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Syriza, la democracia y el Poder

Es un hecho históricamente comprobado que el poder económico nunca ha respetado la democracia, si es que no favorece sus intereses. Una costumbre que mantiene inalterable.

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"El capitalismo no puede desfondarse, es el estado natural de la sociedad.

La democracia no es el estado natural de la sociedad. El mercado, sí"

                                             Alain Minc

Lo que está sucediendo con Syriza en Grecia es el último ejemplo. Antes de las elecciones y cuando se daba por seguro el triunfo de la coalición de izquierdas, las grandes empresas que forman los mercados, los economistas neoliberales y los principales medios de comunicación emprendieron una auténtica campaña del miedo con todo tipo de amenazas y chantajes. Anticipaban catástrofes apocalípticas si es que el pueblo griego tenía la insolente ocurrencia de votar a quien no correspondía.

Incluso desde el Foro Económico Mundial, en Davos, donde se congregan una vez al año los dueños del mundo, lanzaron una advertencia a modo de consejo, para prevenir futuras desviaciones populares: "Hay que educar al pueblo para que vote al líder correcto".

¿Qué es un líder correcto para esta congregación de multimillonarios satisfechos, que señalan el camino por donde debe transitar la humanidad si no quiere contratiempos molestos? Angela Merkel, seguramente, que pidió a los griegos cordura para no dejarse llevar por la indignación ante la miseria que están sufriendo, porque ya vendrán tiempos mejores. O Rajoy, tal vez, que opinó que es preferible la estabilidad del hambre, antes de aventuras que no sabemos a dónde nos podrían conducir.

A todo esto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmaba, desde el orden inmutable de los que mandan, que "no puede haber opción democrática contra los tratados europeos". Es decir, no habrá democracia que los haga cambiar, por si había alguna duda. Unos tratados, hay que recordar, que nunca fueron aceptados ni votados por los pueblos. Juncker abría el paraguas de una legalidad a su antojo, ante el cuestionamiento legítimo de una deuda en gran parte ilegítima imposible de pagar no solo para los griegos, sino para todos los países prisioneros de ese arma de dominación.

Sin embargo, trescientos economistas de todos los continentes en un comunicado de apoyo a las medidas antiausteridad de los gobernantes griegos señalan que "el gobierno griego tiene derecho a exigir una quita de su deuda a los socios europeos. Esta deuda es insostenible e imposible de reembolsar, suceda lo que suceda". Un derecho que el poder económico no tiene en cuenta en absoluto, ya que lo único que respeta es su beneficio, incluso y por supuesto sobre la justicia, la democracia y todo lo que se oponga a sus privilegios.

La cosa es que los pueblos también tienen leyes terrenales y divinas que los protegen. El art. 128 de la Constitución española habla sobre la riqueza del país y dice que está subordinada al interés general. O sea, el bien común está antes que el beneficio privado. Y algo muy similar, según el Papa Francisco, surge de la doctrina social de la Iglesia, muy crítica con el neoliberalismo.

De más está decir que cuando el pueblo griego eligió a Syriza en el libre ejercicio de la democracia, la respuesta de los mercados fue inmediata. Las grandes empresas dejaron la Bolsa en números rojos y los inversores, que actúan totalmente al margen de los votos y las urnas, se llevaron grandes cantidades de dinero a lugares donde a nadie se le ocurra alterar la tranquilidad del statu quo a su medida. Eso sí, precavidos como son, dejaron en los medios de comunicación a los inefables tertulianos y a los economistas a su servicio, para que justifiquen esa huida injustificable.

Esos economistas del bienestar de las élites nos explicaron desde la lógica de la prepotencia del dinero que, o se hace lo que quieren los grandes capitales o se van a otro país, o a otros paraísos mas comprensivos con sus esforzadas inversiones. En otras palabras, que los pueblos voten todo lo que quieran, pero si contradicen su realidad, se termina la democracia.

Es que para ellos, la democracia consiste, por ejemplo, en insertar un artículo en la Constitución española, el 47, que defiende el derecho a la vivienda, y al mismo tiempo desahuciar a miles de familias humildes hundidas por la estafa que ellos cometieron, sin un ápice de vergüenza. Y más aún: además de desahuciar a los más pobres, les mantienen sus deudas con los bancos y cierran el círculo con toda naturalidad.

Al parecer, ellos -el Poder- ven muy democrático negar cualquier referéndum donde los ciudadanos expresen su parecer en cuestiones vitales, como la modificación del art. 135 de la Constitución que condena a pagar la crisis a quienes la padecen, por si opinan lo contrario.

Ellos no ven contradicción alguna con la democracia que, durante esta crisis, los más ricos de España hayan aumentado obscenamente su fortuna, mientras los más pobres se han empobrecido aún más.

Si las 80 personas mas ricas del planeta acumulan una riqueza mayor que las 3.500 millones más pobres, ¿de qué democracia estamos hablando?

Que el número de españoles en riesgo de pobreza y exclusión alcance cifras tremendas -13 millones de personas- es una insignificancia para ellos si lo comparamos con la previsiones de crecimiento de la economía. Claro que ellos, cuando hablan de economía, no hablan de la gente, hablan de cifras y ganancias del 1% de los más "demócratas".

El Poder entiende que encaja perfectamente en la democracia que los bancos en España hayan aumentado sus beneficios el año pasado un 27% y ganaran en ese lapso algo más de 9.700 millones de euros, mientras la gran mayoría de la gente, que los rescató más de una vez, sufra una pauperización alarmante y acelerada. Y no le asombra que, además, esas entidades no tengan reparo alguno en advertir de los "riesgos" que suponen los diferentes procesos electorales en curso. No vaya a ocurrir que se concreten las brisas de cambio que se insinúan.

En la lógica democrática del poder del dinero, también encaja perfectamente indemnizar a la empresa Castor con más de 1.300 millones de euros por interrumpir su actividad en las costas de Castellón, que causó centenares de movimientos telúricos con claro peligro para sus habitantes, y dejar morir a los afectados por la hepatitis C porque no hay dinero para pagar el medicamento que los curaría.

Pero resulta que la mayoría de la gente no está de acuerdo con esa democracia del dinero. Prefiere participar directamente en las decisiones que afectan a sus propias vidas, y que los representantes no solo escuchen, sino que obedezcan democráticamente su mandato.

Al poder económico no le gusta esa rebeldía de los oprimidos que intenta cambiar un sistema tan injusto por otro, donde se repartan más equitativamente "las penas y las vaquitas", como decía Atahualpa Yupanqui, para que nunca más "las penas sean de nosotros y las vaquitas ajenas".

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