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¿Restringir la justicia universal? No, cinismo legislativo

En un alarde de fingida pulcritud normativa, la proposición de ley orgánica que modifica la justicia universal pretende pulir la competencia de los tribunales penales españoles sobre el argumento de que “la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice”.

Sin tratado no hay jurisdicción, sería el lema. Así las cosas, casi habrá que agradecer que se hayan dejado los más graves crímenes internacionales dentro del ámbito de competencia de los tribunales penales españoles, teniendo en cuenta que los aspectos jurisdiccionales respecto de los mismos se regulan principalmente a través de la costumbre internacional y no hay, por tanto, tratado alguno que copiar.

Legislar al pie de la letra es, efectivamente, la tónica general en relación con la persecución y enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos. Así ocurre con prácticas atroces como la tortura o las desapariciones forzadas: ni una concesión más allá de las obligaciones convencionales asumidas conforme a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

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Venezuela, del proceso democrático a la desestabilización

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En 1998, Venezuela –un país petrolero por excelencia, aliado natural de Estados Unidos, cuyos gobernantes respondían a un acuerdo bipartidista entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, liderados por figuras carismáticas desde 1958– sufría un terremoto político. Entraba en escena un militar cuya popularidad devenía del frustrado golpe militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992.

Se trataba del comandante Hugo Chávez Frías, detenido, juzgado, encarcelado y amnistiado el 26 de marzo de 1994. Desde su puesta en libertad, fue gestando una alternativa popular en los extramuros del sistema: el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Aunó voluntades y luchó –hasta conseguirlo– por cambiar la imagen de ser un "golpista-gorila".

Sus actos venían precedidos de un gran apoyo popular y, sobre todo, de un liderazgo carismático. El 2 de febrero de 1999 prestó por primera vez juramento como presidente ante el Congreso Pleno, y sus palabras fueron contundentes: "Juro ante Dios, ante la patria y ante mi pueblo, sobre esta moribunda Constitución , que haré cumplir e impulsaré las reformas democráticas necesarias para que la república nueva haga una Carta Magna adecuada a los tiempos".

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¿Verificar a los verificadores?

Con absoluta independencia de la categorización o calificación que se le quiera dar al conflicto vasco, lo que resulta innegable es la necesidad de solucionar un problema que se viene arrastrando no sólo por décadas sino, peor aún, por generaciones; solucionar este conflicto implica, guste o no, la búsqueda de caminos que permitan llevar a las partes a un punto concreto en el cual todos admitan la finalización del mismo y siendo innegable que nadie, absolutamente nadie, alcanzará la totalidad de sus objetivos y ello porque de conseguirse lo que no se lograría es la propia solución del problema.

Partiendo de esta premisa, y de otra no menor como es la propia existencia de ETA con todo lo que ello implica, al ser una organización que ha actuado por la vía armada, la búsqueda y consecución de una solución definitiva conlleva que todos los implicados deban acudir a medios, sistemas y métodos que garanticen que el final del conflicto o del problema sea de carácter definitivo y, para ello, nada mejor que seguir caminos ya contrastados en otros conflictos y que han dado resultados aceptados, también de forma definitiva, por las partes litigiosas.

El conflicto vasco no iba a ser la excepción y quienes están buscando ese fin definitivo no sólo de la violencia sino, especialmente, del propio conflicto, han acudido a mecanismos que internacionalmente se aceptan como válidos, seguros y aseguradores de una salida definitiva para ambas partes. Se trata de la utilización e implementación de mecanismos internacionalmente contrastados en conflictos similares o de parecidas características.

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Ceuta y la Frontera Sur

Hace poco más de un lustro, un grupo de activistas e investigadores publicó en la editorial Virus un libro demoledor, titulado Frontera Sur. El trabajo comenzaba recordando algo elemental. Que las fronteras no son instituciones naturales ni políticamente neutrales. Que son creaciones convencionales que varían en el tiempo. Y que no afectan a todos por igual. Para el rico de un país rico, la frontera no suele ser más que una formalidad superable con la simple exhibición de un pasaporte. Para el pobre de un país pobre, en cambio, la frontera aparece como un obstáculo en el que puede dejarse la vida. O como una experiencia, en todo caso, que lo acompañará como su sombra, que determinará su vida cotidiana y su relación con la ley, los tribunales, la administración y la policía.

Cuando la Unión Europea procedió a su ampliación, lo hizo bajo la promesa de la apertura de las fronteras interiores. Esa apertura nunca fue plena. Y tuvo lugar a cambio de una contrapartida: la bunquerización de las fronteras exteriores. La libre circulación de capitales y de mercancías exigía cerrar el paso a las multitudes empobrecidas del Sur y del Este. Eso, o dejarlas entrar con cuentagotas, adaptando los flujos migratorios a las necesidades de un mercado de trabajo precarizado y discriminatorio indispensable para mantener la “prosperidad” del Norte.

