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El guardián de la ley y la crisis del régimen de 1978

Los juristas del régimen están consiguiendo que la Constitución solo tenga sentido como norma sagrada y autorreferencial sin contacto con la realidad.

Ante la rebelión catalana y las ansias de cambio en toda España el régimen opone sencillamente su particular interpretación de la ley sin dejar alternativa.

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Franz Kafka, que además de escritor era jurista, escribió en 1915 un breve relato que ha generado muchas reflexiones y debates sobre su significado entre juristas, filósofos y filólogos. Se titula Ante la ley. En él, el autor judío narra la historia de un campesino que llega a la puerta de la ley, custodiada por un guardián a pesar de estar abierta. El campesino debe esperar. ”Si tan grande es tu deseo de entrar -le dice el guardián- intenta entrar contra mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y que sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que ni siquiera yo puedo mirarlo”.

El campesino se resigna y espera. Intenta entrar en varias ocasiones e incluso prueba, en vano, sobornar al guardián. Pasan días, meses y años y el campesino continúa esperando y el guardián vigilando la puerta. El campesino se hace anciano, se vuelve medio ciego y medio sordo. Al final, cuando se ve próximo a la muerte, le pregunta al guardián: “Si todos quieren llegar a la Ley, ¿cómo es posible que durante tantos años nadie más que yo haya intentado entrar?” El guardián responde: “Nadie podía intentarlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla”.

Este relato tan kafkiano ha sido leído e interpretado por juristas y pensadores desde que se publicó, siempre buscando su verdadero significado. Walter Benjamin llegó a decir que quizás Kafka, fallecido en 1923 a los 40 años de edad, se había llevado con él la clave de su lectura o que quizás esta ni siquiera existía.

En todo caso parece que en el relato está presente la idea de que la ley puede perder su sentido cuando solamente hace referencia a ella misma, cuando solo se justifica por su propia existencia y no por el juego de intereses entre mayoría y minoría, por la historia o por la necesidad de la comunidad. La ley del relato de Kafka es una ley casi sagrada, aunque no esté guardada por pontífices; y nadie puede entrar en ella, ni cuestionarla, ni pedir cuentas de su existencia o su aplicación. Al ciudadano campesino solo le cabe esperar, aunque esa espera carece de todo sentido. Su única alternativa es prácticamente suicida: enfrentarse a unos guardianes que son superiores en fuerza.

Me venía a la cabeza el relato de Kafka al leer el enésimo artículo escrito por juristas del régimen que justifican, sobre la base de la ley, la imposibilidad de cambios constitucionales que permitan no ya la secesión de Cataluña, sino incluso un referéndum de autodeterminación. Este tipo de artículos abundan en la prensa tradicional y repiten los argumentos jurídicos del Tribunal Constitucional. Unos y otros, juristas del régimen todos ellos, utilizan siempre el mismo argumento: “la Constitución no lo permite”. Y lo usan incluso sabiendo que el Tribunal Constitucional dijo que era lícito debatir políticamente sobre esa cuestión. Se trata de un argumento válido, aunque lo sea solo de acuerdo con una determinada interpretación del texto constitucional. Pero, incluso dando por válida esta interpretación, estamos delante de un argumento jurídico que no permite ninguna salida al conflicto real que existe en Cataluña, pero también en otros lugares en los que se reclama cambio. El sistema jurídico no lo permite. No hay lugar en nuestro derecho ni en nuestra “democracia de consenso”, como la llama Luisa Elena Delgado, para la discrepancia sobre una serie de principios fundamentales como la unidad de España.

Por volver al relato de Kafka: no está permitido entrar en la ley.

No importa el enorme desapego hacia las instituciones estatales, no importa el clamor de millones de personas, no importa ese 80% de catalanes que quieren votar en un referéndum. No importa lo fundamental que es el consenso y la democracia para legitimar el estado de derecho. Tampoco que el gobierno menosprecie cuando no insulte a catalanes o a madrileños cuando protestan contra el statu quo. Tampoco importa que sea el Gobierno español quien más preceptos constitucionales y sentencias del Tribunal Constitucional vulnere. Ni que la rebelión catalana sea una reacción a un nacionalismo español cada vez más parecido a los nacionalismos de Hungría o de Polonia y que tiene su reflejo jurídico en toda una batería de normas recentralizadoras y castradoras de la pluralidad de España.

La Constitución no lo permite. El guardián de la ley no deja entrar a los millones de ciudadanos campesinos que reclaman cambio.

Este guardián de la ley del régimen no es un parlamento, un tribunal constitucional o un consejo de Estado. Es un régimen que ha desplegado a sus guardianes en todas esas instituciones y en la prensa tradicional. Para garantizar la permanencia del sistema no deja entrar ni tampoco debatir sobre la función de la puerta, y espera que el campesino de Kafka -los catalanes- entre en la razón del régimen y olvide sus aspiraciones. El guardián apela a la Constitución, pero en realidad lo que opera en este momento es una interpretación estricta, cerrada y conservadora de la misma que durante años han ido desarrollando PP y PSOE.

Hay otras interpretaciones de la norma suprema que permitirían un referéndum. Pero eso significaría abrir la puerta de la ley, permitir que los ciudadanos participasen de la toma de decisiones, y eso desvirtuaría el objetivo del sistema de 1978.

El régimen está en crisis y, ante las demandas de mayor democracia y más derechos en Cataluña y en el resto de España, la respuesta del guardián es la misma: no se puede entrar. Se usa el argumento de una Constitución casi sagrada que no soluciona el problema porque el campesino sigue estando allí pidiendo entrar. Este conflicto entre guardianes de la Ley-Constitución y campesino-ciudadanía nos sitúa ante un bucle absurdo que esos mismos juristas que denuncian la ilegalidad de la aventura catalana no quieren ver ni mucho menos solucionar.

Esta sacralización de la ley y de la interpretación conviene a un nacionalismo español cada vez más agresivo, pero que en la Europa del siglo XXI no puede apelar a la raza, el ardor guerrero o las hazañas bélicas. En lugar de ello, hace uso de su particular interpretación de la ley y del Estado de derecho. De esta manera puede llevar a cabo su proyecto autoritario sin alarmar, como hacen sus aliados en Hungría o Polonia, a los socios de la Europa occidental.

Urge abrir las puertas de la ley. Urge la desacralización del derecho, incluida la Constitución y la indisoluble unidad de la nación española. Urge en definitiva re-democratizar las instituciones y el derecho. Para ello será necesario entrar en la ley y, si el guardián sigue impidiéndolo, al menos habrá que denunciar la aporía que supone defender que la puerta de la ley está abierta cuando los guardianes nos impiden traspasarla.

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