo lugar, son derechos vinculados a dos diversas formas típicas de ejercicio: la realización de una consulta, en el primer caso; la declaración unilateral de independencia, en el segundo. Finalmente, su posible legalidad toma como referencia dos ordenamientos jurídicos diversos: el estatal y el internacional, respectivamente.

En estos momentos está sobre el tapete el derecho a decidir sólo en el primer sentido. Y así parece entenderlo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Esta sentencia supone un intento de encauzar una cuestión que se encuentra muy embrollada: además de bosquejar la anterior distinción, implica el reconocimiento de que el problema es de naturaleza política, por lo que su solución debe provenir de ese ámbito. Ahora bien, es previsible que tarde o temprano el alto tribunal tenga que pronunciarse de manera más clara y completa sobre el fondo del asunto: ¿Ampara la Constitución una consulta como la que se pretende llevar a cabo el 9 de noviembre? Hay buenas razones para justificar una respuesta afirmativa, que tienen que ver con el objeto, el sujeto y los procedimientos de la misma.

¿Cómo se abordan jurídicamente cuestiones de este tipo? Hay que empezar reconociendo que ninguna regla trata directamente el supuesto concreto. Cuando esto sucede, los juristas acuden a los principios jurídicos. Y en este punto se deben recordar dos cosas: la identidad material de la Constitución la conforman todos los principios reconocidos y ninguno de ellos es ilimitado. La actividad interpretativa, entonces, pasa por identificar los principios relevantes, para, a renglón seguido, establecer una razonable ponderación entre ellos.

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Reivindicando dignidad: pan, trabajo y techo para todos

En España los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, el 2% de los hogares se retrasa en el pago de sus facturas domésticas y el 12% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Asimismo, el Segundo Informe sobre la Pobreza Energética refleja que cuatro millones de españoles no pueden permitirse mantener en su vivienda una temperatura adecuada, siendo los jubilados el sector más afectado, pasando del 13% al 21% los que pasan frío en sus casas. Asimismo, el 21,1% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. UNICEF recalca que la pobreza infantil ya supera el 27%. Y el INE subraya que los ingresos anuales de los hogares disminuyeron un 1,31% con respecto a 2011, mientras que el ingreso medio por persona se sitúa por debajo de los 6.320 euros. Igualmente tres millones de familias viven (sobreviven, mejor dicho) con menos de 300 euros al mes. Como colofón, disfrutar de una semana de vacaciones al año se ha convertido en un lujo asiático. El 44,5% de las familias no pueden hacerlo; cifra 5,6 puntos más elevada que en 2011.

En resumen, estos datos reflejan un creciente aumento de las desigualdades y un grado de exclusión social donde la marginalidad se hace crónica. El último informe de la OCDE de 2014 evidenció que el 10% de los hogares españoles con menos ingresos perdieron un tercio de los mismos entre 2007 y 2010, con una caída anual del 14% aproximadamente. Mientras tanto, el 10% más rico sólo disminuyó un 1%. En conclusión, en 2013 los ingresos del decil más rico fue trece veces más alto que el más pobre. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se empeña en hablar de recuperación, descalificando los estudios de Caritas sobre marginalidad y subrayando que  UNICEF miente y altera las cifras de pobreza en España.

En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado el rumbo desde el inicio de la crisis. En 2013, el porcentaje de la población activa en paro se situó en el 26,7%. Y en este último año de gobierno del Partido Popular se han perdido 800.000 empleos. Además, 2,7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, situando la tasa de cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era del 64,05%, en diciembre de 2013 no supera el  61,44%. Asimismo, el paro juvenil afecta a un 57,7% del colectivo. A lo anterior, debemos agregar que el empleo ha visto crecer las modalidades de contratos basuras, tiempo parcial y formación, en detrimento de los contratos fijos, de calidad e indefinidos.

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