La Unión Europea y los Estados guardianes de la frontera sur -Italia, España, Grecia- han tenido un papel central en esta política. Para ello, han desplegado legislaciones de control cada vez más autoritarias y reñidas con las exigencias garantistas más elementales. Esas medidas no solo afectan a las fronteras exteriores. Crean, en realidad, múltiples fronteras. Espacios de restricción de derechos, dentro y fuera de los Estados, que a menudo operan de manera opaca, sin controles, e incluso como espacios de muerte.

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La PAH ya ha ganado

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Este sábado 22 de febrero se celebrará en Barcelona la asamblea estatal de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que se esperan unas 400 personas. Tras la asamblea, celebraremos el 5º aniversario de la PAH. A la cita están convocadas las más de 200 PAH hoy existentes y, aunque por motivos económicos no todas podrán acudir, de un modo u otro todas estarán presentes.

Más de 1.000 desahucios parados. Se dice rápido. Más de 1.000 personas realojadas por la Obra Social de La PAH. Miles de daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales conseguidos en estos años, conquistados con gran esfuerzo, batallando caso a caso, semana tras semana, gracias a miles de heroínas y héroes anónimos que se dejan la piel en este movimiento.

Da vértigo mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado: cosas que hace 5 años nos decían que eran imposibles. El respaldo de la opinión pública. Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social que recogió un millón y medio de firmas. El apoyo de los jueces, del Parlamento Europeo y hasta de Naciones Unidas. Nuestra denuncia ha llegado a la prensa internacional, desde el New York Times o la BBC hasta Al Jazeera, pasando por Japón, Rusia o Finlandia.

Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes. A pesar de todas las “pequeñas grandes victorias” de las PAH, aún no hemos logrado cambiar la ley en el sentido de los mínimos recogidos en la ILP. Pese a llevar ya acumuladas 500.000 mil ejecuciones hipotecarias, siguen aumentando los desahucios, con una banca rescatada y sobreprotegida por los poderes públicos.

El sistema es estructuralmente corrupto y la puerta giratoria entre los ministerios y los consejos de administración no ha dejado de funcionar, a costa de aumentar la desigualdad y los recortes en servicios básicos. El robo y el expolio se han instalado oficialmente en nuestras administraciones, bajo la forma contemporánea de la esclavitud llamada “deuda”.

Eppur si muove
. Aunque pueda sonar a provocación, o a ingenuidad, nos atrevemos a afirmar que la PAH ya ha ganado. Ha ganado porque ha logrado lo más difícil: romper la versión oficial que nos condenaba a la soledad, al miedo y a la fatalidad. Una sociedad deprimida y culpabilizada no se moviliza, y eso el poder lo sabe. Por eso nos repetían todo el día grandes mentiras como que “los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “tenemos lo que nos merecemos”, “hay políticos corruptos porque en este país ya se sabe que todo el que puede roba”, o el clásico “no hay alternativa”.

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Sufragios, cooperación e inteligencia

Pierre Bourdieu

Afirmaba Pierre Bourdieu que a la teología neoliberal, al fin y al cabo una forma de fundamentalismo utópico, hay que oponer lo que Ernst Bloch denominaba «utopía reflexiva». Ante todo, esta postura exige una toma de conciencia de las posibilidades reales de la sociedad que se pretende transformar. Requiere también rechazar el fatalismo que confía en que las contradicciones del mundo bastan por sí mismas para cambiarlo. E implica igualmente repudiar el «activismo por el activismo, puro voluntarismo basado en un exceso de optimismo». Ponerse al servicio de este «utopismo racional», huyendo de toda claudicación ante la hegemonía conservadora e investigando, con los aperos de las ciencias sociales, lo que las sociedades pueden ir dando de sí para su evolución en sentido anticapitalista, tales habrían de ser, según Bourdieu, los deberes del intelectual crítico.

Sus observaciones sirven asimismo para señalar los retos y los riesgos a los que se enfrenta la izquierda transformadora. Combatir el integrismo liberal, ya plenamente infiltrado en las instituciones políticas y paulatinamente presente en la cultura popular, requiere ponderar con exactitud cuáles pueden ser las estrategias para el cambio, sin incurrir en el derrotismo descreído pero sin caer tampoco en un voluntarismo irrealista.

¿Cuál es el modo de conjurar ambos peligros?

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Un paso más en la deriva de la Fiscalía: el 'caso Valdeluz Agustinos'

El fiscal jefe superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix Blázquez, acaba de realizar unas declaraciones acerca de la no obligación de denunciar por su parte aquellos casos que atentan contra la libertad sexual de menores y en los que los padres del menor deciden no iniciar acciones legales.

