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Iguala y la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos

La ausencia de las garantías jurídicas más básicas en México debería conducir a Alemania a suspender las exportaciones de armas al país americano.

En países como Colombia, India o Filipinas, la defensa activa de los derechos humanos, ejercida desde la abogacía o las ONG, supone un grave riesgo para la propia vida.

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Encapuchados y policías chocan tras marcha por 43 desaparecidos en México

Estudiantes y policías se enfrentan en el intento por llegar al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para colapsar la terminal.

Cuantos más detalles conocemos acerca de la masacre de los 43 estudiantes de Iguala, en México, más terrible parece la historia. Ahora tenemos la certeza de que todos los jóvenes fueron asesinados por matones uniformados y no uniformados, o sea, por policías y por narcotraficantes. ¿Con esa Policía mexicana, que según Amnistía Internacional emplea la tortura por sistema en todo el país, quiere empezar a colaborar la República Federal de Alemania? ¿En serio? ¿Incluso aunque el Ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, criticara en primavera las «considerables carencias de México como Estado de Derecho» y señalara la falta de información y la ineficiencia a la hora de aplicar la ley cuando se vulneran los derechos humanos como «factor principal de la escalada de la violencia»? Esta acertada declaración debe conducir tanto al cese de las negociaciones sobre el convenio de colaboración policial como a la prohibición de realizar exportaciones de armas, incluidas las de pequeño calibre, a ese país.

También mis colegas filipinos describen en estos días la magnitud de vulneraciones de los derechos humanos cometidas en su país en los últimos años como crímenes contra la humanidad. En Colombia, sólo en los últimos cuatro años han sido asesinados cientos de defensores de los derechos humanos. También desde la India nos llegan noticias de las amenazas, los arrestos y las torturas que sufren en todas partes los defensores de los derechos humanos. Todos estos países se denominan a sí mismos democracias y son clasificados generalmente como «occidentales».

Sin embargo, en estos países aún hay espacios de actuación para los movimientos sociales y para los representantes de la sociedad civil, aunque las amenazas que reciben son cada vez más frecuentes y más temibles. Forman parte de ellos las organizaciones de derechos humanos, los abogados y los miembros de los sindicatos, aunque también los jueces y los fiscales no corruptos. El lunes estuvo en Berlín el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, e hicimos cola para mantener una conversación con él una compañera mexicana, una abogada india, y los colaboradores de mi organización que las acompañaban. Al hilo del tema, mi compañera del ECCHR Carolijn Terwindt entregó al Relator Especial su libro NGOs under pressure in partial Democracies. En él, ella y su coautor describen, apoyándose en casos reales, cuáles son las circunstancias en las que trabajan los activistas por los derechos humanos en Honduras, Indonesia y Filipinas.

Nuestro amigo Harry Roque de CenterLaw, que también estuvo en Berlín, entretanto ha regresado a Filipinas. Pero ha tenido que enfrentarse a un proceso poco común. Roque, que normalmente defiende a otros o presenta demandas en nombre de personas asesinadas o torturadas, se ha sentado esta vez en el banquillo de los acusados. Desde hace algunas semanas representa a la familia de una mujer transexual asesinada. En el asesinato parece estar implicado un marine estadounidense. Y ellos aún gozan de derechos especiales en Filipinas.

Así que el Ejército filipino, que por su parte ha recibido varias demandas de la organización de Roque, ha reaccionado, respaldado por sus compañeros de armas estadounidenses, y quiere incluso inhabilitar a este profesor de Derecho para el ejercicio de la abogacía. Roque se desplazó junto con la familia de la víctima a la base estadounidense, donde los familiares manifestaron su protesta. Sería más que escandaloso que los militares tuvieran éxito en su ofensiva contra Roque. Así, ya han causado graves daños a la cultura jurídica de Filipinas, porque las amenazas, las difamaciones y los procesos judiciales a los que tienen que enfrentarse los defensores de los derechos humanos muestran una cosa: si ni siquiera se libran aquellos cuya profesión consiste en defender los derechos de otros, ni se les protege, ¿cómo les irá a aquellos que se encuentran retenidos en una comisaría de policía de provincias o en un campamento militar?

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