Estas declaraciones se enmarcan en el hecho de que el Instituto Madrileño de la Familia y del Menor, a través del Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual de Madrid (CIASI), estaba conociendo y tratando el caso de una menor de 17 años, quien manifestó allí haber sido víctima de presuntos abusos sexuales por parte de uno de sus profesores.

De 2007 a 2008, este órgano de protección del menor de la Comunidad de Madrid estuvo realizando el seguimiento del caso, hasta que concluyó que lo relatado por la menor era verosímil y recomendó a los padres de la niña que lo denunciaran. Los padres nunca lo hicieron.

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La complicidad del PP con la barbarie

El jurista milanés Cesare Beccaria recordaba, ya en el siglo XVIII, que la mejor forma de prevenir un delito residía en “la persuasión de no encontrar lugar sobre la tierra en el que haya de quedar sin castigo”. Con esa finalidad, el llamado principio de justicia universal se abrió paso a lo largo del siglo XX para poner coto a la impunidad de crímenes tan abominables como los de genocidio o lesa humanidad. En el fondo, la idea era simple: esos hechos son atentados graves que por su crueldad ofenden no solo a sus víctimas, sino a la humanidad entera. En su nombre, así, pueden ser perseguidos desde cualquier rincón del mundo, con independencia de quién sea la víctima, su autor, o de dónde se hayan cometido.

El origen más cercano de ese principio jurisdiccional se encuentra en la conformación de los tribunales de Núremberg y la toma de conciencia de que los actos de barbarie, como los vividos en Auschwitz, no podían repetirse. Bajo ese signo civilizatorio, se aprobaron también documentos cruciales como la Carta de la ONU, la Declaración Universal del 1948, que pretendían convertir los derechos humanos en auténticos muros de contención frente a los poderes arbitrarios de todo tipo. En ese momento, esa necesidad de imponer un “nunca más” como imperativo categórico global fue asumida por muchos de los Estados que ahora se muestran diplomáticamente enojados cuando se abren investigaciones que les involucran en crímenes de esa índole. En verdad, no tuvo que pasar mucho tiempo para constatar como esas normas se aplicaban asimétricamente a los derrotados y a quienes, a pesar de sus fechorías, resultaron victoriosos. Tras el horror nazi, la impunidad de otros crímenes horrendos como los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki, Dresden o las posteriores purgas estalinistas, mostraron el cinismo que sustentaba un sistema dual a medida de las grandes potencias. En Tokio, un juez disidente de la Corte sobre los crímenes de guerra de Japón llegó a exclamar, no sin razón, que “solo las guerras perdidas constituyen crímenes internacionales”.

Con todo, la promesa del “nunca más” quedó en pie y su eco se proyectó en el futuro. Del mismo modo que el mercado tendía a traspasar fronteras, empezaba a cuajar el anhelo de que la protección de los derechos humanos también pudiera hacerlo. El Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura o la Convención contra las desapariciones forzadas, fueron piezas claves para consolidar su capacidad expansiva y extraterritorial. Con ese mismo propósito, se pusieron en marcha tribunales supraestatales ad hoc, como el de la ex-Yugoslavia, y órganos permanentes como la Corte Penal Internacional. Estos intentos, no obstante, pronto se mostraron claramente deficitarios para la consecución de la justicia. Uno de los principales motivos era su fuerte atadura a las relaciones de poder existentes en el orden internacional. Basta con observar, por ejemplo, las circunstancias políticas que rodearon su creación o las llamativas reservas a la jurisdicción universal formuladas por países como EEUU o Rusia para entender que ésta no era más que una versión encubierta de la vieja “justicia de los vencedores”.

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Reino de España y proceso político catalán

“Mostrad un precipicio a un caballero polaco y veréis como se lanza a él inmediatamente”. El secretario general de los socialistas catalanes se ha creído la broma de que los catalanes son iguales a los polacos, aunque él parece serlo, en el sentido que le da Balzac en una de sus novelas. Cuando la Infanta fue llamada a declarar como imputada, tuvo la ocurrencia de declarar solemnemente: “Ahora más que nunca hay que reforzar la Corona”. El líder del PSOE, su patrón, que no es polaco pero también es suicida, ha dejado bien claro que la Monarquía no se toca y que es necesario salvarla para evitar que se hunda el tinglado que tienen montado con el PP. Solo falta que culminen su complicidad mediante un gobierno de coalición, un posible efecto de las elecciones generales de 2016 si las cosas continúan como ahora, pues será la manera de que ambos gobiernen aunque más de la mitad se haya abstenido y ellos sumados pueden obtener una mayoría merced al sistema electoral que les favorece. Así podrán continuar disfrutando de un poder político pero muy devaluado. Nos ofrecen un futuro que nos llevaría de la actual crisis profunda al precipicio. Como Louis XV, “después de mí el diluvio”. 

El Reino de España hace aguas. Han conducido el país a una situación insostenible. Un sistema económicamente fracasado, políticamente excluyente, socialmente injusto, moralmente miserable. La base del sistema es la Monarquía y ahora se tambalea. Durante años ha mantenido una imagen de dique protector frente a los sectores deseosos de volver al Estado autoritario. Pero la renta obtenida por su (dudosa) defensa del marco formal democrático cuando el 23F (la tentativa golpista de 1981) se les ha agotado. Las nuevas generaciones no asumen los miedos pasados, pero sí pasan factura de los maltratos presentes. Se indignan de los privilegios de la Corona, de las oligarquías políticas que no representan hoy a la gran mayoría de la población, de la corrupción y la impunidad de las elites del poder económico y político, del enriquecimiento y la ostentación de los financieros que empobrecen a la mayoría, de las reformas laborales y del paro, de los desahucios y de la deriva represiva del gobierno, del menosprecio a la ciudadanía a la que se le permite votar de vez en cuando pero con la condición que los cambios se pueden hacer siempre que nada cambie y si hay cambios significativos, como el aborto, vienen los poderes fácticos, como la Iglesia, para volver al peor de los pasados.

El PSOE ha perdido una nueva oportunidad histórica. En el pasado tuvo la posibilidad de construir una democracia sobre bases sólidas. Su victoria aplastante en 1982 sobre una derecha fragmentada y sin brújula después del 23F le hubiera permitido desarrollar una segunda transición, pues la primera fue formalmente superestructural y afectó muy poco a las bases económicas y culturales de la dictadura. Tuvo miedo, optó por “que España funcione” e hizo suya la consigna decimonónica de Guizot, propia del capitalismo salvaje, “enriqueceos, enriqueceos”. A pesar de todo hubo progresos democráticos, especialmente en relación a los derechos civiles, y sentó algunas bases del Estado del bienestar en educación, sanidad y protección social. Pero invisibilizó la memoria histórica, estimuló la economía especulativa y la desindustrialización, frenó el desarrollo democrático que permitía la Constitución y facilitó la regresión reaccionaria de la Iglesia y de otros aparatos del Estado como la Judicatura.

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La Europa de los mercaderes

Mientras la Troika se pasea por los países del Mediterráneo exigiendo acelerar  la reforma del mercado laboral para conseguir mayor productividad y competitividad,el malestar y las protestas crecen. En el maletín, los llamados "hombres de negro" llevan un compendio de medidas estándar como bajar los salarios, aumentar la edad de jubilación, potenciar los contratos basura, agilizar el despido libre, elevar el IVA y seguir por la senda de las privatizaciones. Un recetario completo implantado de forma indiscriminada en la zona Euro. En su conjunto, el paquete se conoce como "políticas de austeridad", cuyo fin sería disminuir el déficit fiscal, hacer frente a la recesión y estimular el crecimiento económico. Medidas consideradas el factótum para sortear la crisis que enfrenta el capitalismo transnacional, sea cual sea la situación y circunstancia. El Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo están convencidos de su eficacia y las defienden a ultranza, a pesar de su fracaso. Nada parece indicar que vayan a entrar en barbecho o sean cuestionadas.

La Troika ha subrayado el error de cálculo de su práctica en Grecia. Los objetivos no se han logrado, provocando un efecto bumerán, más pobreza, desigualdad y un recorte sustantivo de los derechos políticos, sociales y económicos. Ninguna de las medidas diseñadas por los "tecnócratas y expertos", privatizaciones, despido de funcionarios, recortes en sanidad y educación, bajada de sueldos y salarios, han revertido la situación o indican un repunte en el medio plazo. El Fondo Monetario advierte que la deuda pública en relación con el PIB -en la actualidad del 186%- sólo bajará al 130% en 2030. Y por si fuera poco, los ingresos obtenidos por la venta de las empresas públicas no han cubierto las expectativas, situándose en 46.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que los presupuestados.

Según la OCDE, entre 2009 y 2011 Grecia ha reducido su déficit público estructural desde el 12,8% hasta el 1,8%, es decir, seis puntos anuales. En un año, explica Sebastián Dullan, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, "Grecia ha reducido su déficit el doble de lo que Alemania hizo en cinco años". Lo dicho para Grecia se puede validar, con matices, en España y Portugal. En el primer caso en 2009 se bajó del 9,5 al 1,2 en 2012; y en el segundo, pasó del 9,5 en 2010 al 2,2 en 2012. Algo similar ocurre con los salarios reales. En Grecia han caído un 13% entre 2009 y 2011, mientras que en Portugal y España un 10% y un 7% respectivamente en tres años. El problema no ha sido la negligencia a la hora de aplicar las políticas de recortes y de austeridad, sino todo lo contrario: la celeridad en su puesta en práctica acelera y profundiza la crisis.

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